No se publicaron los anexos del informe económico

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por "defectos sustanciales" en su tramitación. La sentencia, contra la que cabe recurso, estima los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 y declara su nulidad de pleno derecho.

El tribunal analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que, a juicio de la Sala, resultan "imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo".

La sentencia recuerda que el informe técnico-económico constituye una pieza esencial en el establecimiento de tasas municipales, al ser el instrumento que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para la determinación de la cuota. De acuerdo con la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, este informe no puede limitarse a ofrecer datos numéricos o resultados finales, sino que debe contener una explicación razonada y completa de la metodología empleada, de modo que permita verificar la adecuación de la tasa a los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia.

La Sala examina el contenido del informe publicado y concluye que, aunque incluía determinados resultados y cifras, no permitía conocer el proceso mediante el cual se habían obtenido, especialmente en lo relativo a la atribución de los residuos a las distintas actividades económicas y a la configuración de las denominadas zonas homogéneas. Esta información, esencial para entender la estructura de la tarifa por generación, se encontraba exclusivamente en los anexos omitidos. El tribunal rechaza el argumento del Ayuntamiento de que dichos anexos tenían carácter meramente auxiliar o complementario, considerando que contenían el núcleo metodológico del sistema de cálculo de la tasa.

La resolución pone especial énfasis en la función del trámite de información pública como garantía del derecho de participación ciudadana. Según señala la Sala, este trámite no puede concebirse como un "mero formalismo", sino como un instrumento que permite a los interesados examinar el expediente en su integridad y formular alegaciones fundadas. Para que este derecho sea efectivo, la Administración debe poner a disposición del público toda la documentación relevante, sin excepciones ni limitaciones.

La falta de publicación de los anexos, según los magistrados, privó a los ciudadanos de la posibilidad de conocer los fundamentos técnicos de la ordenanza y de cuestionar, en su caso, la corrección de los criterios utilizados. Esta situación generó una indefensión material que, conforme a la jurisprudencia, constituye causa de nulidad de pleno derecho. La Sala recuerda que no resulta suficiente que la Administración alegue la posibilidad de acceso a la documentación a través de solicitudes individuales, ya que la exigencia legal es la publicidad íntegra del expediente durante el periodo de información pública. Tampoco considera admisible sustituir la explicación metodológica por la mera exposición de resultados, al entender que ello impide verificar la racionalidad del cálculo de la tasa.

La ordenanza fue aprobada en el contexto de la obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a las entidades locales implantar sistemas de financiación basados en el principio de "quien contamina paga". No obstante, el tribunal subraya que dicha finalidad no exime del cumplimiento estricto de las garantías procedimentales ni de la obligación de motivar adecuadamente los elementos esenciales de la tasa. Con esta sentencia, el TSJM da la razón a los recurrentes y anula un tributo cuya tramitación consideró viciada desde su origen.

La anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desatado una oleada de críticas de la oposición y de las asociaciones vecinales, que tildan de "chapuza" la tramitación del tributo y exigen responsabilidades políticas al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha calificado la tasa como "una nueva chapuza del equipo de Gobierno" y ha exigido su paralización inmediata. En un comunicado, la entidad vecinal ha criticado la falta de acceso a documentos clave, como "los anexos del informe técnico económico", que considera "esenciales" para comprender cómo se calculaba la tasa. "¿Cómo podíamos alegar adecuadamente si desconocíamos la forma en la que el Ayuntamiento había calculado la cuantía de cada barrio?", se ha preguntado la FRAVM, que ha subrayado que esta ocultación ha generado "una verdadera indefensión real y una vulneración de los derechos a la participación ciudadana".

La Federación ha advertido de que esta situación genera "incertidumbre y desconfianza en la vecindad" ante una tasa que se tramitó de manera "improvisada, injusta y chapucera", y ha insistido en reclamar responsabilidades políticas ante el "caos jurídico" generado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al Gobierno de Almeida de haber hecho una "chapuza administrativa" con la tasa de residuos para "tener media Madrid hecha una porquería". En una publicación en la red social 'X', Maestre ha recordado que su formación recurrió el tributo porque lo consideraba "injusto e ilegal". "Era (un tasazo) injusto, porque Almeida quería cobrar 150 euros de media para tener la mitad de Madrid hecho una porquería. Y era ilegal porque tenían tanta prisa por cobrar que hicieron una chapuza administrativa", ha explicado.

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha calificado la anulación de "varapalo judicial" y ha afirmado que "chapuzas las hace Almeida y las pagamos los madrileños y las madrileñas". López ha asegurado que desde el PSOE ya advirtieron de que la ordenanza "no estaba bien" por falta de información y transparencia, y ha recordado al PP que "tener mayoría absoluta no inhibe de cumplir con el procedimiento".

La socialista ha subrayado que uno de los aspectos que hace "todavía más grave" el caso es "esa falta de transparencia precisamente sobre la fórmula de cálculo de la tasa", lo que implica que el Ayuntamiento "está ocultando a los madrileños y madrileñas cómo se calcula". Asimismo, ha planteado qué hará ahora el alcalde: "¿Qué va a hacer el señor Almeida? ¿La va a recurrir agravando todavía más el perjuicio a los madrileños y madrileñas?".

López ha advertido también de que la nueva ordenanza aprobada este año "vuelve a caer en el mismo error", por lo que considera "más que probable" que los tribunales vuelvan a anularla si no se corrige la tramitación.

La sentencia del TSJM, que aún puede ser recurrida, declara la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024 al no haberse publicado los anexos del informe técnico-económico durante el trámite de información pública, lo que impidió a los ciudadanos conocer los fundamentos técnicos del tributo y generó una situación de indefensión. La FRAVM, Más Madrid y PSOE coinciden en exigir responsabilidades y la paralización inmediata de una tasa que consideran mal tramitada y perjudicial para los vecinos.