La demolición se realizó cinco días después de declarar la vivienda como abandonada, y en un proceso exprés de 24 horas

Este miércoles comenzaba el juicio por la demolición de una vivienda en la Cañada Real que ocurrió en julio de 2022. Esta acción ha llevado a que altos funcionarios del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, incluyendo al jefe de Disciplina Urbanística, Julio Cesar Santos, y al excomisionado para la Cañada Real, Markel Gorbea, enfrenten cargos por presunta prevaricación. Las acusaciones se basan en la ejecución de un derribo sin contar con una orden judicial firme y a pesar de que el propietario había presentado recursos legales en contra de la decisión administrativa.

Julio Cesar Santos ha señalado a Markel Gorbea como responsable de la demolición errónea, argumentando que Gorbea no verificó adecuadamente si la vivienda estaba habitada antes de solicitar su derribo. Según Santos, Gorbea había informado por correo electrónico que la casa estaba abandonada, sin haber presentado pruebas que respaldaran esta afirmación.

Los altos funcionarios enfrentan un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se les acusa de un delito de prevaricación, lo que podría resultar en una inhabilitación de hasta diez años. El fiscal ha enfatizado que la orden de demolición emitida el 14 de julio de 2022 fue manifiestamente ilegal y arbitraria.

Santos ha declarado que la Comunidad de Madrid, como propietaria de los terrenos, había indicado que había viviendas vacías susceptibles de ser ocupadas. Afirmó que no era necesario contar con presencia policial durante los derribos y que la Comunidad era responsable de coordinar el realojo de los residentes.

Por su parte, Gorbea ha argumentado que su papel no era de poder legislativo o ejecutivo, sino de coordinación bajo un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Aseguró que se realizaron visitas a la vivienda y que se constató su estado de abandono, aunque no se solicitó una orden de demolición.

El vecino afectado ha relatado que la vivienda estaba habitada y que se encontró con su casa cerrada tras regresar de unas vacaciones. Este residente había vivido en la casa desde 2006 y había presentado alegaciones en contra del procedimiento de demolición, argumentando que la oferta de realojo en Cobeña era inapropiada debido a la distancia.

El expediente para la demolición de la vivienda se inició a finales de 2021, otorgando al vecino un plazo para oponerse. A pesar de las alegaciones presentadas por el propietario, el Comisionado emitió un informe afirmando que la vivienda estaba abandonada, lo que llevó a la autorización del derribo en un tiempo récord de 24 horas.

El derribo se llevó a cabo el 19 de julio de 2022, solo cinco días después de la declaración de abandono, mientras el propietario estaba de vacaciones. A pesar de que el jefe de Disciplina Urbanística conocía la existencia del expediente y las alegaciones del vecino, se procedió con la demolición sin realizar las comprobaciones pertinentes.

La plataforma CAES ha denunciado que este derribo forma parte de una estrategia más amplia de acoso inmobiliario hacia los residentes de la Cañada Real. Desde octubre de 2020, se ha reportado un corte de suministro eléctrico en ciertas áreas, lo que se alinea con los esfuerzos para desalojar a los habitantes de la zona, coincidiendo con planes de desarrollo urbanístico en el sureste de Madrid.