Según el juez, se hizo sin orden judicial y con un recurso presentado

La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar a dos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los acusados son Julio Cesar Santos, jefe del servicio de Disciplina Urbanística, y Markel Gorbea, ex Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid. El caso se centra en el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real.

Los acusados enfrentan posibles penas de inhabilitación debido a su implicación en el derribo de una vivienda en julio de 2022. Este derribo se realizó sin una orden judicial firme y a pesar de que el propietario había presentado un recurso administrativo para oponerse al procedimiento de cese de uso. La jueza encargada del caso concluyó que existían indicios claros de criminalidad tras recibir una denuncia del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

La investigación se extendió por tres años, durante los cuales se recogieron pruebas que llevaron a la jueza a considerar la transformación del caso en un procedimiento abreviado. Se estableció que el propietario de la vivienda había residido en ella desde 2006 y que había presentado alegaciones en varias ocasiones contra el expediente de demolición.

El Servicio de Disciplina Urbanística inició un expediente para la demolición de obras no legalizables en la Cañada Real a finales de 2021. A pesar de que el vecino presentó alegaciones y se estaban siguiendo los trámites legales, el Comisionado Gorbea emitió un informe afirmando que la vivienda estaba abandonada, sin proporcionar pruebas para sustentar esta afirmación.

El derribo se autorizó de manera rápida, apenas 24 horas después de la declaración de abandono, y se llevó a cabo el 19 de julio, solo cinco días después. El propietario se encontraba de vacaciones y había presentado pruebas de que la vivienda era su domicilio habitual. Durante la fase de instrucción, ni Santos ni Gorbea pudieron justificar sus acciones, mostrando contradicciones en sus testimonios.

Ambos acusados eran conscientes de que un derribo de tal magnitud solo puede ser ordenado con una resolución firme y que una declaración de abandono requiere pruebas exhaustivas. CAES argumenta que no se intentó verificar la situación real del propietario, a pesar de que existían evidencias claras de su ocupación.

La plataforma CAES ha denunciado que este derribo forma parte de una estrategia más amplia de acoso inmobiliario hacia los vecinos de la Cañada Real. Desde octubre de 2020, se ha mantenido un corte de suministro eléctrico en ciertas zonas, lo que se enmarca en un objetivo más amplio de expulsar a los residentes de la Cañada Real para facilitar desarrollos urbanísticos en la zona.