Además reprueban a la Ministra de Igualdad y dan luz verde a la Cuenta General de 2024

El taxi ya tiene nueva normativa. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes en el Pleno municipal el texto definitivo para la modificación de la Ordenanza del Taxi, un texto promovido por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Como ha explicado el delegado del ramo, Borja Carabante, el nuevo texto se centra en dos objetivos: “avanzar en la mejora de la calidad del servicio y su seguridad” y “que no se quede atrás para ser, si cabe, más accesible”.

La ordenanza se adapta a los cambios que se aprobaron en la modificación del Decreto del Taxi de la Comunidad de Madrid e impulsa a este servicio público para que garantice los desplazamientos a las personas con movilidad reducida (PMR). En la actualidad, en la ciudad, la flota activa de taxis está integrada por 15.518 vehículos, sobre un total de 15.812 licencia, de los que 366 son adaptados (el 2,35 %) y el objetivo es llegar al 5 % de eurotaxis (vehículos adaptados). Esta cuestión, ha dicho Carabante, “no es un mandato legal, sino una cuestión moral para este Ayuntamiento”. Con esta modificación, ha señalado, “acompañamos al sector para que tenga el papel relevante que tiene en la ciudad”, ya que es “un actor principal en el ecosistema de la movilidad”.

El delegado ha reconocido el gran esfuerzo que ha realizado el taxi para avanzar en la transición hacia la eficiencia energética y la mejora de la calidad del aire. También ha recordado que el Ayuntamiento lleva “seis años trabajando junto al sector para apoyarle y favorecer su actuación, tanto del punto de vista económico como normativo”. Se han destinado 13,8 millones de euros para renovar más de 5.000 taxis, “y gracias a las ayudas concedidas por el  Ayuntamiento de Madrid, uno de cada tres taxis ha sido renovado”, ha explicado Carabante.

Con la nueva ordenanza se fomentarán los eurotaxis en la ciudad con nuevas medidas. Una de las más importantes que recoge es la creación, mediante concurso, de nuevas licencias de este tipo de vehículos. También se permitirá que sean de clasificación ambiental C para aumentar la oferta de modelos adaptables a personas de movilidad reducida.

Con el objetivo de incentivar la elección de vehículos eurotaxis, estos podrán trabajar siete días a la semana, mientras que el resto –incluyendo los vehículos eléctricos adquiridos a partir del 19 de julio de 2025– solo podrá hacerlo cinco. No obstante, para aquellos vehículos eléctricos puros que se han adscrito a las licencias con anterioridad a que se apruebe la modificación, se aprobará una disposición transitoria que permitirá que puedan seguir trabajando como hasta ahora, siete días, hasta que el vehículo alcance la edad de diez años, que es la permitida a los taxis.

Se incluyen como nuevos requisitos para los titulares de licencias de eurotaxi, la adscripción a una entidad de intermediación que permita la reserva del servicio con un mínimo de 24 horas de antelación. Además, se obligará a los titulares de estas licencias a realizar un mínimo de 150 servicios de eurotaxi al año, ya que se ha constatado que el servicio que se presta actualmente es insuficiente: un 40 % de los titulares acredita menos de 100 anuales.

La nueva Ordenanza del Taxi trae consigo cambios en los requisitos para ser conductor de estos vehículos. Entre las novedades, se incluye la obligatoriedad de tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para la obtención del permiso de conductor de taxi. Este aspecto, que ha generado debate entre los grupos de la oposición, ha sido transaccionado en el Pleno y se ha acordado por unanimidad incluir que también podrá acreditarse, por cualquier medio, conocimientos similares en el centro de exámenes. También se simplifica el examen, como contempla el decreto regional, eliminando el módulo de itinerarios del ejercicio.

Asimismo, se establecerá un sistema para evitar la excesiva reiteración en los exámenes. Se plantea que, a partir del segundo suspenso, sea necesario esperar un mes natural entre convocatorias sucesivas, como ocurre en la Dirección General de Tráfico con las pruebas para el carné de conducir. Por otra parte, y para garantizar la calidad del servicio a bordo de los taxis, será preceptivo llevar un dispositivo electrónico de navegación (GPS).

Con la última modificación de la Ordenanza del Taxi en 2021 se implantó la licencia por puntos. Este mecanismo permite aplicar, de forma objetiva y transparente, las sanciones por reincidencia y la habitualidad en los comportamientos punibles que más afectan a los clientes y a la imagen del sector, reduciéndose el número de sanciones que comportan pérdida de puntos (las muy graves): el incumplimiento del régimen de descanso, el quebrantamiento del régimen tarifario (engañar al usuario con el precio) o buscar y recoger viajeros fuera de la parada oficial establecida. Entonces se asignó esta licencia al conductor, pero con la modificación se aplicará al titular, dado que la responsabilidad por las infracciones en materia de transportes es del titular de la licencia y no del conductor.

En la ordenanza se establece un número mínimo de servicios para los eurotaxi, lo que se contempla como uno de los supuestos de penalización en la licencia por puntos. Todo ello, con el fin de conseguir que la no prestación del servicio a un colectivo vulnerable tenga una sanción proporcional al daño infringido al usuario. El texto entrará en vigor una vez que sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha decidido solicitar a Unicef la renovación del reconocimiento de Madrid como Ciudad Amiga de la Infancia. Este proceso ha estado marcado por la oposición del partido Vox y la abstención de algunos grupos de izquierda, en un contexto político y social complicado, donde la situación en Gaza ha influido en las posturas de los diferentes partidos

José Fernández ha defendido que Madrid es "la mejor ciudad para nacer y para crecer", subrayando el compromiso del Ayuntamiento con los derechos de la infancia. Este compromiso se refleja en diversas políticas, incluyendo un plan de fomento de la natalidad. Fernández ha afirmado que Madrid cumple con los cinco objetivos generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, que son evaluados por Unicef para otorgar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. Desde 2008, Madrid ha mantenido este reconocimiento y el Ayuntamiento busca reafirmar su compromiso con las políticas que colocan a los niños en el centro de la agenda municipal.

La concejala de Vox, Carla Toscano, ha expresado el rechazo de su grupo a la iniciativa, argumentando que no desean el apoyo de una organización que consideran corrupta, como es Naciones Unidas. Toscano ha enfatizado que proteger a la infancia no se limita a crear parques o hacer planes de natalidad, sino que implica proteger su derecho a la vida, su familia, y su integridad física y psíquica.

Por su parte, Ana Lima, del PSOE, ha explicado la abstención de su grupo, a pesar de que su inclinación natural sería votar en contra. Lima ha criticado al alcalde por su aparente negación del genocidio en Gaza, que ha resultado en la muerte de miles de niños y ha cuestionado la efectividad del Plan de Infancia y Adolescencia, que ha caducado y no ha sido evaluado. Ha señalado que Madrid no puede considerarse una ciudad amiga de la infancia mientras se desmantelan servicios de atención a la infancia.

Lucía Lois, de Más Madrid, ha sido especialmente crítica, argumentando que Unicef no debería reconocer a Madrid como Ciudad Amiga de la Infancia mientras el alcalde no condene la situación en Gaza. Lois ha exigido que se tomen acciones más contundentes para detener lo que ella describe como un genocidio, sugiriendo que se detengan actividades como el baloncesto y el ciclismo si eso contribuye a detener la violencia. Además, ha calificado a Madrid como una ciudad hostil para la infancia, donde las condiciones en los colegios son inaceptables.

La concejala de Más Madrid, Carolina Elías, criticó fuertemente al Partido Popular (PP) por su retórica en torno a los menores migrantes no acompañados. La discusión se centró en la forma en que ciertos partidos políticos, en particular el PP y Vox, han abordado la situación de estos menores, a quienes se considera en una "extrema vulnerabilidad".

Carolina Elías acusó a algunos líderes de la derecha y la ultraderecha de convertir la tragedia de los menores migrantes en "munición política". En su intervención, enfatizó que la criminalización de toda la infancia migrante por las acciones de unos pocos es un acto de racismo. Aludió a la falta de atención de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal hacia otros problemas de violencia en Madrid, sugiriendo que solo se interesan por la violencia cuando puede ser utilizada para alimentar discursos de odio.

Elías también criticó a Ayuso por "criminalizar" a los menores que están bajo su tutela, argumentando que esto es una táctica para desviar la atención de los escándalos del gobierno regional. Afirmó que es "inadmisible" que el gobierno de Ayuso, que tiene la responsabilidad de cuidar a estos menores, contribuya a su estigmatización

Como respuesta a esta situación, Elías presentó una proposición que exige que la Comunidad de Madrid asuma la tutela de los menores migrantes, asegurando recursos suficientes y condiciones dignas. Denunció el hacinamiento en los centros de acogida, describiéndolo como un abandono institucional.

José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, respondió a las acusaciones de Más Madrid, rechazando ser etiquetados como xenófobos. Afirmó que el verdadero xenofobia proviene de Más Madrid y criticó el reparto de menores entre comunidades autónomas, insinuando que el gobierno de Pedro Sánchez prioriza su permanencia en el poder sobre el bienestar de los menores migrantes.

Fernández destacó que el PP no apoya las deportaciones masivas, pero sí aboga por una migración ordenada y necesaria. Rechazó el discurso xenófobo de Vox, indicando que el PP un enfoque equilibrado en la gestión de la migración.

La concejala de Vox, Carla Toscano, presentó una perspectiva alarmista, describiendo a los menores no acompañados como "la punta del iceberg" de una "invasión de inmigración". Criticó a las élites y a la izquierda, así como al PP por cambiar su discurso, sugiriendo que la inmigración masiva es insostenible y perjudica a la población española.

Ana Lima, del PSOE, defendió la situación de los menores migrantes, recordando que muchos de ellos son solicitantes de asilo. Criticó a Vox por convertir a estos menores en "chivos expiatorios" y por difundir información falsa sobre ellos. Lima destacó que los mil niños en Madrid representan solo el 0,014% de la población, lo que contradice la narrativa de una "invasión".

Lima también criticó al PP por amplificar el discurso de odio de Vox y por su falta de acción en la tutela de los menores, cuestionando la capacidad del alcalde y de Ayuso para ser considerados "amigos de la infancia" mientras ignoran las necesidades de los niños migrantes.

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su cuenta general correspondiente al año 2024, la cual refleja un resultado presupuestario positivo y otros indicadores financieros que evidencian una gestión económica favorable. Este resumen detalla los aspectos más relevantes de la cuenta general, los resultados económicos, la votación en el Pleno y las declaraciones de la delegada de Hacienda.

El resultado presupuestario del Ayuntamiento y sus organismos autónomos para el año 2024 se ha cerrado con un superávit de 387 millones de euros. El remanente total asciende a 754 millones de euros, lo que representa un incremento de 237 millones en comparación con el cierre del año anterior. En términos de contabilidad nacional, el superávit se sitúa en 483 millones de euros. La deuda viva del Ayuntamiento ha disminuido, alcanzando un total de 1.943 millones de euros, lo que implica una reducción de 20 millones respecto al año 2023.

El resultado económico patrimonial para el año 2024 se ha establecido en 570 millones de euros. Todos los organismos autónomos han presentado resultados positivos, a excepción de la Agencia de Empleo, que ha mostrado un resultado negativo. La cuenta general fue aprobada en el Pleno de Cibeles con el apoyo mayoritario del Partido Popular (PP). La propuesta será remitida al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para su revisión. Los partidos Vox y Más Madrid optaron por la abstención, mientras que el PSOE votó en contra. Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles han sido respaldadas por informes emitidos por firmas auditoras independientes, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley de Sociedades de Capital.

Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda, ha destacado la buena gestión de la Corporación y ha señalado que la situación financiera del Ayuntamiento ha mejorado de manera progresiva. A pesar de un contexto económico incierto, caracterizado por la inflación y tensiones internacionales, el Ayuntamiento ha logrado mantener una oferta de servicios de alta calidad y atender las demandas sociales. Hidalgo enfatizó la importancia de mantener una política presupuestaria seria y rigurosa, lo que ha permitido alcanzar estos resultados positivos.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid discutió la propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la creación de la figura del Defensor del Vecino. Esta figura se planteaba como una alternativa a la vía judicial para atender quejas y preocupaciones de los ciudadanos madrileños. Sin embargo, el Gobierno municipal, representado por la vicealcaldesa Inma Sanz, desestimó la propuesta, argumentando que la necesidad de un defensor ya estaba cubierta por la normativa vigente desde hace más de dos décadas

Inma Sanz, en su intervención, subrayó que la propuesta del PSOE no era necesaria, ya que Madrid cuenta con mecanismos adecuados para la atención ciudadana. Además, Sanz insinuó que, si los madrileños realmente necesitaran un defensor, sería para protegerse de las políticas del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Este comentario refleja una postura crítica hacia las políticas socialistas, sugiriendo que el verdadero problema radica en las decisiones tomadas por el gobierno central.

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, respondió a Sanz pidiendo que moderara su tono y criticando la falta de avance en lo que ella describió como el "proyecto estrella" del Gobierno municipal: la nueva ley de Capitalidad. Según López, este proyecto fue rechazado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y quedó sin avanzar. Además, López instó al Partido Popular (PP) a exigir a Ayuso el pago de 800 millones de euros que, según ella, se deben anualmente por competencias impropias.

López argumentó que la figura del Defensor del Vecino podría servir como un canal proactivo para que los ciudadanos expresaran sus quejas sobre diversos temas, como la limpieza de las calles, el costo de la tasa de basuras y otros problemas que afectan la vida diaria en Madrid. Resaltó que esta propuesta era sencilla, sin coste económico y no podría ser vetada por la presidenta regional.

La vicealcaldesa Sanz, en su defensa, mostró desconcierto ante la insistencia del PSOE en vincular la propuesta con la figura de Ayuso, sugiriendo que esto era un intento de desviar la atención de la opacidad del Gobierno de Sánchez. Sanz argumentó que, a diferencia del Gobierno central, el Ayuntamiento de Madrid ya cuenta con mecanismos de participación y transparencia, como el sistema de sugerencias y reclamaciones y la plataforma Decide Madrid, que ha sido reconocida por la OCDE.

Sanz continuó su discurso afirmando que, si los madrileños necesitaran un defensor, sería para protegerse de las acciones del Gobierno central, que, según ella, constantemente ataca a la capital. Criticó la gestión del PSOE en relación con la deuda autonómica, sugiriendo que los ciudadanos de Madrid terminarían pagando por el despilfarro de los socios independentistas del PSOE.

La vicealcaldesa también abordó el tema del "cupo catalán", advirtiendo que esto podría liquidar la solidaridad entre las comunidades autónomas y que Madrid sería la más afectada. Sanz enfatizó que mientras los servicios de Cercanías en Madrid se deterioran, el Gobierno central invierte millones en el transporte de Cataluña, lo que consideró una injusticia hacia los ciudadanos madrileños.

En el pleno se produjo un intenso intercambio de declaraciones entre el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la portavoz socialista, Reyes Maroto. Este debate se centró en las manifestaciones propalestinas que tuvieron lugar durante la final de La Vuelta Ciclista, así como en la violencia que se desató en protestas anteriores frente a la sede del PSOE.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto con su secretario general, Alfonso Serrano, calificaron a algunos de los manifestantes como "gentuza". Almeida argumentó que esta etiqueta se aplica a aquellos que agredieron a policías y causaron disturbios, no a quienes protestaron pacíficamente. En su defensa, el alcalde mencionó incidentes específicos, como la agresión a 22 policías y el uso de objetos peligrosos por parte de algunos manifestantes.

Almeida respondió a Maroto, quien le instó a condenar el genocidio en Gaza, afirmando que la violencia que se había vivido en Ferraz era inaceptable. El alcalde se mostró firme en su postura de que la violencia debe ser condenada independientemente de su origen, enfatizando que "la violencia no tiene colores".

Reyes Maroto, portavoz socialista, defendió la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, señalando que más de 100,000 personas se habían reunido para protestar por la situación en Gaza. Criticó a Almeida por su uso del término "gentuza" y argumentó que su enfoque distorsionaba verdadero significado de la protesta, que para ella representaba dignidad y defensa de los derechos humanos.

Maroto también mencionó la violencia que se había vivido durante las protestas en Ferraz, definiéndola como un asedio a la sede del PSOE, con barricadas y amenazas. En su opinión esta violencia no abordada adecuadamente por el alcalde, quien no emitió declaraciones institucionales al respecto

Maroto comparó la situación de Almeida con la del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugiriendo que ambos se encontraban aislados en sus respectivas posiciones. La socialista defendió la propuesta de paz de Estados Unidos la solución de dos Estados, instando a Almeida a reconocer la legitimidad de estas.

Almeida, en su intervención, utilizó la ironía para criticar a Maroto sugiriendo que no hay suficientes problemas en Gaza que puedan ocultar las controversias relacionadas con la gestión del PSOE.

En un momento de la sesión, el alcalde Martínez-Almeida planteó una pregunta directa al Grupo Municipal Socialista, instándolos a pronunciarse sobre la celebración de un partido de baloncesto entre el FC Barcelona y el Hapoel Tel Aviv de Israel. Este encuentro estaba programado para el mismo día, a las 18 horas, en el Arena 8888 de Sofía, Bulgaria, como parte de la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga.

El alcalde vinculó su pregunta a los recientes acontecimientos ocurridos durante La Vuelta, una famosa competición ciclista, donde se llevaron a cabo protestas en apoyo al pueblo palestino. En este contexto, Martínez-Almeida cuestionó la decisión de suspender la participación de un equipo israelí en dicho evento, sugiriendo que debería haber una coherencia en las decisiones tomadas respecto a eventos deportivos que involucran a Israel.

La pregunta del alcalde no solo aborda un tema deportivo, sino que también refleja las tensiones políticas actuales en relación con el conflicto israelí-palestino. La insistencia en que el Grupo Municipal Socialista se pronuncie sobre el partido sugiere que hay una expectativa de responsabilidad política en la toma de decisiones que involucran el deporte y la política internacional.

La intervención de Martínez-Almeida podría anticipar una respuesta del Grupo Municipal Socialista, que podría tener que justificar su postura sobre la celebración del partido, especialmente a la luz de las protestas y la controversia que rodea a Israel en el contexto actual.

El debate sobre la movilidad en Madrid ha cobrado relevancia en el Pleno del Ayuntamiento, donde el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha planteado serias preocupaciones sobre el estado actual del transporte público y la congestión en la capital. Este resumen detalla las declaraciones de Rubiño y la respuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en relación con el "caos de movilidad" que afecta a los ciudadanos.

Eduardo Rubiño ha criticado la situación de movilidad en Madrid, señalando que las vías están "colapsadas" durante las horas punta y que los trenes están abarrotados de "empujadores". Durante su intervención, Rubiño ha enfatizado la falta de un "plan de movilidad" adecuado, lo que ha llevado a que en los andenes no haya espacio suficiente para los viajeros, especialmente en el contexto del inicio del nuevo curso académico.

El portavoz de Más Madrid ha identificado varios problemas específicos:

Colas en Ciudad Universitaria: Ha mencionado las largas esperas para acceder a los autobuses del Servicio Especial, que no llegan con la frecuencia necesaria.

Falta de Conductores: Rubiño ha señalado que la escasez de 300 conductores en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) contribuye al caos.

Problemas Estructurales: Ha argumentado que la falta de inversión en el sistema de transporte es un problema estructural que afecta a la movilidad en la ciudad.

Incidencias en el Metro: Ha destacado que en el último año, el Metro de Madrid ha reportado más de 24,000 incidencias, lo que refleja una situación crítica.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha respondido a las críticas de Rubiño, argumentando que las competencias sobre las autovías, el Metro y Cercanías no son responsabilidad del Ayuntamiento. Almeida ha defendido el servicio que presta la EMT, señalando que ha alcanzado un récord de usuarios, mientras que el servicio de Cercanías no ha recuperado su número de usuarios pre-pandemia.

Algunos puntos clave de la respuesta de Almeida incluyen:

Incremento de Personal en la EMT: Ha mencionado que actualmente hay mil trabajadores más en la EMT en comparación con 2019, lo que indica un esfuerzo por mejorar el servicio.

Reducción del Tráfico: Ha afirmado que hay un 15% menos de tráfico dentro de la M-30 en comparación con 2018, sugiriendo que la situación no es tan crítica como se plantea.

Desvío del Debate: Almeida ha cuestionado por qué Rubiño menciona problemas de movilidad relacionados con autovías nacionales, que no son competencia del Ayuntamiento, y ha instado a centrar la discusión en otros temas importantes para la ciudad, como inversiones en vivienda y la recuperación de espacios públicos.

El Pleno de Cibeles llevó a cabo una votación significativa relacionada con la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta votación se centró en el caso de las "pulseras Aliexpress" destinadas a prevenir el maltrato, lo que ha generado un intenso debate político y social.

El Partido Popular (PP) presentó una moción de urgencia que exigía la dimisión de Ana Redondo. Esta moción fue aprobada con los votos a favor del PP, mientras que Vox se abstuvo y los partidos de izquierda votaron en contra. La votación fue realizada a mano alzada, con un procedimiento inusual que incluyó un llamado individual a cada concejal, debido a que tres ediles estaban ausentes por enfermedad.

José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, fue el portavoz del PP en esta sesión. Fernández argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres y que la gestión de Redondo ha sido "negligente" en relación al sistema Someta, que se encarga de la protección de víctimas de violencia de género y sexual. Fernández enfatizó que había "más de 4.000 razones" para justificar la moción de urgencia, haciendo hincapié en la falta de disculpas por parte de la ministra.

La concejala de Vox, Carla Toscano, también exigió la dimisión de Redondo, señalando que la ministra, junto a la exministra Irene Montero, son responsables de la gestión de las pulseras. Toscano criticó el "feminismo instagramer", describiéndolo como un "postureo sin fondo" y cuestionó la campaña del Ministerio llamada 'Por huevos', que busca enseñar a los hombres a comportarse de manera civilizada. Su intervención fue marcada por un tono irónico y provocador, concluyendo que Redondo debe dimitir "por huevos".

Por otro lado, la concejala socialista Meritxell Tizón defendió la gestión del sistema, acusando al PP de utilizar a las víctimas para atacar al Gobierno. Tizón afirmó que el sistema en cuestión "salva vidas todos los días" y criticó al PP por no proporcionar los recursos necesarios a los servicios que atienden a las víctimas. También se refirió a la renovación del convenio VioGén, que había estado caducado desde 2018, como un aspecto positivo que el PP no había abordado.

La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, presentó un avance sobre el presupuesto para el año 2026. Este anuncio se enmarca en un contexto de incertidumbre y falta de claridad respecto a las directrices que regirán los Presupuestos Generales del Estado.

Hidalgo enfatizó que el presupuesto se está diseñando bajo criterios de "responsabilidad y prudencia". Sin embargo, también expresó su frustración ante la dificultad de poder elaborar un presupuesto claro debido a la falta de información sobre las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado. Esta situación ha llevado a la delegada a afirmar que están "diseñando a ciegas".

En su intervención, Hidalgo dirigió críticas a los representantes de la izquierda, especialmente a la concejala socialista Enma López. En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento de Madrid no recibe "nada de regalo" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Resaltó que la financiación de Madrid proviene de su participación en la renta, en el IVA y en otros impuestos correspondientes, lo que implica que la ciudad genera sus propios recursos.

Hidalgo hizo hincapié en que la gestión financiera es un elemento clave para el partido que conforma el Gobierno municipal. La delegada se comprometió a actuar con responsabilidad y prudencia en la elaboración del presupuesto, lo que sugiere un enfoque conservador y cauteloso ante las decisiones financieras que se tomarán en el futuro.

Por la tarde se discutió una proposición presentada por el grupo socialista (PSOE) que buscaba hermanar la ciudad con Gaza y otorgar la Medalla de Honor de Madrid al pueblo palestino. Esta propuesta fue rechazada por los votos en contra del Partido Popular (PP) y Vox, lo que generó un intenso debate sobre la situación en Gaza y la postura del Ayuntamiento respecto al conflicto israelo-palestino.

El PSOE argumentó que la Medalla de Honor sería un reconocimiento a la resistencia y dignidad del pueblo palestino, así como a su sufrimiento ante décadas de violencia, especialmente en el contexto del actual conflicto en Gaza. Jorge Donaire, concejal socialista, defendió la propuesta señalando que el reconocimiento era necesario para condenar el genocidio y la ocupación ilegal por parte de Israel. Además, se propuso celebrar un acto institucional en los Jardines de Palestina en Arganzuela el 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

A pesar de la defensa del PSOE, la proposición fue desestimada por la mayoría del PP y Vox, quienes cuestionaron la pertinencia de otorgar la medalla al pueblo palestino. Yolanda Estrada, concejala del PP, argumentó que el pueblo palestino no había hecho nada por Madrid para merecer tal distinción y condenó el uso político del sufrimiento ajeno.

Donaire enfatizó que Madrid no podía permanecer indiferente ante las violaciones de derechos humanos en Gaza, citando un estudio del Real Instituto Elcano que indicaba que el 82% de los españoles consideraban las acciones de Israel como genocidio. Además, instó al alcalde José Luis Martínez-Almeida aar públicamente estas acciones y a alinearse con la opinión mayoritaria de la ciudadanía.

Yolanda Estrada, del PP, acusó al PSOE de incoherente, recordando que los europarlamentarios socialistas habían votado en contra de calificar las acciones en Gaza como genocidio. Además, criticó la propuesta de hermanamiento con Gaza, considerándola una "ocurrencia" y sugiriendo que el Ayuntamiento no debía dialogar con grupos considerados terroristas, como Hamás. Javier Ortega Smith, de Vox, compartió esta opinión, sugiriendo que el interés del PSOE por Gaza era superficial y comparándolo con su trato hacia otras crisis humanitarias.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, acusó al PP de traicionar los valores democráticos y de ser cómplices de las acciones de Netanyahu, sugiriendo que su apoyo a Israel se debía a intereses económicos más que ideológicos. Montejo cuestionó la moralidad de bombardear civiles y comparó la situación actual con la lucha contra ETA, sugiriendo que la violencia no era la solución.

El debate en el Ayuntamiento de Madrid reflejó una profunda división política sobre el conflicto israelo-palestino. Mientras que el PSOE buscaba un reconocimiento simbólico al sufrimiento del pueblo palestino, el PP y Vox rechazaron la propuesta, argumentando que era inapropiado y que el diálogo con grupos terroristas no era aceptable. La discusión también puso de manifiesto las tensiones entre las diferentes posturas políticas en España sobre cómo abordar la crisis humanitaria en Gaza y la responsabilidad moral de las instituciones.

El evento culminó con los concejales socialistas mostrando banderas palestinas en sus escaños, simbolizando su apoyo a Gaza y su rechazo a la postura del PP y Vox.

El partido Más Madrid presentó una proposición destinada a condenar la invasión militar israelí liderada por el presidente Benjamin Netanyahu, acusando a su gobierno de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino. Esta moción buscaba expresar solidaridad con las víctimas, especialmente los niños afectados en Gaza, y fue apoyada por el PSOE, pero rechazada por el Partido Popular (PP) y Vox, quienes criticaron la postura de la izquierda.

La iniciativa de Más Madrid se centró en condenar explícitamente la invasión israelí y en mostrar apoyo a los niños palestinos que sufren las consecuencias del conflicto. El concejal Nacho Murgui, al presentar la moción, utilizó una camiseta con el lema "Stop genocidio, Madrid con Palestina" y cuestionó la falta de respuesta del PP ante la muerte de niños en Gaza, sugiriendo que la respuesta de la derecha dependía de la raza de las víctimas.

Murgui enfatizó que Madrid debería ser un símbolo de apoyo a los niños palestinos. Acusó al PP de ser insensible y de priorizar otros eventos, como interrupciones deportivas, sobre el sufrimiento humano en Gaza. Comparó la situación de Gaza con la de Sarajevo durante los conflictos de los años 90, sugiriendo que la ciudad debería estar al lado de los oprimidos.

La concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, respondió al rechazo de la moción argumentando que no aceptarían lecciones de derechos humanos de quienes, según ella, seleccionan a las víctimas según un "ideario político casposo". Estrada insistió en que su partido condena tanto la violencia en Gaza como los ataques de Hamás contra Israel.

Estrada afirmó que su partido condena todos los actos de violencia, independientemente de la ideología de las víctimas. Acusó a Más Madrid de intentar adoctrinar y de utilizar el sufrimiento de las víctimas para su agenda política. Estrada enfatizó que la determinación de genocidio debería ser realizada por instituciones internacionales y no por opiniones políticas locales.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, también se unió a las críticas, acusando a la izquierda de hipocresía política. Enumeró una serie de tragedias y asesinatos en otros contextos que, según él, no han sido objeto de la misma atención por parte de la izquierda.

Ortega Smith argumentó que la izquierda ignora otras tragedias en el mundo mientras se enfoca en el conflicto israelo-palestino. Cuestionó la autenticidad de la defensa de derechos humanos por parte de la izquierda, sugiriendo que son cómplices en el uso de las víctimas para fines políticos.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, se mostró crítica con el alcalde por su falta de apoyo a la causa palestina, enfatizando que la neutralidad no es una opción en situaciones de crímenes contra la humanidad. Maroto destacó la importancia de no silenciar el sufrimiento de los niños en Gaza. Maroto instó a la comunidad a no permanecer en silencio ante la violencia y a reconocer la humanidad de las víctimas. Subrayó que la neutralidad es inaceptable en situaciones de violaciones graves de derechos humanos.

Eduardo Rubiño, portavoz en funciones de Más Madrid, cuestionó la postura del PP, sugiriendo que su falta de condena ante la situación en Gaza contrasta con su postura en otros conflictos, como el de Ucrania. También criticó el uso de la comunidad LGTBI como una herramienta política para desviar la atención de los problemas reales. Rubiño argumentó que lo que es condenable en un contexto debería serlo en todos. Exigió que el PP deje de usar la comunidad LGTBI para justificar la violencia.

El Ayuntamiento de Madrid construirá una nueva escuela infantil en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en el Pleno celebrado en el palacio de Cibeles. Será la escuela infantil número 80 de la red municipal, lo que dará cumplimiento al compromiso establecido en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación puesto en marcha por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

García Romero ha explicado que la redacción del proyecto se iniciará en 2026. La nueva dotación se unirá a la escuela infantil Muñeco de Nieve y a las pistas de baloncesto y fútbol sala ya construidas en el pasado mandato. A ello hay que sumar las nuevas pistas de baloncesto, fútbol sala y patinaje actualmente en ejecución y el centro cultural, la biblioteca y el auditorio que comenzarán a construirse este mismo otoño, lo que demuestra el compromiso del Consistorio con este joven barrio del sureste de la capital.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde se han finalizado nueve escuelas infantiles: Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro), Parque de Ingenieros (Villaverde), Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca), José Gómez Gil (Villa de Vallecas), Las Golondrinas (San Blas-Canillejas), María Moliner (Tetuán), Muñeco de Nieve (Vicálvaro) y Fúcar (Centro). Esta última entrará en funcionamiento el próximo mes de enero. Todas ellas suman 941 plazas, lo que supone un 10 % del total de la red.

Además, en la actualidad se está construyendo la escuela infantil de la calle de Francisco Remiro (Salamanca), con 66 plazas adicionales. A ello hay que añadir una nueva en el barrio de San Fermín (Usera), cuyas obras empezarán en breve, y otra en el barrio de Adelfas (Retiro), que se licitará próximamente. La inversión municipal en la construcción de nuevas escuelas infantiles desde 2019 asciende a más de 26 millones de euros.

La creación de esta nueva escuela se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, que está dotado con 1.275 millones de euros para implementar 50 medidas que sigan consolidando a Madrid como la mejor ciudad donde crecer. La medida número 1 del plan recoge el compromiso del Ayuntamiento de Madrid de ampliar la Red Municipal de Escuelas Infantiles con un doble objetivo: apoyar a las familias en la conciliación de la vida personal y laboral y favorecer el desarrollo de los menores gracias a una escolarización temprana de calidad.

En concreto, el plan incluye la voluntad del Consistorio de aumentar el número de centros educativos municipales de 0 a 3 años de 74 a 80 hasta el año 2029. En el curso 2025-2026 la Red Municipal de Escuelas Infantiles está compuesta por 76 centros (incluido el nuevo de la calle de Fúcar que abrirá en enero), con un total de 8.692 plazas. La nueva escuela de la calle de Francisco Remiro sumará, con su apertura en el curso 2026-2027, 66 plazas más, y la que comenzará a construirse próximamente en el barrio de San Fermín, 132 plazas adicionales.