El Pleno rechazó hace unos meses una moción de Vanguardia pidiendo su dimisión

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE), y otros tres responsables municipales se sientan desde este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental . La Fiscalía sostiene que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos» pese a las reiteradas denuncias presentadas desde al menos 2019 por residentes de la zona afectados por las actividades del restaurante 'El Casón de la Quinta de San Antonio' .

El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando el establecimiento obtuvo licencia para actividad de restaurante. Según la acusación pública, el local carecía de autorización para utilizar las zonas exteriores, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada, vulnerando los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica . La Fiscalía sostiene que los organizadores de eventos prolongaban las celebraciones hasta las cinco o las seis de la mañana, incumpliendo de forma reiterada los límites establecidos .

El Ministerio Fiscal enumera más de una docena de denuncias vecinales entre 2019 y 2025, además de múltiples intervenciones de la Policía Local por ruidos y molestias. Sin embargo, sostiene que el Ayuntamiento apenas incoó cuatro expedientes sancionadores y que ninguno de ellos llegó a resolverse . La acusación considera que los responsables municipales no ejercieron sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares para frenar la actividad o restablecer la legalidad urbanística .

Tres vecinos afectados se han personado como perjudicados y reclaman indemnizaciones por los daños sufridos durante esos años, especialmente en primavera y verano, cuando aumentaba la celebración de eventos y las molestias acústicas . La Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante 12 años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales . También reclama que indemnicen conjuntamente a tres vecinos afectados con 4.000 euros por los perjuicios sufridos .

El juicio contra la alcaldesa ha adquirido una relevancia mediática añadida por su parentesco con su hermana, María Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y figura señalada por el juez del caso Plus Ultra por su supuesto "papel operativo esencial" dentro de la presunta red de influencias investigada en torno al exlíder socialista . Antonia Alcázar ya fue absuelta en 2024 de otra acusación de prevaricación por un presunto amaño de contratos públicos, lo que no ha impedido que la Fiscalía mantenga una postura firme en este nuevo procedimiento .

La Fiscalía sostiene que los acusados (la alcaldesa, el técnico de urbanismo, la concejala de Medio Ambiente y el concejal de Urbanismo) omitieron deliberadamente sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística y protección del medio ambiente a pesar de las numerosas quejas de los vecinos por las molestias generadas por el restaurante, que tenía licencia desde 2006 pero carecía de autorización para celebrar eventos en sus áreas exteriores (bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música a alto volumen y pirotecnia hasta altas horas de la madrugada). El juicio se ha iniciado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acusación detalla que el local incumplió reiteradamente los horarios de cierre establecidos por la normativa autonómica, extendiendo algunos eventos hasta las cinco o seis de la mañana. Entre 2019 y 2025, se registraron múltiples denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local, pero solo se iniciaron cuatro expedientes sancionadores, que quedaron paralizados sin resolución. La Fiscalía argumenta que los responsables municipales no ejercieron adecuadamente sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística, y no adoptaron medidas cautelares ni restablecieron la legalidad.

El Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante doce años para ocupar cargos públicos relacionados con funciones urbanísticas y ambientales. Tres vecinos afectados han solicitado indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante la primavera y el verano, cuando las celebraciones en el restaurante eran más frecuentes. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en la protección del bienestar vecinal.

El Pleno del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio del pasado mes de enero rechazó una moción presentada por el grupo municipal Vanguardia que solicitaba la dimisión inmediata de la alcaldesa, Antonia Alcázar (PSOE), con los votos en contra del Partido Popular y Vox, que consideraron que la investigación de la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos y medioambientales relacionados con el restaurante 'El Casón de la Quinta de San Antonio' se encontraba en un momento "muy inicial" como para tomar medidas. La alcaldesa, que ya había sido absuelta en diciembre de 2024 en el denominado 'caso Efial' (o 'caso Termyca') por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos públicos, se enfrenta ahora a un nuevo juicio que arranca este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

Vanguardia fundamentó su solicitud de dimisión en la condición de "imputada" de la alcaldesa en una nueva investigación de la Fiscalía, abierta tras las denuncias de varios vecinos por los ruidos y las molestias generadas por el restaurante 'El Casón de la Quinta de San Antonio'. La moción, que fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox y el único respaldo de los propios concejales no adscritos, criticaba la gestión política de Alcázar y acusaba a la oposición de ser "cómplice política" de la situación.

La portavoz de Vox en Velilla, Teresa Angullo García, justificó entonces la postura de su partido al recordar que "la investigación relevante que ha afectado a la alcaldesa en el pasado concluyó con sentencia absolutoria", en referencia al 'caso Efial'. Vox optó por la abstención (aunque finalmente votó en contra de la dimisión), al considerar que no se podía apoyar una moción donde se pretendía "dictar condena a través del órgano de representación de los vecinos". Angullo lamentó que los concejales no adscritos recurrieran de forma reiterada a utilizar el Pleno "cual sala de juzgado", advirtiendo de que "la justicia no puede convertirse en un arma arrojadiza ni en un instrumento de desgaste político".

El PP, por su parte, se sumó al rechazo de la moción al considerar que la investigación se encontraba en un estado "muy inicial". La posición de ambos partidos fue determinante para que la alcaldesa pudiera continuar en el cargo.

Meses después, la investigación ha dado un giro sustancial. El juicio contra Antonia Alcázar y otros tres responsables municipales arranca este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, y la Fiscalía ya no investiga, sino que acusa. El Ministerio Fiscal pide para la alcaldesa tres años de prisión y doce de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. Tres vecinos se han personado como perjudicados y reclaman indemnizaciones por las molestias sufridas durante años.