Varias familias acudieron a la acampada

Las familias afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid han trasladado este jueves 1 de octubre de 2026 su reivindicación por la vivienda a la Puerta del Sol, sumándose a la acampada instalada en el centro de la capital. La presencia de vecinos de San Fernando de Henares y Coslada incorpora al debate una problemática que se prolonga desde hace casi dos décadas en el Corredor del Henares y que ha dejado a numerosas familias sin sus viviendas o pendientes de conocer el futuro de sus edificios.

Los afectados centran su demanda en quienes han tenido que abandonar sus casas, han perdido sus viviendas o necesitan una alternativa habitacional estable mientras continúan los procedimientos administrativos relacionados con los daños. En julio, el Ayuntamiento de San Fernando declaró la ruina física inminente de los edificios de los números 14, 16 y 18 de la calle Nazario Calonge, obligando a las familias residentes a desalojar, y en septiembre la Plataforma de Afectados volvió a reclamar soluciones habitacionales para estos vecinos.

Un informe psicosocial del Centro Sira, con 169 personas adultas participantes, reflejó que el 66% sufrió consecuencias económicas, el 86% considera que su vivienda perdió valor y el 90% vio alterada su vida cotidiana. Casi el 37% vivió separaciones familiares relacionadas con desalojos o reubicaciones y el 64% señaló consecuencias laborales. La Plataforma reclama un plan integral que aborde juntas las distintas situaciones: familias que perdieron sus viviendas, vecinos desalojados temporalmente, edificios pendientes de intervención y propietarios que esperan resolución en sus expedientes de responsabilidad patrimonial.

La Comunidad de Madrid mantiene abiertos distintos procedimientos y durante 2026 se han seguido publicando dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora relativos a propietarios y residentes de San Fernando afectados por las obras de la 7B. Los afectados insisten en que las medidas contemplen no solo los daños materiales, sino también las consecuencias habitacionales, familiares y económicas de los desalojos, y exigen una vivienda alternativa y estable que les permita recuperar unas condiciones de vida similares a las anteriores.