Dentro de una operación policial en Madrid, Toledo y Ávila

La Guardia Civil, a través del Seprona, ha llevado a cabo una operación denominada "Pox", que ha resultado en el desmantelamiento de una red criminal dedicada a la comercialización ilegal de productos cárnicos sin el debido control sanitario ni trazabilidad. Esta operación ha tenido lugar en varias provincias de España, incluyendo Madrid, Ávila y Toledo.

En total, cinco personas han sido detenidas, con orígenes diversos que incluyen nacionalidades española, china, árabe y senegalesa. Además, otras 12 personas están siendo investigadas en relación con la operación. Los detenidos formaban parte de una organización que introducía ganado caprino y ovino en la cadena alimentaria, específicamente en restaurantes asiáticos ubicados en los barrios madrileños de Usera y Fuenlabrada.

Los arrestados enfrentan múltiples cargos, que incluyen delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a un grupo criminal y blanqueo de capitales.

El matadero clandestino, situado en San Fernando de Henares, servía como el núcleo central de la operación. Desde allí, los animales eran transportados y sacrificados en condiciones deplorables, sin exámenes sanitarios y sin cumplir con la normativa de bienestar animal. Algunos de los animales eran llevados a un degolladero autorizado en Ávila, donde se realizaban actividades tanto legales como ilegales.

Durante la operación, se llevaron a cabo siete registros, que incluyeron cuatro domicilios y tres explotaciones ganaderas. Las autoridades intervinieron 10,000 euros en efectivo, documentación relevante, crotales y dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Lamentablemente, más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados debido a su estado crítico, que incluía inanición, malformaciones y enfermedades.

Nueve restaurantes asiáticos están bajo inspección, de los cuales cuatro han sido cerrados de manera cautelar. El principal investigado, que gestionaba el matadero en Toledo, no había registrado su explotación en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), lo que hacía que cualquier movimiento de animales desde esa instalación fuera ilegal. Junto a otro cómplice, utilizaban documentación falsificada para trasladar ovejas y cabras a los mataderos clandestinos.

La carne obtenida de estos animales era distribuida entre restaurantes y particulares a través de canales no autorizados. Se ofrecía en menús y se repartía a domicilio mediante plataformas digitales. La organización criminal operaba con una estructura jerárquica, donde cada miembro tenía un rol específico para evadir los controles de las autoridades y maximizar las ganancias económicas.

Los beneficios económicos de la red eran significativos. Compraban ganado a un precio de aproximadamente 40 euros por cabeza y lo vendían entre 90 y 100 euros. Este esquema también incluía prácticas de blanqueo de capitales, como pagos en efectivo y facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos.

La operación ha resaltado los riesgos asociados con el movimiento ilegal de ganado, que puede propagar enfermedades como la viruela ovina y caprina, que da nombre a la operación. Esto no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también puede causar pérdidas millonarias en el sector ganadero. La introducción de productos cárnicos sin trazabilidad y control veterinario pone en peligro la seguridad alimentaria, un pilar fundamental para la protección de la salud pública.

La operación Pox ha requerido la colaboración de Europol y otras unidades de la Guardia Civil, así como de la Policía Municipal de Madrid, para abordar la complejidad y el alcance de la red criminal.