El Gobierno Regional considera que no está suficientemente justificado

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) ratificaron este lunes un acuerdo de financiación de 40 millones de euros para la primera fase del cubrimiento de las vías del metro. El Consistorio presentó el acto como el pistoletazo de salida del proyecto "más importante y transformador de la ciudad", en palabras de la alcaldesa, Aída Castillejo, con una inversión total estimada en más de 100 millones de euros. La actuación cubrirá 2,5 kilómetros de la Línea 9B entre el polideportivo Cerro del Telégrafo y Rivas Futura, y creará un corredor verde de 2,5 kilómetros de longitud y 30 metros de ancho que conectará la zona residencial con el polígono.

Castillejo agradeció el apoyo del CEB y destacó que el Ayuntamiento también aportará recursos municipales. María Sigüenza, responsable del CEB en España, subrayó que la financiación está alineada con el objetivo de "crear sociedades más cohesionadas, inclusivas y resilientes". Es la primera vez que el CEB financia directamente una operación con el municipio. Pero conviene precisar una cosa: no es una subvención, es un crédito. 40 millones de euros que el Ayuntamiento tendrá que devolver. Y el proyecto, según el propio Consistorio, aún no cuenta con la autorización preceptiva de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la titularidad de la Línea 9B.

El mismo lunes, la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid emitió un informe desfavorable sobre el proyecto de ejecución. No es un capricho político: el documento señala "importantes carencias" en varios frentes.

Técnico y operativo: la documentación presentada "no analiza de manera completa las afecciones que las obras tendrían sobre la explotación de la Línea 9B ni concreta todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad, seguridad y correcta prestación del servicio durante la ejecución de los trabajos". Tampoco incorpora una valoración integral de las actuaciones y de los costes derivados.

Jurídico y patrimonial: el Ayuntamiento no acredita disponer de un título jurídico suficiente sobre los terrenos o aprovechamientos que pretende generar mediante el cubrimiento. La Comunidad advierte además de "posibles derechos de reversión derivados de los procesos expropiatorios" que afectan a los terrenos y que no quedan convenientemente resueltos.

Económico: la viabilidad del proyecto no estaría garantizada. La planificación municipal fía dicha viabilidad a la venta de terrenos o aprovechamientos cuya titularidad, como se ha dicho, no ha quedado acreditada.

La Comunidad no cierra la puerta a una futura actuación: el informe deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento presente una nueva propuesta que subsane las deficiencias. La reacción del Consistorio fue decir que no ha recibido ningún informe o comunicación oficial de la Consejería. La alcaldesa, que ya había respondido a una pregunta sobre un posible rechazo, pidió "un trabajo técnico" y que no se dieran "parones injustificados" sin criterio técnico. "Lo que no vamos a hacer es paralizar el proyecto porque la Comunidad de Madrid no quiere hacer ese aporte económico", subrayó.

El núcleo del conflicto es competencial. La titularidad de la Línea 9B y la competencia sobre su infraestructura son de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento no puede "cubrir" una infraestructura que no le pertenece. Su papel se limita a presentar proyectos y solicitar autorizaciones, algo que el propio Consistorio reconoce al haber registrado el proyecto ante la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad.

El Ayuntamiento registró el proyecto el 4 de marzo, lo que abrió un plazo de tres meses para que la Comunidad emitiera su informe. Lejos de obtener un "sí", la respuesta del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) fue que el proyecto no cuenta con informe favorable y sigue en fase de "valoración". El CRTM acusó al Ayuntamiento de generar una "percepción errónea" entre los vecinos con su exposición pública, ya que no existe "aprobación técnica definitiva que avale su viabilidad".

El cubrimiento no es una idea nueva. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004, aprobado por el propio Gobierno regional, ya contemplaba la integración urbana de la Línea 9 a su paso por el municipio. En 2019, el Ayuntamiento convocó un concurso público de ideas y el proyecto ganador se bautizó como 'Horizonte'. En 2022-2023 se adjudicó la redacción del proyecto básico. En julio de 2024, el Pleno municipal aprobó el Plan Especial, un paso clave que contó con informes favorables de la Comunidad, incluido el de impacto ambiental. Pero una cosa es el Plan Especial y otra el proyecto de ejecución. El primero pasó los filtros autonómicos. El segundo, no.

El choque tiene varias capas. La primera es la financiación: Rivas ha tirado de recursos propios (el crédito del CEB) sin depender del Gobierno regional. La segunda es la cuarta estación, en la calle José Saramago, una demanda histórica de Rivas que la Comunidad no ha atendido. La tercera es el transbordo de la L9: Rivas mantiene un litigio en el TSJM contra la Comunidad por el proyecto de una nueva estación en Los Berrocales, que, según el Ayuntamiento, forzaría un transbordo adicional para miles de vecinos que ya tienen que hacer uno en Puerta de Arganda.