La Comunidad denuncia al exdelegado del Gobierno por prevaricación

La resaca del accidente ferroviario de Urda (Toledo) sigue marcando la agenda política y mediática, y este viernes ha dejado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a los socialistas de no haber suspendido su campaña electoral porque "el Gobierno está filtrando los audios" del centro de control de Atocha para "salvarse" y desviar la atención sobre las responsabilidades del siniestro . Almeida ha ido más allá y ha reconocido que él tampoco subiría "tranquilo" a un tren de alta velocidad en estos momentos, tras ser preguntado por las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno. "Si yo fuera el PSOE, suspendería la campaña", ha insistido.

En el plano sanitario, los hospitales de la Comunidad de Madrid han atendido a un total de 98 pasajeros heridos, de los cuales cuatro permanecen ingresados en la UCI en los hospitales 12 de Octubre, Getafe, La Paz y Ramón y Cajal . La respuesta ciudadana ha sido masiva: más de 8.300 personas han donado sangre en los puntos habilitados por el Centro de Transfusión, que ha instado a seguir donando en los próximos días para garantizar las reservas .

La investigación técnica avanza. La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) ha recuperado las cajas negras de ambos trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil. El primer informe preliminar revela que la colisión se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, y describe cómo el coche de cabeza del AVE quedó empotrado en el coche de cola del Iryo, con ambos volcados al pie del terraplén . El informe también confirma que el sistema LZB ya estaba averiado a las 8:31 horas, lo que obligó a los trenes a circular bajo el protocolo de emergencia (BSL) .

En paralelo, ha trascendido que Adif prorrogó el sistema LZB, obsoleto desde hace años, sin una fecha clara de reemplazo por el ERTMS. La empresa pública reconoció en un documento interno que el sistema "se encuentra al final de su vida útil" y que su sustitución estaba prevista para 2026, pero los retrasos han dejado la línea Madrid-Sevilla operando con la tecnología de 1992 . El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar la marcha se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, acogiéndose a su derecho a no testificar .

En el plano institucional, la Comunidad de Madrid ha exigido la "inmediata asunción de responsabilidades" y el "total esclarecimiento" del suceso, mientras la Cámara de Comercio ha pedido una investigación a fondo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "recuperar la confianza quebrada" en el sistema ferroviario, y ha insistido en que su Ejecutivo "llegará hasta el final" para depurar responsabilidades .

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto cifra a la peor de las certezas: el número de víctimas mortales del accidente de Urda podría ser mayor que los 69 confirmados oficialmente. Durante la rueda de prensa posterior al Cecopi celebrado en Toledo junto a Pedro Sánchez, Page desveló que, además de los 68 cuerpos completos recuperados y la persona que falleció en el hospital, los equipos de emergencia han recogido "hasta 31 bolsas con restos parciales", lo que supone "una enorme complejidad a la hora de la identificación".

Esta fragmentación de los restos, consecuencia directa de la brutalidad del impacto y del posterior incendio de los vagones, es la que impide certificar un balance definitivo. "No sé si hay forma delicada [de decirlo]. Cuando hablamos de fallecidos estamos hablando de cuerpos completos", ha matizado Page, quien ha pedido "delicadeza" porque hay muchas familias esperando para identificar a los suyos, "y a ser posible que sean completos", aunque ha lamentado que "en algunos casos no va a ser posible".

La incertidumbre se refleja también en las cifras de la Guardia Civil. A los 69 fallecidos verificados por la autoridad judicial se suman 70 denuncias por desaparición activas, una diferencia que podría estrecharse o ampliarse en función de los resultados de las pruebas de ADN que se están cotejando. Hasta la fecha, y a la espera de que el Instituto de Medicina Legal de Toledo complete su trabajo, solo **13 personas han podido ser identificadas oficialmente**, lo que deja a decenas de familias sumidas en la incertidumbre más desgarradora.

La jornada del viernes ha dejado dos frentes abiertos que complican aún más la posición del Gobierno central. Por un lado, la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la acampada de la Puerta del Sol. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha enumerado los delitos que, a su juicio, se han cometido de forma continuada en el campamento: "agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid". La denuncia se ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid, y el Gobierno regional reclama también la dimisión de Pedro Sánchez y de Óscar Puente por la tragedia de Urda.

En el plano político, la oposición ha exigido responsabilidades de forma coordinada. PP, Más Madrid y Vox han coincidido en rechazar que el accidente se atribuya únicamente a un "error humano", y han reclamado una investigación a fondo que depure responsabilidades políticas. Feijóo ha pedido que "hablen los expertos" antes de sacar conclusiones, y ha reclamado la dimisión de Puente por su gestión de la crisis. El ministro, sin embargo, se ha atrincherado en su cargo: "Mi obligación es esclarecer lo sucedido, no dimitir", ha declarado. Puente ha vuelto a negar que se trate de un "error humano" y ha insistido en que la investigación determinará las causas.

En una comparecencia posterior, Puente ha anunciado que el Gobierno valora cerrar la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante un periodo de entre 12 y 24 meses para ejecutar las obras de renovación programadas. El ministro ha explicado que se trata de un modelo habitual en países como Alemania, donde se suspende el servicio para acelerar las obras, y ha negado que la decisión responda a motivos de seguridad. "Es una cuestión de puntualidad", ha afirmado, "porque las obras en banda de mantenimiento pueden llevar cinco años, y así las reduciríamos a la mitad". La medida, de confirmarse, afectaría a uno de los corredores ferroviarios más transitados de Europa y supondría un nuevo frente para los usuarios.

Mientras tanto, los controladores de Adif han denunciado que la empresa les está señalando como responsables del accidente y han exigido que se depuren responsabilidades "hasta el final". El trabajador que ordenó al AVE reanudar la marcha se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, y los sindicatos han reclamado que se investigue la cadena de mando. La Guardia Civil ha reanudado los trabajos en la zona del siniestro tras la recuperación de las cajas negras.

En el plano humano, Huelva ha despedido a Fátima Báñez. Familiares, amigos y compañeros del PP, como Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor y Javier Arenas, han acudido al tanatorio de Huelva para dar el último adiós a la exministra. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su "profunda tristeza, consternación y desolación" y ha trasladado su pésame a todas las víctimas del "horrible accidente". El entierro se celebrará en la intimidad en su pueblo natal, San Juan del Puerto.

En el plano político, la oposición ha exigido responsabilidades de forma coordinada. PP, Más Madrid y Vox han coincidido en rechazar que el accidente se atribuya únicamente a un "error humano", y han reclamado una investigación a fondo que depure responsabilidades políticas. Feijóo ha pedido que "hablen los expertos" antes de sacar conclusiones, y ha reclamado la dimisión de Puente por su gestión de la crisis. El ministro, sin embargo, se ha atrincherado en su cargo: "Mi obligación es esclarecer lo sucedido, no dimitir", ha declarado. Puente ha vuelto a negar que se trate de un "error humano" y ha insistido en que la investigación determinará las causas.

En el plano electoral, la Junta Electoral Central ha declinado la petición de Vox de excluir a varios candidatos de Bildu a los que el partido de Abascal achaca supuestos "delitos de sangre", así como su solicitud de ilegalizar la coalición abertzale. Los señalados eran Floren Aoiz (candidato al Senado por Navarra), Sonia Jacinto (Guipúzcoa) y Marije Fullaondo, todos ellos condenados en el pasado por pertenencia a organización terrorista. La JEC ha argumentado que no es competente para examinar las candidaturas, labor que corresponde a las Juntas Electorales Provinciales, ni para acordar la ilegalización de un partido, que es competencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo y solo puede ser instada por el Gobierno o el Ministerio Fiscal. La decisión supone un revés para la estrategia de Vox de intentar apartar a Bildu de las elecciones y deja la pelota en el tejado de las juntas provinciales, que son las que tienen la última palabra sobre la proclamación de las listas.

La tragedia ferroviaria de Urda sigue sumando nombres propios y frentes abiertos. En el plano humano, la familia taurina está de luto: **Antonio Vázquez**, apoderado del torero Pablo Aguado y hermano del matador retirado Curro Vázquez, ha fallecido en el accidente. Viajaba en el coche 8, el más afectado por el impacto, y tenía previsto desplazarse a Sevilla para reseñar varias corridas en la ganadería de Núñez del Cuvillo. Su hijo, Francisco Vázquez, confirmó la muerte alrededor de las 13:16 horas de este jueves, tras dos días de angustia e incertidumbre. La familia ha agradecido las "numerosas muestras de cariño" recibidas.

En el plano político, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha reclamado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "lo antes posible" tras el accidente. Colau considera que su continuidad en el cargo es insostenible y ha exigido responsabilidades políticas "hasta el final".

La Policía Nacional investiga las convocatorias de movilizaciones violentas para este fin de semana en Madrid y ya ha detenido a varias personas vinculadas a las revueltas, entre ellas el **líder del movimiento Blocus en España**. La convocatoria principal está desconvocada, pero circulan mensajes por redes y WhatsApp tanto para movilizarse como para no salir de casa. Muchos negocios del centro de Madrid están tomando medidas de precaución.

Las asociaciones de víctimas de los accidentes de Adamuz y Angrois han lanzado una advertencia tras la tragedia de Urda: "Las tragedias se repiten sin justicia ni responsabilidades". En un comunicado conjunto, rechazan que se atribuya lo ocurrido a un simple error humano, como ya se hizo tras Angrois, y denuncian que "misma vía, mismos trenes" siguen circulando sin las garantías necesarias. Recuerdan que hace apenas tres semanas alertaron en el Congreso de que podían producirse nuevos accidentes y exigen al Gobierno "responsabilidades, transparencia y una investigación independiente".

En paralelo, el diario ABC ha desvelado la politización de la cúpula de Adif durante los tres años de Puente al frente de Transportes. Según las informaciones, el ministro desmanteló la antigua dirección de técnicos para colocar a cargos del PSOE en los puestos clave. Entre los nombres destacados figuran el periodista **Salvador Almenar** (exgobierno de Ximo Puig) como director de comunicación y jefe de gabinete de presidencia; **Luis Pedro Marco** (exgobierno de Patxi López) como presidente de Adif, que diluyó la Dirección de Seguridad; **Concepción Casillas** (excandidata del PSOE en Ávila) como directora de Personas, que contrató a su propio hijo; y **Luis Llamas** como director de Planificación, cuyo nombramiento desencadenó una cascada de colocaciones de familiares. En total, más de una decena de nombramientos vinculados al PSOE en la cúpula del gestor ferroviario.