El Supremo valida menos de mil nietos de los 135.000 investigados

La política española ha vivido este miércoles un parón forzoso. El gravísimo accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha llevado a PP y PSOE a suspender sus agendas de precampaña, y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a aplazar el Consejo de Gobierno en el que iba a aprobar los Presupuestos regionales para 2027. "Lo importante ahora es servir a los afectados", ha justificado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El gesto se ha replicado en todos los ayuntamientos. La Federación de Municipios de Madrid (FMM) se ha sumado al minuto de silencio convocado por la FEMP para las 20:00 horas en las puertas de los consistorios. El Comité de Huelga de la educación pública madrileña también ha suspendido todos sus actos y ha llamado al profesorado a donar sangre. Los actos previstos para el 4 y 5 de noviembre, sin embargo, siguen en pie.

La actividad política, no obstante, ha seguido su curso por debajo de la superficie. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preparado una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por "inacción" ante la acampada de Sol, y ha asegurado que este "contestó al requerimiento cuando ya sabía que iba a dimitir". Almeida también ha reivindicado su candidatura a la Alcaldía en 2027, aunque ha pedido "no distraer la atención" del accidente. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha expresado su "profunda preocupación" por los actos de intimidación contra la jueza Beatriz Biedma, que investiga al hermano del presidente del Gobierno, y que ha denunciado una campaña con más de 30 quejas ante el CGPJ.

En el plano judicial, la exnovia de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, ha depositado en la Audiencia Nacional los 44.000 euros que cobró de empresas públicas como parte de la responsabilidad civil del caso Koldo. En clave de campaña, el PSOE ha anunciado que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen contra el PP por el vídeo generado con IA, mientras Irene Montero ha propuesto prohibir la especulación y expropiar a los fondos buitre para atajar la crisis de la vivienda.

La calle, por su parte, no se ha detenido. Los sindicatos policiales han sido desalojados de la sede del Ministerio del Interior tras su encierro, después de ser "ninguneados" por el Gobierno. Los agricultores han cortado el tráfico en Madrid con cerca de 500 tractores, y las plataformas universitarias se han concentrado frente a la Consejería de Educación contra la "asfixia económica" de la universidad pública.

La tragedia ha unido a todas las instituciones en el dolor. El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" y ha trasladado su apoyo a las víctimas, acortando un ejercicio militar en Valencia para regresar y seguir la evolución del siniestro. Pedro Sánchez ha suspendido su agenda y ha prometido "contundencia" si se confirman las negligencias. El PP, Vox, Podemos, Junts y el resto de formaciones han cancelado sus actos. La Comunidad de Madrid ha decretado tres días de luto.

Las movilizaciones sociales también se han detenido. Los médicos madrileños han suspendido las dos jornadas de huelga previstas para este jueves y viernes. Las plataformas universitarias han trasladado su concentración a la próxima semana. Y el Comité de Huelga de la educación pública ha cancelado todas sus movilizaciones. "Por respeto a las víctimas y sus familias", han coincidido todos.

La investigación se centra en el centro de control de Adif en Atocha. Según ha admitido el propio Ministerio de Transportes, el sistema de seguridad automática (LZB) falló a las 8:32. Seis trenes quedaron parados en un tramo de 69 kilómetros. A las 8:40, el operador autorizó la reanudación de la circulación "en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria", que exige que se haga a 40 km/h y con "marcha a la vista". En su lugar, el AVE circuló a 200 km/h y colisionó contra el Iryo ocho minutos después.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la decisión del centro de control de "inexplicable" y ha descartado dimitir: "Mi objetivo es esclarecer lo ocurrido y tratar de resolverlo". El operario que dio la orden está identificado y sometido a la investigación.

Si no fuera por la magnitud de la tragedia, la noticia del día habría sido otra. La Junta Electoral Central ha avalado la decisión de permitir votar el 29N a los hijos de las personas beneficiadas por la Ley de Nietos, una medida que afecta directamente al censo electoral y que ha pasado completamente desapercibida ante la gravedad del accidente de Urda.

La preocupación se extiende también al paradero de la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en el Iryo siniestrado y aún no ha sido localizada. La CEOE ha expresado su "consternación" y sigue pendiente de noticias.

Vox ha sido la única formación que no ha suspendido su agenda. Su líder, Santiago Abascal, ha mostrado su "rabia por el abandono, la ruina y la traición que sufren los españoles" y ha asegurado que no descansará hasta que el Ejecutivo "se siente en el banquillo". Feijóo, por su parte, ha exigido una auditoría ferroviaria y ha pedido saber "qué medidas se tomaron tras Adamuz". Frente Amplio ha reclamado "responsabilidades políticas a todos los niveles".

La investigación ha confirmado un nuevo dato clave que agrava la responsabilidad de Adif. El tren de Iryo **no reanudó la marcha porque aún no había recibido las instrucciones del centro de control de Atocha**, que sí había ordenado al AVE que venía por detrás que continuara. Según fuentes cercanas a la operadora, la maquinista del Iryo seguía en conversaciones con el centro de control cuando el AVE la embistió. Este hecho desmonta la versión de que el tren siniestrado pudo haber desobedecido las órdenes, y apunta directamente a un fallo en la cadena de mando de Adif.

Además, el **reglamento interno de Adif prohibía expresamente** que se autorizara la circulación de trenes cuando el sistema de señalización (LZB) estaba averiado sin adoptar medidas de seguridad adicionales. La orden de reanudar la marcha "con normalidad" y a 200 km/h contravino todos los protocolos, que exigían circular a 40 km/h y "a la vista".

La jornada ha dejado también otros frentes abiertos. El sindicato de maquinistas **Semaf ha convocado una huelga de 24 horas para este jueves** en todas las empresas de Renfe, con servicios mínimos del 75% en hora punta. El sindicato denuncia "bloqueo administrativo" y la paralización de los avances en seguridad ferroviaria. Cercanías Madrid ha advertido de que el servicio se verá "muy afectado" y recomienda buscar medios alternativos.

Además, un **tren de mercancías ha descarrilado** en la estación de Padre Pío, en Sevilla, obligando a suspender la circulación de la línea C4 de Cercanías. No hay heridos, pero el incidente ha vuelto a encender las alarmas sobre el estado de la red ferroviaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Puesto de Mando Avanzado de Urda y ha anunciado **tres días de luto oficial** (del 29 al 31 de octubre). "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", ha declarado, en referencia a la tragedia de Adamuz. El rey Felipe VI ha expresado su pésame a las víctimas y ha acortado su agenda para seguir la evolución del siniestro.

El PSOE ha pedido a sus trabajadores que abandonen la sede de Ferraz como medida de respeto, y todos los partidos han suspendido sus actos de campaña. A las 20:00 horas, los ayuntamientos de toda España han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.