El PP llevará a los tribunales a los Ministros que se negaron a acudir al Senado por la crisis de Ceuta

El curso judicial 2026-2027 ha comenzado con una intensidad que promete marcar la agenda política de los próximos meses. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han puesto en marcha varios de los procedimientos más relevantes del año, con el caso Plus Ultra, el caso Lezo y la investigación a Begoña Gómez como principales protagonistas.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y ha ratificado su versión de que la aerolínea pagó una comisión de 530.000 euros —el 1% del rescate público de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021— por la supuesta mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .

El directivo ha confirmado que recibió una llamada de Zapatero en abril de 2020 y que, tras ella, el presunto testaferro del exlíder socialista, Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito", se convirtió en el interlocutor de la aerolínea. Según su declaración, asumió que el pago iba destinado a lo que denominó "el grupo Zapatero", aunque ha reconocido que desconoce las gestiones concretas que realizó el expresidente .

La declaración de Martínez Sola es la primera de una ronda de comparecencias clave. Este martes será el turno del exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, mientras que el juez Calama ha autorizado a la UDEF a investigar decenas de cuentas de Zapatero, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y varias empresas vinculadas a la trama .

En otra sala de la Audiencia Nacional, ha arrancado este lunes el juicio del caso Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados por la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 .

El juicio, que se ha iniciado más de diez años después de que arrancase la investigación, no sienta de momento al expresidente madrileño Ignacio González, quien fue detenido en 2017 y pasó unos seis meses en prisión preventiva. González será juzgado a partir de octubre por otra de las ramificaciones del caso .

La Fiscalía Anticorrupción acusa a 22 personas, entre ellas Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, y pide penas de entre 6 y 7 años de prisión. También está acusado el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal, Arturo Canalda .

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha convocado una audiencia preliminar para decidir si la envía a juicio por un presunto delito de denuncia falsa. La citación se produce después de que el juzgado de Majadahonda la llamara a declarar como investigada el pasado 23 de octubre . La causa se originó por un incidente en un restaurante de Las Rozas en abril de 2026, cuando Vito Quiles grabó a Gómez sin su consentimiento. La denuncia de la esposa del presidente fue archivada, y Quiles presentó una querella por denuncia falsa que el juez ha admitido a trámite .

En el frente político, el Partido Popular ha anunciado que llevará al Gobierno al Tribunal Constitucional por los "plantones" de los ministros del Interior, Exteriores y Defensa al Senado para explicar la crisis migratoria de Ceuta . La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado que la ausencia de los ministros es una "auténtica vergüenza" y ha apelado al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. "No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria", ha remarcado .

La Audiencia Nacional ha vivido este lunes una jornada clave en dos de las investigaciones más relevantes del momento. Por un lado, el juez José Luis Calama ha desestimado el recurso presentado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la investigación de sus cuentas bancarias y las de su entorno. Por otro, la jueza María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, después de que la Fiscalía informara a favor de su competencia.

El juez Calama ha desestimado el recurso de Zapatero, que impugnaba la decisión de autorizar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a investigar sus cuentas bancarias y las de sus hijas, Alba y Laura, y de su secretaria Gertrudis Alcázar, todos ellos imputados en la causa. El juez sitúa al expresidente como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Zapatero argumentaba que la investigación vulneraba su derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva, y solicitaba que se acotase el tiempo de la investigación y que se suprimiera la referencia a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente, al considerar que "no son datos bancarios estrictos y afectan al secreto de las comunicaciones". El juez ha desestimado todas sus peticiones, señalando que la investigación queda delimitada por el perímetro fijado en la autorización judicial y que la extensión temporal "no constituye un exceso ni vulnera el principio de proporcionalidad". Calama ha enfatizado que "la pieza reservada acordada responde precisamente a la necesidad de evitar que datos sensibles o irrelevantes se incorporen al procedimiento principal".

En otra resolución, la jueza María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. En un auto, Tardón señala que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España" y que los efectos más relevantes se produjeron en territorio nacional. La Fiscalía había informado a favor de la competencia de Tardón, argumentando que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, "agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas", y en concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como supuesta organización o grupo criminal. La Fiscalía solicitó además que "dada la concurrencia de razones excepcionales", la jueza declare el secreto parcial de las actuaciones.

El arranque del curso judicial 2026-2027 ha puesto sobre la mesa una docena de casos de corrupción que afectan a todo el espectro político. Desde las tramas del PP que empezaron a investigarse hace una década hasta los escándalos que salpican al actual Gobierno de Pedro Sánchez. Este es el estado de la cuestión de los principales procesos judiciales.

El caso Lezo ha comenzado su primer juicio con 22 acusados, entre ellos dos exconsejeros de Ruiz-Gallardón, por la compra de la empresa colombiana Inassa por el Canal de Isabel II en 2001 con un presunto sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros. Ignacio González será juzgado el 13 de octubre por otra rama del caso, la de Canal Golf, donde la Fiscalía pide seis años de cárcel. Una tercera pieza, la compra de la empresa brasileña Emissao, está pendiente de fecha, con la Fiscalía pidiendo para González ocho años por aquella operación.

El caso Púnica tiene una condena firme: Francisco Granados fue condenado a dos años y medio de cárcel en julio de 2026 por el amaño de festejos en varios municipios madrileños a la empresa Waiter Music. Granados se enfrenta a otra pieza por supuestas irregularidades en suelo público e infraestructuras, donde la Fiscalía pide 42 años de prisión.

El caso Gürtel está en sus fases finales. Francisco Correa reconoció haber pagado comisiones a Luis Bárcenas por adjudicaciones de obra pública. Bárcenas confirmó que encargó a un preso destruir audios de Rajoy. El juez ha concedido la libertad condicional a Pablo Crespo tras más de 12 años en prisión.

El caso Villarejo y BBVA está pendiente de juicio. La Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de otros doce directivos y mandos policiales por contratar al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos ilegales, incluyendo seguimientos y consultas de bases de datos.

El caso Plus Ultra sigue en investigación abierta. El expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, declaró ante el juez Calama que pagó una comisión de 530.000 euros, el uno por ciento del rescate, por la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez sitúa a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias, ha desestimado su recurso contra la investigación de sus cuentas y ha autorizado a la UDEF a investigar 57 cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria Gertrudis Alcázar.

El caso Begoña Gómez está pendiente de juicio. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el juicio con jurado para la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado ha convocado una audiencia preliminar para decidir si la envía a juicio.

El caso Koldo y Mascarillas sigue en investigación abierta. El juez Ismael Moreno ha citado a declarar el 11 de septiembre a los considerados cerebros de la empresa Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche y Juan Carlos Cueto, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El caso Leire Díez está en investigación. La UCO vincula al PSOE con pagos de 43.225 euros a la exmilitante socialista a través de intermediarios. Leire Díez, que se dio de baja del partido en junio de 2025, niega haber actuado por encargo del PSOE.

El caso David Sánchez está en investigación abierta. El hermano de Pedro Sánchez está siendo investigado por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de prevaricación administrativa, con una posible pena de nueve años de inhabilitación por la creación de una plaza a medida en la Diputación de Badajoz.

El Partido Popular ha lanzado la web latramapsoe.es, en la que recopila 15 causas judiciales que afectan a 94 investigados, con un total de 19 tipos delictivos y una posible suma de penas de hasta 1.817 años de prisión. Los populares sostienen que el denominador común de todas estas causas es Pedro Sánchez. Entre los casos incluidos en esta iniciativa figuran los mencionados Koldo, Begoña Gómez, David Sánchez y Zapatero, a los que se suman los procedimientos contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la exmilitante socialista Leire Díez.

Además, la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta, que la jueza María Tardón ha decidido asumir en la Audiencia Nacional, se suma como un nuevo y complejo frente judicial para el Gobierno. La jueza Tardón considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio por imprudencia.