Juanma Serrano también fue presidente de Correos

La causa del 'caso Leire' ha dado un salto cualitativo este viernes. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha imputado a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, como pieza clave en la guerra sucia del PSOE. La decisión se ha tomado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación y el volcado de su teléfono móvil, tras un informe de la UCO que le sitúa en la cúspide de las denominadas 'cloacas' de Ferraz.

Según el último informe de la Guardia Civil, Serrano tuvo una "participación preeminente" en dos frentes: la colocación de Leire Díez en Correos y las maniobras posteriores para proteger al PSOE y al Gobierno de investigaciones judiciales. La UCO sostiene que el nombramiento de Díez fue "amañado" y orquestado por la trama Hirurok "en connivencia" con Serrano. Además, la trama habría manipulado licitaciones, como un contrato de consultoría de Correos adjudicado de forma fraudulenta a un bufete que redactó sus propios pliegos.

El informe sitúa el origen de la trama en una reunión celebrada el 26 de abril de 2024 en Ferraz, dos días después de que Sánchez anunciara su periodo de reflexión, a la que asistieron Serrano, Leire Díez, Santos Cerdán y otros implicados. La UCO ha pedido al juez acceso al iPhone de Serrano, que puede contener comunicaciones clave con los principales implicados.

En paralelo, Vox ha alertado de que el Gobierno está preparando una estrategia para denunciar el 'lawfare' y justificar un eventual rechazo al suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar a Pedro Sánchez. La portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha denunciado que el Ejecutivo está "preparando el camino para la rebeldía y la sublevación frente a la Justicia". El Reglamento del Congreso establece que el suplicatorio se entiende denegado si la Cámara no se pronuncia en 60 días. Para evitar que el PSOE "utilice las instituciones como medio para garantizar su impunidad", Vox quiere modificar el Reglamento para que la denegación solo pueda hacerse mediante votación expresa. El PP ya ha anticipado que el siguiente hito será la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso Leire. El juez Pedraz ya ha enviado a la UCO a Ferraz para reclamar documentación sobre la agenda institucional de Santos Cerdán, y sostiene que hay indicios de pagos del partido a Leire Díez para "actividades ilegales".

El suplicatorio no es un trámite administrativo. Es un filtro político que la Constitución puso en manos del Congreso para proteger a los diputados de posibles persecuciones judiciales. La intención original era noble: evitar que un poder judicial hostil pudiera procesar a un parlamentario por sus decisiones políticas. Pero el mecanismo tiene una debilidad estructural que ahora está en el centro del debate.

Cuando el Tribunal Supremo pide permiso al Congreso para investigar a un diputado, está pidiendo a la propia Cámara que decida si uno de sus miembros debe ser juzgado. Es decir, el Congreso actúa como juez de sus propios compañeros. Eso crea un conflicto de interés evidente:

- Los diputados del partido del investigado tienen un incentivo para votar en contra del suplicatorio, porque un procesamiento daña la imagen del partido y debilita su posición.
- Los diputados de la oposición tienen un incentivo para votar a favor, porque un procesamiento daña al partido rival.
- El resultado de la votación no depende de la solidez de los indicios judiciales, sino del cálculo político de cada grupo.

La trampa está en el Reglamento del Congreso: si la Cámara no se pronuncia en 60 días, el suplicatorio se entiende denegado. Eso significa que, si un partido con mayoría suficiente quiere proteger a uno de los suyos, no necesita votar en contra. Solo necesita no votar a favor y dejar que el tiempo pase. La denegación por silencio es un veto en toda regla, pero sin necesidad de que nadie vote en contra.

Eso es exactamente lo que Vox ha denunciado. La portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado que el Gobierno está "preparando el camino para la rebeldía y la sublevación frente a la Justicia". Y la propuesta de su grupo es modificar el Reglamento para que la denegación solo pueda hacerse mediante votación expresa y pública, impidiendo que el silencio administrativo sirva como un escudo.

Desde la década de los 90, el Congreso no ha rechazado ningún suplicatorio. De las cerca de cincuenta peticiones tramitadas desde 1979, se ha aceptado alrededor del 70%. El caso más reciente y conocido es el del exministro José Luis Ábalos, cuyo suplicatorio fue aprobado por unanimidad. Pero ese precedente no garantiza que el de Pedro Sánchez vaya a seguir el mismo camino.

Si el PSOE decide que el coste político de procesar a Sánchez es mayor que el de bloquear el suplicatorio, puede optar por la vía del silencio: no llevar el suplicatorio a votación y dejar que los 60 días pasen. En ese escenario, el presidente del Gobierno se convertiría en un aforado que no puede ser juzgado mientras esté en el cargo, independientemente de la gravedad de los indicios que haya contra él.

Vox ha presentado una propuesta para modificar el Reglamento del Congreso y evitar que la denegación por silencio sea posible. El PP ha respaldado esa iniciativa en el Pleno, y ha anticipado que el siguiente hito será la imputación del PSOE como organización en el 'caso Leire'. La estrategia de la oposición es clara: forzar una votación pública y que cada diputado asuma la responsabilidad de proteger o no a su líder.

El suplicatorio es una figura que nació para proteger la democracia, pero que puede convertirse en un instrumento de impunidad si el Congreso decide utilizarlo así. La clave no está en la ley, sino en la voluntad política de los diputados. Si el PSOE decide que proteger a Sánchez es más importante que la separación de poderes, el suplicatorio se convertirá en un blindaje. Y el público general, que no entiende de tecnicismos jurídicos, verá cómo el Congreso se protege a sí mismo mientras la justicia queda en suspenso.