Los sindicatos fijan la huelga general para el 11 de noviembre, 24 horas antes del inicio de la campaña electoral; mientras Frente Amplio se debate entre Mónica García y Ada Colau

El fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España, fue anunciado este 7 de octubre de 2026, después de que su desahucio el 23 de septiembre, tras 70 años viviendo en su hogar, desatara una ola de protestas y movilizaciones en todo el país. El desalojo, ejecutado por un fondo de inversión conocido como fondo buitre, provocó manifestaciones multitudinarias y acampadas en plazas que llevaron a un debate nacional sobre la crisis de la vivienda, y la presión social fue tan intensa que Urbagestión, la empresa responsable, llegó a un acuerdo con los representantes de Maricarmen que le habría permitido regresar a su hogar una vez que abandonara el hospital.

Desde el Sindicato de Inquilinas se expresó que esta solución llegó demasiado tarde y se calificó la situación de absolutamente evitable y el proceso de torturante. En un comunicado, el sindicato lamentó el fallecimiento y recordó su legado de lucha, destacando que los eventos desencadenados por su desahucio marcan un antes y un después en la historia del país, mencionando su impacto en la agenda política, con un adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general.

A pesar de su fallecimiento, el Sindicato se comprometió a continuar la lucha por el derecho a la vivienda, tal y como Maricarmen siempre había solicitado, y subrayó que su ejemplo de valentía y su legado perdurarán en la lucha contra la especulación y en defensa de los derechos de los inquilinos. El comunicado concluyó con un llamamiento a la acción, instando a la comunidad a luchar por lo que es suyo en honor a Maricarmen, y la familia, la abogada y el sindicato prometieron seguir defendiendo estos derechos con la misma fuerza y valentía que ella demostró. Su historia se convierte así en un emblema de resistencia y en un recordatorio de la necesidad de seguir luchando por la justicia social en el ámbito de la vivienda.

La crisis de la vivienda en España ha llevado a la convocatoria de una huelga general para el miércoles 11 de noviembre, impulsada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de exigir medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna y salarios adecuados para afrontar sus costes. La movilización se enmarca en un contexto de creciente preocupación social por el encarecimiento de la vivienda y llega después de que la protesta por el desalojo de Maricarmen se materializara en una acampada en la Puerta del Sol, un episodio que ha catalizado la indignación popular y ha impulsado la organización de la protesta.

La convocatoria ha suscitado críticas de las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, que argumentan que el conflicto relacionado con la vivienda no debería trasladarse a las empresas, ya que consideran que la responsabilidad de encontrar soluciones recae principalmente en los poderes públicos. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha señalado que autónomos y pequeños empresarios enfrentan los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de la población, pero ha defendido que las empresas carecen de las herramientas necesarias para abordar esta problemática y ha recordado que, aunque los salarios se incrementan por encima del IPC, el precio de la vivienda está absolutamente desbocado, por lo que ha instado a buscar soluciones a través del diálogo y la negociación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, representada por su presidente Miguel Borra, ha anunciado que no apoyará la huelga general, argumentando que CSIF es un sindicato profesional e independiente que defiende cuestiones laborales y no se alineará con indicaciones políticas, especialmente en un contexto electoral como el actual. La huelga del 11 de noviembre tiene como propósito fundamental colocar la problemática de la vivienda en el centro del debate social y económico, justo dos días antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, y las organizaciones convocantes buscan que se tomen medidas efectivas ante las dificultades de acceso a la vivienda ampliamente denunciadas.

Más Madrid ha propuesto que la coalición Sumar, ahora conocida como Frente Amplio, presente a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, como candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, con una lista electoral para la capital catalana. La propuesta es significativa porque rompe la tradición de que el candidato a la Presidencia ocupe el primer puesto en la lista por Madrid, y plantea que la ministra de Sanidad, Mónica García, encabece la lista del Frente Amplio por Madrid, seguida de Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño.

Más Madrid fundamenta su propuesta en los principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal, ejes de trabajo de los cuatro partidos que conforman el Frente Amplio: Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes. La decisión de ceder la candidatura a la Presidencia a Barcelona se enmarca en la búsqueda de una representación equitativa y confederal y supone, a juicio de la formación, un paso histórico hacia una configuración territorial más inclusiva y representativa del país.

Ada Colau y Mónica García han sido identificadas como las dos opciones más viables para liderar la lista del Frente Amplio, y ambas han mostrado disposición a asumir el reto, lo que indica un consenso entre los partidos sobre la necesidad de una representación fuerte y unificada para las elecciones. La propuesta marca un cambio significativo en la política española y refleja la evolución de las dinámicas políticas y la importancia de la representación territorial en el contexto actual.