Pide medidas cautelarísimas al Tribunal Contencioso Administrativo

La Comunidad de Madrid, liderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado este jueves 1 de octubre de 2026 al Tribunal Contencioso Administrativo la adopción de medidas cautelarísimas para disolver la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, que considera “ilegal”. El recurso, presentado por la Abogacía General de la Comunidad, argumenta que la ocupación excede los límites constitucionales y legales del derecho de reunión y que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tiene la obligación de actuar para prevenir y vigilar la situación sin margen de discrecionalidad.

Durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, Ayuso criticó la “inacción” del delegado y aseguró que la acampada “nunca se debió permitir”, reclamando el desalojo para garantizar el paso de ambulancias y la vida cotidiana de comerciantes y viandantes. La presidenta recordó una advertencia previa de su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien anunció que, si no se tomaban medidas para desalojar el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, la Comunidad acudiría a la Justicia.

El recurso detalla afecciones a dos Bienes de Interés Cultural (BIC): la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño. Un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español señala que se han observado personas trepando por la fachada de la Casa de Correos, con riesgo de daños estructurales, y que la escultura ha sufrido intentos de desvirtuación, colocación de pegatinas y otros objetos que requieren restauración. La ocupación de la totalidad de la plaza ha dificultado la visión y el acceso al espacio histórico y ha generado un ambiente de desorden que afecta a ciudadanos y comerciantes.

La portavoz municipal de Madrid, Inma Sanz, también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, ha advertido este jueves 1 de octubre de 2026 de que la “dejación de funciones e inacción” del delegado del Gobierno, Francisco Martín, podría conllevar responsabilidades penales por los daños patrimoniales derivados de la acampada en la Puerta del Sol. Sanz ha anunciado que, una vez el Ayuntamiento acredite los daños, se formalizarán sanciones por el perjuicio causado a los monumentos de la plaza, incluyendo incumplimientos de ordenanzas municipales y posibles delitos penales relacionados con edificios protegidos como la Real Casa de Correos y el Oso y el Madroño.

La edil ha subrayado el compromiso del Consistorio con ejercer todas las acciones necesarias para recuperar y defender el patrimonio municipal, que considera objeto de vandalismo. El Ayuntamiento planea sancionar todos los incumplimientos que puedan ser probados, en un contexto en el que la situación ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las autoridades y la protección del patrimonio cultural en el centro de la capital.