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29
Abr
2022
Sánchez aprueba por la mínima su último decreto de medidas económicas PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los Diputados Los independentistas entran por primera vez en la Comisión de Secretos Oficiales

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con amplio apoyo de los grupos parlamentarios, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Ahora que será remitido al Senado para completar su tramitación.

El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.

El proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que sin duda contribuirá a alcanzar el objetivo de garantizar conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.

El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de co-inversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) -tan necesarias para el 5G-, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.

Por primera vez, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Además, el proyecto de ley establece, también por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Por otra parte, se refuerzan los derechos de los usuarios y se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización.

En el ámbito de la portabilidad, también se introducen nuevos derechos en beneficio de los usuarios, tales como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.

También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, ya que se introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos.

El servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros. Además, se refuerza la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee. La velocidad mínima de acceso a una internet de banda ancha se fija en 10 Mbps y se prevé su incremento a 30 Mbps.

En lo que se refiere a las comunicaciones de emergencia, se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que realicen una llamada al 112. El proyecto de ley también incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso. Así, los operadores de telecomunicaciones deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

La Ley General de Telecomunicaciones es una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, forma parte del componente 15 "Conectividad, 5G y Ciberseguridad", que prevé la inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. Se trata del quinto componente con mayor peso presupuestario del Plan.

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 8/2022, de 5 de abril, que facilita la contratación indefinida en las instituciones del Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación como universidades, centros de investigación, fundaciones y consorcios.

En concreto, este Real Decreto Ley, impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades, introduce una modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.

Durante su intervención ante el pleno, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que esta norma, que se ha convalidado en el Congreso sin ningún voto en contra, garantiza mayor estabilidad en la carrera profesional en instituciones públicas del ámbito de la I+D+I.

Asimismo, Morant ha señalado que esta medida protege a los investigadores e investigadoras y al personal técnico y de gestión que hoy en día encadenan contratos temporales. También evita la paralización de las contrataciones laborales en el Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La figura contractual contemplada en el Real Decreto Ley recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Además, estos contratos de duración indefinida, alineados con la reforma laboral, no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.

En su intervención, Morant también ha recordado que este Real Decreto Ley permite adelantar la modalidad de contrato indefinido que ya estaba contemplada en el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

El Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido en el Congreso las medidas que, ha dicho, solo tienen un propósito: "proteger y ayudar a los españoles frente al impacto de una guerra en las puertas de la Unión Europea."

Por ello, el ministro de la Presidencia ha recordado a los diputados que los ciudadanos los eligieron como sus representantes "para que les ayuden y les faciliten su vida y lamento decir que quienes hoy votan que no a este Decreto, están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al Gobierno".

Bolaños ha asegurado que los gobiernos no eligen las crisis que van a tener que gestionar, pero sí la manera en la que se enfrentan a ellas "y la receta de este Gobierno es proteger y ayudar a personas y empresas fortaleciendo el estado de bienestar y profundizando en la modernización de la economía avanzando en la digitalización y la transición ecológica".

El ministro ha explicado en su intervención las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde hace meses y que se han visto reforzadas a raíz de la guerra de Ucrania. "La realidad es que vamos al súper y llenar el carro de la compra sale más caro; vamos a la gasolinera y llenar el depósito de gasolina también cuesta más. Agricultores, pescadores, transportistas han visto incrementados sus costes y por eso desde el Gobierno, hace meses que estamos adoptando medidas para proteger el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los ciudadanos". En este sentido el ministro ha recordado las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de la energía que han reducido un 60% la factura eléctrica y que han supuesto 7.000 millones de ahorro para las familias y las empresas, desde que las medidas entraron en vigor en 2021.

Medidas de apoyo en cuatro bloques Félix Bolaños ha analizado en su intervención las medidas del Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que se estructura en 4 bloques: energético, transportes, apoyo a empresas y autónomos, y apoyo a trabajadores y personas vulnerables.

1. Medidas en el ámbito energético

·        Se mantiene la rebaja fiscal en la factura de la luz y se respalda la competitividad de la industria electrointensiva, con la reducción hasta final de año del 80% de los peajes. Estas medidas supondrán un ahorro de unos 225M€, que beneficiará a 600 empresas.

·        La norma también incluye ayudas directas a empresas gasintensivas, de sectores como el papel y el cartón, el vidrio o la cerámica. Son 125M€ que beneficiarán a unas 1.600 empresas (el 88% pymes). También se regulan los beneficios de la producción eléctrica. Esta medida permitirá liberar 1.800M€ y destinarlos a rebajar la factura de la luz.

·        En línea con las políticas de transición energética y sostenibilidad, el RDL permite agilizar los proyectos de energías renovables.

2. Medidas en materia de transportes

·        En el ámbito del transporte por carretera, se han adoptado un conjunto de medidas pactadas, con una inyección de más de 1.000M€ al sector. Se disponen ayudas directas por importe de 450M€ a empresas y autónomos transportistas. Así, por cada camión, los transportistas recibirán 1.250 euros y por cada furgoneta, 500 euros.

·        La norma también se dirige específicamente a apoyar el transporte marítimo y, entre otras medidas, se rebajan tasas portuarias.

3. Medidas de apoyo a empresas y autónomos.

·        Se destinan 10.000M€ en avales para dar liquidez a empresas y autónomos.

·        Además, se aprueban ayudas directas a los sectores productivos más afectados. 169M€ para la producción de leche de ganado vacuno, ovino y caprino, que afectan a unos 19.000 beneficiarios en total. 193,4M€ para agricultores y 68M€ para pescadores. En ese importe se incluyen compensaciones por los costes adicionales de producción hasta julio y ayudas directas, que beneficiarán aproximadamente a 7.600 barcos.

·        El RDL incluye también medidas específicas para el sector cinematográfico y de la propiedad industrial, un sector de gran importancia, en pleno proceso de recuperación tras verse muy afectado durante la pandemia.

4. Medidas de apoyo a trabajadores y personas que más lo necesitan

·        Descuento de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Hay que destacar el enorme esfuerzo de la Administración para implantar esta medida pues ya se han abonado más de 300 M€ de anticipo a estaciones de servicios y compañías, el 97% de las que lo han solicitado.

·        Límite a la subida de precio de los alquileres, por tres meses, fijada en un máximo del 2%. Para un alquiler de 600 euros, la medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.

·        En el ámbito laboral, el Gobierno mantiene la política de proteger a los trabajadores en tiempos de dificultad y por ello se establece la prohibición del despido para empresas que reciban ayudas directas o ERTE con apoyo público.

·        También se incluye una subida extraordinaria en la prestación del Ingreso Mínimo Vital del 15 %. El IMV ya está dando cobertura a más de un millón de personas. Cabe destacar el tratamiento especial a las mujeres víctimas de trata, a las que se les está facilitando el acceso al IMV y la derivación a los recursos asistenciales mediante un proceso más ágil.

·        Se ha ampliado el bono social eléctrico a 600.000 familias, de manera que llegará a 1,9 millones de hogares. Además, se reducen los requisitos para acceder al bono y se amplía a convivientes que no formen una unidad familiar.

·        Finalmente, el RDL incluye medidas específicas para los desplazados ucranianos, con cantidades adicionales para sufragar su atención. De manera especial, se adoptan medidas para la protección de los menores de edad, acompañados o no, y de posibles víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

El ministro ha puesto en valor en su intervención el acuerdo político que España y Portugal han conseguido en Europa sobre el precio de la energía. Tras un arduo proceso de negociación en Bruselas, se podrá limitar el precio del gas, que actualmente está en 90€ al entorno de los 50€ por MWh, empezando por 40 MWh.

En suma, el RDL desarrolla un Plan muy ambicioso que va a movilizar 16.000 M€ para combatir los efectos de la guerra (10.000 M€ de la línea ICO y 6.000 M€ para ayudas directas y rebajas fiscales).

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado  la Ley de Ciberseguridad 5G que establece los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes 5G. La norma ha alcanzado un amplio respaldo, con 312 votos a favor.

La norma se encuentra en vigor desde el 31 de marzo tras aprobar el Gobierno el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, acelerando el proyecto de ley en el que estaba trabajando ante el incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques que pueden producirse en el nuevo escenario geoestratégico que ha provocado la agresión a Ucrania. La norma, que tenía que ser ratificada en el Congreso, ha recibido el visto bueno de la Cámara Baja por amplia mayoría y permitirá establecer un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios.

La Ley de Ciberseguridad 5G incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. La caja de herramientas identifica las principales amenazas y vulnerabilidades, los activos más sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.

Como novedad, la norma establece un Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G que tendrá en cuenta los análisis realizados por los operadores de red acerca de las vulnerabilidades y amenazas a la red 5G.

También establece un procedimiento y unos criterios para que se puedan clasificar a los suministradores de bajo, medio y alto riesgo. Los operadores de redes públicas 5G no podrán usar equipos de suministradores de alto riesgo en el núcleo o core de la red, en su sistema de gestión de red y en determinadas ubicaciones de la red de acceso.

Esto afecta tanto a redes o elementos de red ya instalados, -si se usan para tecnología 5G-, como a las nuevas redes 5G que se instalen. Si los operadores se vieran obligados a sustituir los equipos, productos o servicios proporcionados por dichos suministradores, disponen de un plazo de cinco años para llevar a cabo la sustitución en los elementos críticos de red.

Asimismo, los operadores deben analizar su dependencia en la cadena de suministros y están obligados a incluir medidas para limitar la dependencia de un solo suministrador y restricciones para los suministradores que sean calificados de alto riesgo.

El 5G es la quinta generación de tecnología móvil que, por sus características técnicas, permite conexiones permanentes, ubicuas, de gran capacidad y a gran velocidad entre personas y máquinas.

El impulso al despliegue de la tecnología 5G es una de las prioridades del Plan de Recuperación y la Ley de Ciberseguridad 5G es una de las reformas comprometidas en el Plan.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado los tres reales decretos-leyes sobre la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, seguridad de las redes y servicios de comunicaciones y contratación laboral del Sistema Español de Ciencia. Asimismo, se ha iniciado una nueva sesión plenaria a la elección de los diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022.

El Pleno ha convalidado el primer real decreto-ley "por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania". El texto ha quedado convalidado con 176 votos a favor, 172 en contra y 1 abstenciones. Asimismo, ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Este real decreto-ley trata de "limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad". Las medidas contempladas tienen por objeto la bajada de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables, así como el refuerzo de la estabilidad de precios, entre otros.

Asimismo, el Pleno ha convalidado el real decreto-ley "sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación". El texto ha quedado convalidado con 312 votos a favor, 19 en contra y 18 abstenciones. Asimismo, ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El segundo real decreto-ley busca "impulsar una seguridad integral del ecosistema generado por la tecnología 5G", y reforzar la seguridad en la instalación y operación de estas redes de comunicaciones. Además, tiene como objetivo promover un mercado de suministradores ¿suficientemente diversificado¿ para garantizar la seguridad basada en razones técnicas, estratégicas y operativas, reforzar la protección de la seguridad nacional y fortalecer la industria y fomentar las actividades de I+D+i nacionales en ciberseguridad relacionadas con la tecnología 5G.

También ha convalidado el real decreto-ley "por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación". El texto ha quedado convalidado con 342 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones. Asimismo, ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El tercer real decreto-ley se fundamenta en la "urgente necesidad de proceder a aprobar medidas para asegurar la adecuada contratación, dotada de las garantías precisas, del personal dedicado a la realización de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, a fin de cohonestar" la reforma laboral, con la dotación de una ¿necesaria estabilidad en las relaciones laborales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez finalizado el período transitorio previsto en el propio real decreto-ley¿. Para ello modifica diversas normas jurídicas y entre ellas, las leyes 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la 14/2007 de investigación biomédica.

El Pleno ha aprobado el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en su reunión del martes 26 de abril, así como las enmiendas que se hayan mantenido vivas, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

Por último, la sesión plenaria de hoy, jueves 28 de abril, también aprobó la avocación a Pleno del Proyecto de Ley que modifica la Ley 13/2011, de regulación del juego, que en el caso de ser aprobada, el debate de dicha iniciativa será sometido tras su paso por ponencia y comisión al Pleno de la Cámara.

Una vez concluido la sesión plenaria de hoy, se ha llevado a cabo un nuevo Pleno para proceder a la elección de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 26 de abril de 2022. De acuerdo con dicha resolución, cuando una materia ha sido clasificada como secreta, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada grupo parlamentario, que serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría absoluta.

Mediante voto secreto en urna, han sido elegidos diez diputados: Héctor Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista; Cuca Gamarra, del Grupo Parlamentario Popular; Iván Espinosa de los Monteros, del Grupo Parlamentario VOX; Pablo Echenique, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Gabriel Rufián, del Grupo Parlamentario Republicano; Miriam Nogueras, del Grupo Parlamentario Plural por Junts per Catalunya; Edmundo Bal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco; Mertxe Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Albert Botrán, del Grupo Parlamentario Mixto por CUP.

De acuerdo con el procedimiento, cada grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, ha intervenido un máximo de cinco minutos. Cada diputado ha podido escribir en su papeleta hasta diez nombres de diputados. Han resultado elegidos aquellos diez diputados, uno por cada grupo parlamentario, que han obtenido los mayores resultados alcanzando la mayoría absoluta.

La Sesión de Control al Gobierno comenzó el miércoles 27 de abril, a las 9 horas con las preguntas formuladas por los diputados a los miembros del Ejecutivo. En concreto, en esta Sesión de Control, respondieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

También lo hicieron el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

La Sesión de Control continuó con las interpelaciones urgentes del Grupo Popular en el Congreso "sobre la crisis energética"; del Grupo VOX "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la soberanía energética de España"; y del Grupo Republicano "sobre la calidad democrática del Estado español".

Además, se reanudó la sesión plenaria del día anterior con el debate de las mociones consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular "para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar para combatir la escalada de precios y evitar que la economía española entre en un escenario de estanflación; del Grupo Vox, "sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para evitar que el Gobierno de España siga dinamitando la democracia española; y del Grupo Mixto, "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para minimizar los efectos que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en los distintos sectores económicos de nuestro país, particularmente de Navarra".

Estas tres mociones, junto con la que se debatió el martes, 26 de abril, "sobre las declaraciones del Presidente del Gobierno contra la energía nuclear", presentada por el Grupo Ciudadanos, serán votadas en la sesión de hoy, jueves 28 de abril, así como las proposiciones de ley y no de ley que se debatieron ayer.

El Pleno del martes, 26 de abril, debatió la Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias, del Grupo Popular y la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, del Grupo Vox. Ambas han sido rechazadas.

La primera iniciativa tenía por objeto "desarrollar un marco normativo que asegure una mayor colaboración por parte de las Administraciones públicas, en todos los procesos publicitarios relacionados con materias sanitarias, así como determinar las diversas vías en las que se pueden materializar los procesos publicitarios a fin de conseguir que todas las comunicaciones comerciales en materia sanitaria sean exactas y verídicas en cuanto al contenido y adecuadas en cuanto a la forma, para fomentar la seguridad del paciente".

La segunda iniciativa proponía modificar el artículo 245 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para "agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales".

También se celebró el martes el debate de dos proposiciones no de ley. La primera, del Grupo VOX, relativa a exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. La segunda, del Grupo Popular, sobre apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania. Ambas también han sido rechazadas.

 

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