El Gobierno da luz verde a la Ley de Desperdicio Alimentario sin el apoyo de los servicios jurídicos de la Cámara

El Congreso de los Diputados ha experimentado una jornada marcada por la tensión y las controversias, donde se ha debatido un proyecto de ley sobre el desperdicio alimentario. Esta sesión es notable porque, por primera vez en la historia democrática reciente de España, se ha aprobado un proyecto de ley en el que se han excluido enmiendas previamente aprobadas por el Senado. Este hecho ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad y el procedimiento seguido por la Mesa del Congreso.

Y las enmiendas rechazadas sin debate no son cualquier cosa. El Gobierno decidía tumbar la propuesta, aprobada por el Senado, para rebajar el IVA de los alimentos.

Pero aún hay más, pues la sesión volvió a poner de manifiesto la debilidad de la mayoría de investidura, al sumar Junts y PNV sus votos a los de PP y VOX para tumbar la creación de la Agencia de Salud Pública que, todo apuntaba, iba a dirigir Fernando Simón; y negarse, todos los partidos de izquierdas, al aumento del gasto militar ya comprometido por Sánchez ante Bruselas.

El proyecto de ley, que aborda el desperdicio alimentario, llegó al Congreso tras ser aprobado en el Senado con varias enmiendas. Sin embargo, la Mesa del Congreso decidió excluir cuatro de estas enmiendas, una acción que se realizó en contra del criterio del letrado mayor, Fernando Galindo, quien advirtió que esta decisión era contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional. Esta exclusión ha generado un fuerte rechazo por parte del Partido Popular (PP) y otros grupos parlamentarios como ERC y Junts.

El PP, cuyos miembros en la Mesa se opusieron a la decisión del PSOE y Sumar, solicitó una reunión urgente del órgano rector del Congreso. En su petición, argumentaron que la decisión de excluir las enmiendas debería ser reconsiderada y que el debate sobre la ley de desperdicio alimentario debería ser aplazado hasta que se resolviesen los recursos presentados. El PP invocó el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, que permite modificar el orden del día a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la cámara.

A pesar de las reclamaciones del PP y otros grupos, el PSOE optó por avanzar con el debate, convocando una reunión de la Junta de Portavoces. Al no alcanzar la unanimidad necesaria para modificar el orden del día, el PSOE decidió seguir adelante, ignorando las solicitudes de aplazamiento y generando un clima de frustración y descontento entre los grupos opositores.

El PSOE se apoyó en el artículo 67.4 del Reglamento del Congreso, que permite la inclusión de un asunto en el orden del día por razones de urgencia y unanimidad. Sin embargo, este artículo se refiere a la inclusión de nuevos puntos y no a la eliminación de los ya establecidos, lo que es competencia exclusiva del Pleno. Por otro lado, el artículo 68.1 establece que el orden del día puede ser alterado por acuerdo del Pleno, a solicitud de una parte significativa de los diputados, lo que fue invocado por el PP y otros grupos.

El conflicto central radica en la interpretación del artículo 134.6 de la Constitución, que establece que el Senado no puede levantar el veto del Gobierno sobre enmiendas sin su consentimiento. Las enmiendas que habían sido excluidas fueron inicialmente registradas en el Congreso, donde el Gobierno ya había ejercido su derecho de veto. Sin embargo, estas enmiendas fueron nuevamente aprobadas en el Senado, lo que llevó a la Mesa del Congreso a tomar la controvertida decisión de excluirlas al regresar la ley.

Durante la sesión plenaria, la tensión fue palpable. El portavoz del PP, Miguel Tellado, solicitó formalmente la aplicación del artículo 68.1, pero el presidente accidental del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no le permitió intervenir hasta que se abordara el punto en cuestión. Esto provocó protestas en el hemiciclo, donde los miembros del PP expresaron su desacuerdo de manera enérgica.

Tellado acusó al PSOE de incurrir en "prevaricación", señalando que la decisión de excluir las enmiendas era ilegal. A pesar de las advertencias del letrado mayor sobre la falta de legalidad en la maniobra, el PSOE continuó con su postura, lo que ha llevado a un debate sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por la Mesa del Congreso.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Tras pronunciarse sobre las enmiendas del Senado, el texto está listo para su publicación en el BOE y su entrada en vigor. Esta iniciativa tiene por objeto “la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta al objetivo sobre el sistema alimentario de producción y consumo responsables de la Agenda 2030”.

Además, la Cámara ha rechazado el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, tras la votación de las enmiendas y el debate del dictamen de la Comisión de Sanidad. El Pleno también ha aprobado, por 340 votos a favor y 5 abstenciones, la avocación del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.

Además, la Cámara ha aprobado este martes la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley. La primera, presentada por el Grupo Junts Per Catalunya, es la Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles. La segunda iniciativa, del Grupo Socialista, se trata de Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales.

La sesión plenaria comenzó con el debate de estas tomas en consideración. La iniciativa relativa a las medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal comienza su tramitación por 300 votos a favor y 44 en contra, mientras que la iniciativa relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales ha sido tomada en consideración por 177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones.

Posteriormente, la Cámara debatió dos proposiciones no de ley: la primera, del Grupo Socialista, para adaptar la Ley 49/60, sobre propiedad horizontal, a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, que ha sido aprobada por 166 votos a favor, 33 en contra y 147 abstenciones. La segunda, del Grupo Popular, sobre reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación transatlántica, fue rechazada.

Respecto a las mociones, la Cámara debatió cuatro a lo largo de la Sesión Plenaria: la primera, del Grupo Mixto, sobre “la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América”, que fue objeto de votación separada por puntos, de los cuales se aprobaron tres; la segunda, del Grupo VOX, sobre las “medidas que adoptará el Gobierno para la restauración de las zonas arrasadas por la gota fría en Valencia”, que fue rechazada; la tercera, del Grupo Mixto, sobre “la criminalidad en nuestro país y las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para dar respuesta al aumento de ésta en España y, particularmente, en Navarra”, que fue rechazada por el Pleno de la Cámara; y la cuarta, del Grupo Popular, relativa “a las cesiones que acaba de realizar el Gobierno en materia de inmigración y fronteras”, que también fue objeto de votación separada por puntos, aprobándose uno de ellos.

El miércoles, a su vez, se celebró la sesión de control al Gobierno, donde se formularon las preguntas e interpelaciones a los miembros del Ejecutivo. Esta semana contestaron a las preguntas de los diputados el presidente del Gobierno; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro del Interior; la ministra de Defensa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; el ministro de Industria y Turismo; la ministra de Igualdad y la ministra de Juventud e Infancia.

Después se debatieron tres interpelaciones urgentes. La primera, del Grupo Republicano, sobre las causas y asunción de responsabilidades con relación a la agravación del caos ferroviario que sufrimos en Cataluña. La segunda, del Grupo VOX, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para evitar la pérdida de soberanía que sufre España. Y la tercera, del Grupo Popular, a la ministra de Defensa sobre la nueva programación militar de la defensa y el nuevo concepto de seguridad y defensa de su Gobierno.