Ayuso convoca una reunión extraordinaria del Observatorio de Violencia de Género

El Gobierno de España ha enfrentado una serie de derrotas significativas en el Pleno del Congreso, culminando en tres reveses importantes en una sola sesión. Estas derrotas incluyen la caída de una ley crucial para el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la aprobación de una iniciativa de Junts que endurece los permisos de paternidad para temporeros migrantes.

La proposición de ley para que Cataluña asumiera la gestión de la inmigración, respaldada por el PSOE y Junts, fue rechazada el martes. Esta iniciativa fue derrotada por los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y dos diputados de Sumar, lo que marca la tercera semana consecutiva en que una ley impulsada por el Gobierno o sus aliados es desestimada.

En la segunda jornada del Pleno, se llevó a cabo la censura de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a su gestión de las pulseras para maltratadores. Esta reprobación fue apoyada por PP, Vox, UPN y la abstención de Junts y ERC, convirtiéndose en el tercer miembro del Gobierno reprobado en esta legislatura. La iniciativa de Junts para endurecer los permisos de paternidad para temporeros migrantes fue aprobada, recibiendo el apoyo de PP, Vox y UPN, mientras que los partidos del Gobierno se opusieron a la medida.

En lo que va de legislatura, el PSOE ha visto caer un total de cuatro decretos leyes importantes:

Reformas en el Servicio de Justicia y Función Pública (diciembre de 2023).

Gravamen a empresas del sector energético y un catálogo de medidas sociales (enero de 2025).

Refuerzo del sector eléctrico (julio de 2024).

Agencia Estatal de Salud Pública, que fue posteriormente recuperada con éxito.

Además, el Gobierno también tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo en mayo de 2024 debido a la falta de apoyos.

El Congreso ha rechazado varias proposiciones de ley del Grupo Socialista, que incluyen:

Lucha contra la prostitución.

Reforma de la ley de Extranjería.

Testamento vital.

Propuesta de vivienda pactada con el PNV.

También se han rechazado iniciativas de sus socios, como una ley sobre alquiler de temporada.

A pesar de la oposición del PSOE, el PP ha logrado que se tramiten seis de sus proposiciones de ley, que abarcan temas como la protección del lobo ibérico, el aumento de profesionales sanitarios en verano, y la autorización del Congreso para el envío de material militar al extranjero. Muchas de estas iniciativas han avanzado gracias a la abstención de Junts.

La oposición ha utilizado diversas tácticas para obstaculizar las iniciativas del Gobierno, incluyendo la presentación de enmiendas en leyes del Gobierno y la ampliación de plazos de presentación para frenar el avance de las propuestas. Esto ha permitido que algunas leyes no avancen, a pesar de contar con el apoyo de la mayoría.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, realizó una serie de críticas contundentes hacia el gobierno español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, en relación con la gestión de la violencia de género y la efectividad de las pulseras antimaltrato.

García Martín censuró lo que considera una "pasividad" y una "indolente mirada" del presidente Sánchez frente a los fallos detectados en el sistema de pulseras antimaltrato. En su opinión, este gobierno, que se autodenomina el "más feminista de la historia", ha causado un daño significativo a las mujeres, especialmente a aquellas que son víctimas de violencia de género.

El consejero exigió que el presidente Sánchez "pida perdón" a las mujeres que han sufrido violencia, argumentando que el gobierno ha fallado en proteger a este grupo vulnerable. García Martín enfatizó que es crucial conocer el impacto de estos fallos, incluyendo cuántas mujeres han quedado sin protección y cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos.

El consejero anunció que el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer se convocará de forma extraordinaria el lunes 29 de septiembre. Durante esta reunión, se espera que se adopte un acuerdo que solicite al gobierno central información detallada sobre la gestión de la violencia de género y los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato.

García Martín subrayó la necesidad de obtener respuestas sobre varios aspectos críticos:

Número de mujeres sin protección: Es fundamental saber cuántas mujeres han quedado desprotegidas debido a los errores en el sistema.

Impacto en procesos judiciales: Se necesita información sobre cuántos casos han sido archivados o han resultado en absoluciones de maltratadores, tal como lo denuncia la Fiscalía en su memoria anual.

Beneficios para maltratadores: Es crucial conocer cuántos maltratadores se han beneficiado de estos fallos.

García Martín exigió una "gran auditoría" que contraste con la "pequeña investigación" solicitada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El consejero instó a que se asuman todas las responsabilidades de aquellos que, según él, han puesto en peligro la vida de muchas mujeres.

El consejero también criticó otras legislaciones, como la "Ley del sólo Sí es Sí", que, según él, ha resultado en la reducción de condenas para agresores sexuales y la excarcelación de violadores. Además, cuestionó las leyes relacionadas con la abolición de la prostitución, sugiriendo que su implementación ha sido inconsistente y ha generado más víctimas.

El debate en el Congreso de los Diputados ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Partido Popular (PP) y el Gobierno español, específicamente en torno a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La discusión ha girado en torno a la eficacia de las pulseras antimaltratadores y las políticas de igualdad implementadas por el Gobierno.

El Partido Popular ha lanzado acusaciones contundentes al Gobierno, afirmando que ha dejado "abandonadas" a las mujeres que sufren violencia de género. La diputada Marta González Muñoz ha interpelado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cuestionando su conocimiento sobre las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar a sus agresores, subrayando el miedo que sienten y cómo, a menudo, el sistema les falla.

González Muñoz ha denunciado que ha habido casos de mujeres que, creyéndose protegidas por el Gobierno, han estado desprotegidas. Ha señalado que la ministra Ana Redondo fue advertida por varias instituciones, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, sobre fallos en el sistema de pulseras antimaltratadores. La diputada ha criticado la minimización de estos fallos por parte del Gobierno, cuestionando la afirmación de que solo un 1% de los casos presentaban problemas, y ha calificado este porcentaje como inaceptable.

La diputada del PP ha insistido en que el Gobierno no asume su responsabilidad en estos temas y ha criticado la falta de dimisión de la ministra de Igualdad. Además, ha mencionado otras leyes, como la "ley del solo sí es sí", que, según ella, ha permitido la liberación de agresores sexuales, y ha cuestionado la falta de recursos para la "ley ELA". González Muñoz ha tildado al Gobierno de "corrupto e hipócrita".

María Jesús Montero ha respondido a las acusaciones del PP defendiendo que las mujeres han estado protegidas en todo momento. Ha calificado las afirmaciones del PP como una "alerta social infundada" que solo busca causar un mayor dolor a las víctimas. Montero ha criticado al PP por utilizar el tema de la violencia de género como un medio para generar alarma social, similar a lo que ocurrió con la ley del sí es sí.

Montero ha acusado al PP de difundir "bulos" y de tener un problema con el feminismo, citando su pacto con un partido que niega la violencia machista. También ha señalado que el PP ha votado en contra de medidas que promueven la igualdad salarial y ha instado al partido a respaldar la futura ley de abolición de la prostitución, planteando un desafío sobre quién realmente apoya a las mujeres.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido un intercambio de reproches con Pepa Millán de Vox, quien ha acusado al Gobierno de ser un "peligro para las mujeres" por la supuesta ineficacia de las pulseras antimaltratadores. Millán ha cuestionado la responsabilidad del Gobierno en la liberación de agresores, contrastando su postura con la demanda de Vox de cadena perpetua para estos delitos. Gabriel Rufián, de ERC, ha calificado la situación con las pulseras antimaltrato como "grave" y ha expresado la intención de escuchar a la ministra de Igualdad antes de pronunciarse sobre el tema, subrayando la seriedad de la cuestión.