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14
Abr
2026
Peinado manda a Begoña al banquillo por cuatro delitos PDF Imprimir E-mail
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Es la primera vez en la Historia de España que la mujer de un Jefe de Gobierno será juzgada

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras dos años de investigación, y ha propuesto enviarla a juicio ante un jurado popular por cuatro presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida . El magistrado ha decidido archivar el delito de intrusismo profesional por considerar que los indicios eran "endebles" .

La decisión, adoptada el pasado 11 de abril y notificada este lunes 13 mientras la pareja presidencial se encontraba de viaje oficial en China, concede un plazo de cinco días a las partes para que presenten sus escritos de acusación . Peinado también procesa a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés .

El procedimiento se inició el 16 de abril de 2024, cuando Peinado admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios . Aquel movimiento desencadenó una crisis institucional sin precedentes, con el anuncio de los "cinco días de reflexión" de Pedro Sánchez el 24 de abril de hace dos años .

Desde entonces, la causa ha navegado entre informes contradictorios y la oposición frontal de la Fiscalía y las defensas, que desde el primer momento solicitaron el archivo por falta de indicios . Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación del magistrado el 29 de mayo de 2024, y desde entonces ha respaldado el fondo de las pesquisas, aunque corrigiendo en numerosas ocasiones la "forma heterodoxa" de instruir de Peinado .

Principales hitos de la instrucción

Julio de 2024: Begoña Gómez declara por primera vez como investigada, acogiéndose a su derecho a no declarar. Juan Carlos Barrabés pasa de testigo a investigado .

30 de julio de 2024: Pedro Sánchez declara como testigo en el Palacio de la Moncloa, acogiéndose también a su derecho a no declarar contra su esposa .

Octubre de 2024: El magistrado amplía la investigación a la presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un software de la Complutense .

Enero de 2025: Peinado desplaza el foco a la presunta utilización de recursos públicos de Moncloa para la cátedra de Begoña Gómez. La asesora Cristina Álvarez pasa de testigo a investigada .

Septiembre de 2025: El juez propone que el caso sea enjuiciado por un jurado popular y cita a los imputados en sábado, una dinámica que después se repetiría .

Noviembre de 2025: La Audiencia Provincial anula la decisión del juez de investigar la malversación por separado y le insta a unificar el procedimiento .

Enero de 2026: La Audiencia anula, por falta de motivación, la resolución que transformaba la causa en procedimiento de jurado, obligando a Peinado a detallar los indicios .

1 de abril de 2026: En pleno Miércoles Santo, Peinado celebra una vista de cuestiones previas. Las defensas presentan una batería de recursos para ralentizar el procedimiento .

13 de abril de 2026: Peinado dicta el auto de procesamiento, cerrando la instrucción .

Los cuatro delitos que se le imputan

Tráfico de influencias: Peinado sostiene que Begoña Gómez aprovechó "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional" . El juez considera que desde la llegada de Sánchez a la Presidencia, "se tomaron determinadas decisiones públicas favorables" a la cátedra que Gómez codirigía en la Complutense . Las "cartas de apoyo" firmadas por Gómez en favor de la UTE vinculada a Barrabés son uno de los indicios clave .

Corrupción en los negocios: El magistrado sostiene que Gómez fue "la impulsora de la captación de fondos privados" para la cátedra y que ofreció como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas patrocinadoras, todas ellas partícipes en procedimientos de licitación pública .

Malversación: Peinado sostiene que Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto" . Se refiere a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, a quien el juez considera "cooperadora necesaria" del desvío de fondos públicos .

Apropiación indebida: El juez sostiene que Gómez registró la marca y adquirió el dominio web del software desarrollado en la cátedra (transformatsc.org) y constituyó una sociedad mercantil de la que es administradora y socia única . La defensa alega que el software era gratuito y sin ánimo de lucro .

Peinado ha decidido archivar este delito "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos, y existiendo contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego" por parte de la investigada . El intrusismo se refería a la firma de los pliegos técnicos para contratar el software, una acción que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM le ordenó realizar por ser la jefa de la unidad .

El auto de 38 páginas  ha generado especial controversia por sus referencias históricas. Peinado afirma que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica" . Fuentes de Moncloa han calificado estas expresiones de "impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes" .

El magistrado Juan Carlos Peinado cumple 72 años el próximo 27 de septiembre, fecha de su jubilación forzosa . Esta circunstancia ha impreso un ritmo acelerado a una instrucción en la que el juez ha intentado dictar el auto de apertura de juicio oral antes de su retiro, mientras las defensas despliegan una estrategia dilatoria para que sea otro instructor quien herede la causa .

Si Peinado no prorroga la instrucción (algo que debe decidir el próximo 16 de abril, justo dos años después del inicio del caso), dictará en breve un auto de apertura de juicio oral que sentaría a los tres encausados en el banquillo antes de su jubilación . Si, por el contrario, opta por la prórroga, la investigación se extenderá más allá de septiembre y será un nuevo juez quien herede una causa de miles de folios .

El Gobierno ha mostrado su indignación por el auto. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su "confianza absoluta" en que un tribunal superior "vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción" . Bolaños insistió en que "en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer" . El PSOE ha calificado el caso como una "estrategia de la derecha y la ultraderecha y sus terminales políticas y mediáticas" .

El PP ha calificado de "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" Begoña Gómez. La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, se preguntó si alguien conoce a algún otro primer ministro cuya esposa haya sido llamada a testificar por amaño de contratos públicos desde la sede de la Presidencia . Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, consideró que Gómez es "la punta del iceberg" de la "mafia" del PSOE y aseguró que existen "sobradas evidencias" para procesarla .

Sumar recibió el procesamiento con prudencia pero subrayó que la instrucción de Peinado es "cuestionable", y Más Madrid señaló que la trayectoria del juez en esta causa ha suscitado un "cuestionamiento significativo" por parte del Poder Judicial .

El "calvario judicial" del matrimonio Sánchez no se limita a este caso. El juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos por el 'caso Koldo' está en marcha, y en mayo está previsto el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por presuntos delitos en su puesto en la Diputación de Badajoz .

La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá el auto. Su abogado, Antonio Camacho, denunció que el procedimiento era un constante "déjà vu" y una "pesadilla" sin garantías jurídicas, y alertó de que el magistrado persigue "otra cosa" que no es Justicia .

El futuro de la causa es incierto. Si Peinado logra dictar la apertura de juicio oral antes de su jubilación, el caso llegará al banquillo con un jurado popular. Si no, será otro juez quien herede una investigación que ya ha marcado la legislatura y que seguirá alimentando la confrontación política durante meses. Mientras tanto, la defensa confía en que las instancias superiores revisen al alza unos indicios que considera inexistentes, y la acusación confía en que, por primera vez, la justicia ordene sentarse en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno.

 

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