Por su presunta participación en la contratación de la asesora

El juez Peinado ha citado a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Se le acusa de haber participado en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, para que atendiera a Begoña Gómez en su rol como esposa del presidente, durante su periodo como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

La querella presentada por Vox sostiene que Martín Aguirre era el responsable jerárquico de Cristina Álvarez y que tanto él como Álvarez y Gómez podrían ser responsables de delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El juez Peinado ha explicado que el delito de malversación abarca un amplio espectro de bienes y recursos públicos, incluyendo dinero, bienes muebles y cualquier tipo de activo que forme parte del patrimonio público. Se enfatiza que este delito también incluye situaciones en las que se utiliza a empleados municipales para fines privados.

A pesar de las acusaciones, el juez ha determinado que ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez pueden ser imputadas por malversación. Peinado indica que no hay suficientes indicios de que Gómez participara en el nombramiento o en el pago de los emolumentos de Álvarez. Se limita a hacer uso de sus servicios profesionales, lo que no conlleva responsabilidad penal.

El juez ha desestimado la imputación del delito de tráfico de influencias, argumentando que no se ha identificado a ninguna persona que haya ejercido influencia sobre quien decidió el nombramiento de Álvarez. Por lo tanto, no se puede atribuir responsabilidad penal a Gómez, Álvarez ni a Martín Aguirre en este aspecto.

En cuanto al delito de prevaricación administrativa, el juez ha señalado que los hechos denunciados no constituyen más que una irregularidad en el nombramiento, que no supera el ámbito de una infracción administrativa. Por ello, la querella por este delito no ha sido admitida a trámite.

Con la reciente decisión del juez, ya son seis las personas investigadas en este caso. Además de Francisco Martín Aguirre, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, se encuentran en la lista Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Juan José Güemes, directivo del IE Business School; y Juan Carlos Barrabés, empresario. El juez ha optado por citar a Gómez y Aguirre directamente como investigados, mientras que otros cuatro han sido imputados tras ser llamados a declarar como testigos.

La causa se inició en abril de 2024, tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Begoña Gómez de utilizar su posición para recomendar a empresarios en licitaciones públicas. Posteriormente, el juez ha ampliado la investigación a raíz de nuevas querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, relacionadas con irregularidades en la contratación de la asesora y en el registro de un software de una cátedra que Gómez dirigía.

Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, se pronunció sobre su situación legal en una rueda de prensa tras ser citado como investigado en el 'caso Begoña Gómez'. Martín expresó que tiene "la conciencia muy tranquila" y confía en que su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, programada para el 14 de mayo, aclarará cualquier duda sobre su implicación en el caso. Aseguró que su participación en la contratación de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fue en el ejercicio de sus funciones como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

El delegado del Gobierno también agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido de compañeros y amigos en estos momentos difíciles. Reiteró su disposición de colaborar con la justicia, manteniendo su compromiso de dar explicaciones ante el juez, sin entrar en detalles sobre el caso en la rueda de prensa.

El PSOE-M, a través de su 'número 2', Pilar Sánchez Acera, ha defendido a Aguirre, afirmando que "no hay nada" en su contra. Según la federación madrileña del partido, la imputación del delegado es un "intento miserable de construir bulos y mentiras" con el objetivo de atacar a un gobierno que consideran legítimo. Esta declaración se realizó en un contexto donde la oposición política, en este caso representada por Vox, ha presentado una querella que ha llevado a la investigación del delegado.

El secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido una "aclaración inmediata" de la situación. Ha instado a Francisco Martín a presentarse ante el juez el 14 de mayo para proporcionar toda la información necesaria sobre su implicación en el caso. Serrano ha criticado a Martín por su falta de valentía, sugiriendo que, a pesar de ser "valiente" al atacar a otros políticos, ahora debe demostrar esa misma gallardía al enfrentarse a la justicia.

Serrano ha expresado su descontento con la actitud de algunos políticos que, en situaciones similares, han optado por no recordar o no testificar. Esta crítica se dirige no solo a Martín, sino también a otros miembros del Gobierno que han evadido responsabilidades en el pasado. El mensaje es claro: el PP de Madrid espera transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos.