La sentencia no es firme y puede ser recurrida

La justicia ha rechazado la reincorporación de Luis Antonio Moreno Pascual, exjefe de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, a su antiguo puesto, al encontrarse bajo investigación por presuntas agresiones sexuales. El Ayuntamiento de Torrejón había denegado su solicitud de regreso al servicio activo, planteada tras su dimisión el 25 de febrero como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, y en su lugar le asignó provisionalmente otro puesto dentro del grupo A1, una decisión fundamentada en un informe de la Comisión Instructora y de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual y por Razón de Sexo que concluyó que su reincorporación podría generar un conflicto al coincidir con las denunciantes mientras la investigación judicial sigue en curso.

El 10 de septiembre, la Plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid desestimó el recurso presentado por Moreno Pascual y le impuso las costas judiciales, lo que indica que el tribunal consideró infundadas sus pretensiones. Esta sentencia se centra en la legalidad de la decisión del Ayuntamiento sobre su destino profesional y es independiente de la investigación penal que se sigue por las denuncias de agresiones sexuales presentadas por una agente de la Policía Local y una conserje municipal, referidas a presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2020 y 2022.

El excomisario argumentó que la decisión del Ayuntamiento vulneraba varios de sus derechos fundamentales y en su recurso solicitó la anulación de la resolución, su reincorporación al puesto y una indemnización por daños y perjuicios, pero el juzgado ha desestimado todas esas solicitudes. La sentencia no es firme, ya que Moreno Pascual tiene la opción de presentar un recurso de apelación ante una instancia superior, lo que podría prolongar el proceso legal, en un caso que pone de manifiesto la complejidad de los procedimientos judiciales en casos de acoso y agresiones sexuales en el ámbito laboral y que refleja un esfuerzo por proteger a las denunciantes y garantizar un entorno laboral seguro.