 Una asociación denuncia que las bases son arbitrarias y vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad
En plena Semana Santa Torrejón sacaba a concurso las plazas de Secretario e Interventor, después de varios años de interinidad. Y este concurso ha levantado una polémica de imprevisibles consecuencias, pues la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local anunciaba que había interpuesto un recurso ante unas bases que considera son arbitrarias y vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad.
"La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local APSITAL, interpone recursos de reposición frente a las convocatorias de libre designación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que exigen como requisito una experiencia de diez años en municipios de más de 130.000 habitantes por su carácter arbitrario y desproporcionado. APSITAL ha interpuesto dos recursos de reposición contra sendas resoluciones de la Dirección General de la Función Pública ambas de fecha 2 de abril de 2025 por las que se convocan mediante el sistema de libre designación los puestos de Secretaría e Intervención clase 1 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz", explica la Asociación en un comunicado.
"En ambas convocatorias se exige acreditar una experiencia mínima de diez años en puestos similares en municipios con población superior a 130.000 habitantes. APSITAL considera que tal requisito carece de justificación normativa adecuada y presenta un carácter arbitrario y desproporcionado. La exigencia impugnada, al imponer una barrera tan rígida, no guarda relación razonable con las funciones de los cargos convocados y excluye injustificadamente a numerosos funcionarios habilitados que cuentan con la capacitación legalmente exigida. En este sentido la Asociación considera que dichos requisitos lesionan los principios constitucionales y legales de igualdad, mérito y capacidad y restringen de forma injustificada la libre concurrencia de funcionarios habilitados de carácter nacional. Una convocatoria de Empleo Público debe regirse por criterios objetivos y transparentes. Sin embargo el criterio poblacional exigido en estas bases introduce un sesgo arbitrario que contraviene los principios de publicidad y concurrencia previstos en el ordenamiento jurídico", afirman.
"La Asociación hace un llamamiento a la reflexión y al compromiso con la legalidad en la elaboración de las convocatorias públicas de empleo. APSITAL confía en que las instancias competentes velarán por ajustar los criterios de selección al ordenamiento jurídico vigente, evitando prácticas que puedan afectar los principios constitucionales consagrados. Este posicionamiento refleja nuestro firme propósito de defender los derechos del colectivo de habilitados nacionales y de promover procedimientos de acceso al empleo público que sean verdaderamente abiertos y justos en beneficio del interés general y del correcto funcionamiento de la Administración", concluyen. |
