El juez le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa

El Tribunal de Instancia de Arganda del Rey ha finalizado una investigación penal contra Fernando Villalain González, alcalde de Morata de Tajuña, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Esta investigación se relaciona con la contratación y uso de una gradería desmontable municipal.

La investigación se inició tras la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento el 5 de abril de 2024, que incluía modificaciones de crédito superiores a 480.000 euros para la instalación de una gradería desmontable destinada a espacios multiusos. Este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, lo que indica que se siguieron los procedimientos administrativos necesarios para su aprobación.

La contratación de la gradería se realizó mediante una convocatoria pública, siendo adjudicada a la única empresa licitadora, Plazas de Toros Ocón S.L., por un importe de 390.710 euros, sin incluir IVA. El contrato fue formalizado el 3 de junio de 2024 y se estableció un plazo de ejecución de tres meses.

La gradería fue instalada y utilizada durante las festividades locales, que tuvieron lugar del 9 al 15 de septiembre de 2024. Sin embargo, se destaca que la instalación se realizó sin contar con un proyecto de ejecución y aprobación formal. A marzo de 2025, dicho proyecto seguía pendiente de recepción y aprobación.

El auto judicial incluye declaraciones del arquitecto municipal, quien indicó que había emitido informes sobre el incumplimiento de las normativas durante la ejecución de las obras y que fue apartado de la supervisión del proyecto. Se documenta la existencia de informes desfavorables, uno de los cuales, fechado el 2 de octubre de 2024, advertía que la instalación no cumplía con los requisitos exigidos.

La magistrada ha considerado que, tras analizar las diligencias realizadas, hay indicios suficientes para atribuir provisionalmente al alcalde un delito de prevaricación administrativa, conforme al artículo 404 del Código Penal.

Como resultado de esta resolución, el juez ha enviado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares que se han personado en el caso. Estas partes tienen un plazo de diez días para presentar un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o para pedir el sobreseimiento de la causa.