El juez acepta las medidas cautelares pedidas por los afectados tras reabrir la causa contra el equipo de Botella

En plena campaña electoral de las Municipales la Audiencia Provincial de Madrid tomaba una decisión que, de haberse conocido, pudiese haber dado un vuelco al paso por las urnas, y es que los jueces consideraron que debía reabrirse la causa contra Ana Botella y la Junta de Gobierno de Madrid por la venta de 1.860 viviendas al fondo buitre Fidere, por la que se enfrentan a posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales y fraude.

Pero la noticia no se ha conocido hasta ahora, y por culpa del juzgado de primera instancia que, tras la decisión de la Audiencia Provincial, ha vuelto a investigar el caso. Así, el juzgado número 38 de Madrid impide a Fidere vender ninguna de esas viviendas compradas en 2013, por si hubiese una sentencia condenatoria que anulase la compra obligando a revertir la situación al momento previo a la compra.

Las medidas cautelares dictadas por el juez son consecuencia de la petición de la asociación de afectados, que son parte interesada en el caso. En concreto, el auto establece que Fidere no podrá proceder a ninguna enajenación o gravamen de contratos de arrendamiento sobre los inmuebles.