Un edificio de Lavapiés, desalojado por riesgo de derrumbe
Una violenta revuelta de más de 70 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha dejado tres policías heridos, uno de ellos grave tras sufrir la fractura de tibia y peroné, además de lesiones en una mano. Los otros dos presentaban contusiones y otros daños de menor gravedad, según publica El Mundo. El motín estalló después de que un interno venezolano se autolesionase y el resto de los internos creyera que había sido agredido por los agentes.
Todo comenzó cuando un interno de origen venezolano se autolesionó dentro de su habitación, en el CIE. Fue atendido por los policías del propio complejo y por facultativos médicos del Samur-PC, que lo terminaron derivando a un hospital. Al ser trasladado, el resto de internos creyeron que había sido agredido por los policías, lo que desencadenó un violento motín en el que participaron unos 70 internos. Este tuvo inicio en el comedor del centro. Posteriormente, los internos arrancaron dos puertas de los aseos y prendieron fuego a varias papeleras y mobiliario.
Los policías del CIE fueron los primeros en hacer frente a la revuelta, hasta que llegaron agentes de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional, que tomaron el control de la situación y pusieron fin a los altercados. El balance de heridos se saldó con tres agentes heridos.
Un edificio situado en el número 35 de la calle Ave María de Madrid, en el céntrico barrio de Lavapiés, ha tenido que ser desalojado esta madrugada tras detectarse daños estructurales en el techo del inmueble que elevaban el riesgo ante un posible derrumbe. Fuentes policiales consultadas por Europa Press inciden en que por el momento ha sido una familia la que ha tenido que ser desalojada, mientras que al resto de vecinos se les ha recomendado hacer una maleta por si fuera necesaria su evacuación.
Los hechos se produjeron sobre las 6.35 horas, cuando parte del techo del inmueble de uno de los pisos cayó, si bien afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Bomberos de Madrid examinaron el edificio y encontraron más grietas en el inmueble, por lo que se movilizó al Samur Social para acompañar a la familia afectada, que ha tenido que ser realojada. El resto de los vecinos han sido notificados de un posible desalojo y se les ha recomendado hacer una maleta y reunir sus enseres.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha señalado que en estos momentos los Bomberos del Ayuntamiento y los técnicos de Control de la Edificación mantienen desalojadas las 30 viviendas del inmueble hasta comprobar el alcance de los posibles daños estructurales, valorar las grietas detectadas y decidir qué medidas tomar. "Son 30 viviendas las que hay en el edificio y es el edificio completo de momento. Vamos a ver qué es lo que nos plantea ahora Control de la Edificación, pero de momento se ha desalojado todo el edificio", ha señalado en declaraciones a los medios desde la Universidad Complutense.
Preguntada por las posibles causas del incidente, la vicealcaldesa ha indicado que el Consistorio no tiene información de que se estuvieran realizando obras en el edificio, aunque ha apuntado a un posible deterioro estructural, que está siendo estudiado por los técnicos. "No tenemos todavía la decisión definitiva que pueda tomar Control de la Edificación sobre si es necesario el desalojo completo ya durante días o cuál va a ser la situación a partir de ahora", ha señalado Sanz, quien ha pedido dejar trabajar a los Bomberos y a los técnicos municipales para esclarecer el estado del edificio y adoptar las medidas necesarias.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de atracar dos veces la misma joyería del distrito madrileño de Ciudad Lineal en menos de una semana y sustraer en el segundo asalto joyas por valor de casi 300.000 euros, además de dinero en efectivo que pudo ser devuelto a la joyería tras el arresto. El primer robo tuvo lugar el 30 de octubre, cuando el individuo entró en el local y, cuchillo en mano, amenazó a la empleada mientras colocaba piezas de oro en uno de los mostradores.
El atracador se hizo con las joyas, obligó a la trabajadora a entregarle la recaudación y huyó a la carrera. Las pesquisas puestas en marcha tras aquel suceso permitieron identificar rápidamente al presunto autor, que apenas unos días después, el 3 de noviembre, volvió a asaltar el mismo negocio con un 'modus operandi' similar, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
En esta ocasión, el atracador se hizo con un botín valorado en unos 300.000 euros y dinero en efectivo, y volvió a huir del lugar en esta ocasión rumbo a una vivienda de su entorno familiar, donde tenía la intención de esconder los objetos robados. Sin embargo, los agentes de Policía Nacional desplegados en un dispositivo para localizarle consiguieron encontrarle poco después del atraco.
Al darle el alto, el sospechoso hizo caso omiso y emprendió su huida mientras se desprendía de pequeñas bolsas con joyas en su interior. Los agentes lograron alcanzarlo y, durante el cacheo, encontraron más bolsas con piezas de joyería en su interior y un cuchillo, todo ello oculto entre su ropa. Por esto, el hombre fue detenido por un delito de robo con violencia y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión. Los agentes lograron recuperar gran parte del botín del segundo atraco y devolvieron las joyas al establecimiento, de tal forma que se ha logrado resarcir de parte del daño ocasionado.
Tres miembros activos de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) han reconocido en el juicio su pertenencia a esta organización criminal en el marco de un acuerdo de conformidad alcanzado entre sus defensas y la Fiscalía, con el objetivo de rebajar las condenas inicialmente solicitadas y evitar su ingreso en prisión. El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de pertenencia a organización criminal. Con la rebaja, la pena a imponer se queda en dos años de prisión.
La Fiscalía les atribuía formar parte activa de esta banda latina, asentada en Madrid y organizada en distintos capítulos o 'coros', con una estructura jerárquica, reparto de funciones, reuniones periódicas y normas internas. Según el escrito de acusación, los DDP tienen su origen en Manhattan (Nueva York) a principios de los años 90 y comenzaron a implantarse en España en 2004. En la Comunidad de Madrid, la organización cuenta con siete capítulos y mantiene mecanismos de financiación a través de cuotas de sus integrantes y de los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas.
El Ministerio Público sostiene que la banda persigue el control territorial de calles y barrios mediante agresiones, amenazas y coacciones, tanto contra miembros de grupos rivales como contra personas ajenas a estas organizaciones. Entre sus actividades figuran los robos con violencia, las lesiones, las amenazas, el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas. En relación con los acusados, el escrito recoge distintas identificaciones y actuaciones policiales a lo largo de varios años por hechos vinculados a la actividad de los DDP, entre ellas detenciones por robos con violencia, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, previsto en el artículo 570 bis del Código Penal, y solicitaba para cada uno cinco años de prisión, además de inhabilitaciones especiales. También interesaba la disolución de la banda.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado hasta 37 años de prisión a siete personas por su participación en una organización dedicada a cometer robos en viviendas y por el asalto especialmente violento perpetrado en febrero de 2023 contra una familia de Arroyomolinos. Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los autores se hicieron pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interceptar al propietario de la vivienda, retenerlo y agredirlo con el propósito de obtener información sobre una importante cantidad de dinero. Posteriormente, irrumpieron en su domicilio, donde se encontraban su mujer y sus dos hijos menores, a quienes también privaron de libertad y amenazaron.
El principal acusado recibe la condena más elevada, treinta y siete años de cárcel, mientras que su lugarteniente, una mujer, ha sido condenada a 21 años. El resto de la banda, cinco personas más, han recibido condenas entre trece y nueve años de prisión al beneficiarse de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que han consignado de forma anticipada una fuerte suma de dinero para indemnizar a los perjudicados. La resolución se dictó después de que todos los acusados reconocieran los hechos y manifestaran su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal, a las que se adhirió la acusación particular. Las partes renunciaron expresamente a recurrir, por lo que la sentencia fue declarada firme.
Los hechos probados describen una actividad delictiva planificada, con reparto de funciones y utilización de medios tecnológicos para controlar los movimientos de los moradores de las viviendas seleccionadas. En una primera fase, tres de los acusados actuaron conjuntamente en varios robos cometidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Para preparar los asaltos realizaron vigilancias, utilizaron dispositivos de grabación y geolocalización y comprobaron los horarios de salida de los residentes. El 25 de diciembre de 2022 accedieron a una vivienda de Rivas-Vaciamadrid tras violentar una ventana y sustrajeron joyas, relojes, un abrigo de visón y 3.500 euros en efectivo, efectos tasados en 5.400 euros. El 21 de enero de 2023 repitieron el procedimiento en una vivienda de Arroyomolinos, donde tras forzar una ventana y violentar una caja fuerte se apoderaron de 42.000 euros y diversas joyas. El 2 de febrero de ese mismo año entraron en otra vivienda de Villaviciosa de Odón, de la que sustrajeron 3.200 euros, relojes, anillos y otras joyas, e intentaron acceder a otro inmueble de la localidad, aunque abandonaron el lugar al advertir la presencia de una persona en su interior.
El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en la madrugada del 22 de febrero de 2023. Los acusados habían colocado previamente un dispositivo GPS en el vehículo de uno de los objetivos y vigilaban su domicilio mediante cámaras instaladas en un coche estacionado frente a la vivienda. Conocían así los movimientos del propietario y pudieron seguirlo cuando circulaba por la R-5 en dirección a Arroyomolinos. Los asaltantes utilizaron un dispositivo luminoso policial para darle el alto. Tres de ellos bajaron del vehículo con chalecos identificativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exhibieron una placa y portaron objetos que aparentaban ser armas reglamentarias. Tras obligarlo a bajar de su coche, lo esposaron y le cubrieron los ojos con cinta americana.
Durante el trayecto lo golpearon en la cabeza con una pistola y le preguntaron dónde guardaba el dinero que supuestamente había cobrado por organizar una fiesta. Lo trasladaron después a una finca de Navalcarnero, donde continuaron las agresiones. Allí, los acusados le propinaron golpes con palos por distintas partes del cuerpo, especialmente en los glúteos y los muslos. También le colocaron unas pinzas de batería en los brazos y le aplicaron varias descargas eléctricas para doblegar su voluntad y conseguir que revelara dónde estaba el dinero. Las amenazas incluyeron la posibilidad de hacer daño a su familia.
Mientras el hombre permanecía retenido y era agredido, varios de los acusados se desplazaron a su domicilio. Entraron al grito de '¡Policía!', todavía vestidos con prendas policiales y exhibiendo sus placas. En la vivienda se encontraban la esposa del propietario y sus dos hijos, de 14 y cuatro años. Los asaltantes comunicaron a la mujer que estaba detenida y que debía acompañarlos. Mientras registraban el despacho y sustraían 2.700 euros y varias joyas, la obligaron a salir de la vivienda junto con los menores. Durante el traslado, la mujer fue amenazada con una pistola introducida en su boca y recibió advertencias de que la matarían si no revelaba dónde se encontraba el dinero. Posteriormente fue introducida en el maletero de un vehículo y trasladada a la finca donde permanecía su marido. Una vez allí, los asaltantes condujeron a la mujer y a los niños hasta el lugar en el que se encontraba el hombre, ensangrentado y tendido en el suelo. Los familiares pudieron escuchar cómo continuaban golpeándolo mientras permanecían encerrados en un baño a oscuras. Finalmente, cuando los autores comprobaron que no obtendrían más dinero, trasladaron a los cuatro miembros de la familia y los abandonaron en una calle de Moraleja de Enmedio.
Las consecuencias físicas y psicológicas fueron importantes. El hombre sufrió policontusiones y hematomas múltiples, con un periodo de curación de 21 días. Su esposa padeció un trastorno adaptativo y estrés postraumático moderado, mientras que la hija mayor sufrió un cuadro de estrés agudo postraumático que requirió seguimiento psicológico y dejó secuelas. En la determinación de las penas, el tribunal tiene especialmente en cuenta dos circunstancias. Por un lado, aprecia la agravante de reincidencia en el principal acusado, que contaba con una condena anterior firme por un delito de robo con violencia en casa habitada. Por otro, reconoce la atenuante muy cualificada de reparación del daño a cinco de los condenados. Estos últimos habían consignado antes del juicio 130.000 euros, aportando 26.000 euros cada uno, para resarcir los perjuicios económicos, físicos, psicológicos y morales causados a la familia asaltada.
La resolución condena también a los acusados por la pertenencia a grupo criminal, al considerar acreditada la existencia de una estructura estable, concertada y con reparto de tareas, aunque sin una jerarquía determinada, dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio en viviendas habitadas. El principal acusado ha sido condenado a treinta y siete años por tres delitos de robo con fuerza en casa habitada, uno de ellos continuado, un robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de armas, cuatro delitos de detención ilegal con simulación de autoridad, lesiones leves, un delito contra la integridad moral, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal. La segunda acusada ha sido condenada a 21 años por los robos cometidos en la primera fase, por su participación en el asalto violento y las detenciones ilegales, así como por falsedad documental, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.
Un menor ha resultado herido por arma blanca a primera hora de la tarde de este martes en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos han ocurrido en la calle Diamante, donde el joven se encontraba con un grupo de amigos cuando recibió una puñalada en la parte baja de la espalda. Tras la agresión, el menor consiguió caminar acompañado de sus amigos hasta el número 50 de la calle Sáhara, donde dieron aviso a los servicios de emergencia.
Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron al herido y lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario. La Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda de los presuntos agresores para esclarecer lo ocurrido. Este es el segundo apuñalamiento en apenas tres días en Villaverde.
Dos hombres de 57 y 30 años han resultado heridos, el primero de ellos con pronóstico grave, tras colisionar por alcance dos camiones en la autovía A-4, a la altura del término municipal de Getafe. El siniestro se produjo en torno a las 00.45 horas de esta madrugada en el kilómetro 16 de la citada vía, en sentido entrada a la capital, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Un camión caja impactó contra un camión tráiler y quedó semivolcado sobre uno de sus laterales. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que intervenir para excarcelar al ocupante de 57 años del camión caja, que había quedado atrapado en el interior de la cabina.
Tras ser liberado, los sanitarios del SUMMA 112 atendieron y estabilizaron al herido, que presentaba traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo abdominal y torácico, así como fracturas en la pierna izquierda y el brazo derecho. Fue trasladado con pronóstico grave y preaviso hospitalario al Hospital Universitario 12 de Octubre.
En el mismo camión caja viajaba también un varón de 30 años que sufrió policontusiones y fue evacuado por el SUMMA 112 como potencialmente grave al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El conductor del camión tráiler resultó ileso y no precisó traslado sanitario. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han hecho cargo de la investigación y han regulado la circulación en la zona, donde no fue necesario cortar la autovía al mantenerse habilitado uno de los carriles. |