 Anuncian medidas judiciales por "dejación de funciones"
Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada de su vivienda en el barrio de Retiro, ha aceptado el acuerdo alcanzado con Urbagestión, propietaria del inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que residió durante 70 años, y podrá volver a su casa cuando reciba el alta hospitalaria en el Hospital Gregorio Marañón. El acuerdo se cerró la noche del lunes tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y de la propiedad, mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), y contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.
Maricarmen conoció la noticia este martes en la habitación del hospital donde permanece ingresada tras el desalojo del miércoles. Fue su primo Vicente el encargado de trasladársela, según ha explicado a Europa Press su abogada, Beatriz Duro, que ha resaltado que la mujer está "muy contenta" de poder regresar a su vivienda, donde continúan sus pertenencias. El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato, y para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas. El desahucio, ejecutado en el cuarto intento, provocó una marcha el sábado desde la Puerta del Sol hasta el Congreso bajo el lema "Ni una Maricarmen más", tras la que comenzó la acampada en el kilómetro cero.
La acampada ha derivado en un pulso institucional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado el envío de un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el que le da 48 horas para disolver la acampada antidesahucios y por la vivienda de la Puerta del Sol, y ha avisado de que, si no lo hace, emprenderá acciones judiciales. García Martín ha puesto el foco en la necesidad de proteger la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y Bien de Interés Cultural, de "actos vandálicos" como los de los últimos días, en los que ha sufrido "pintadas, basura y orines". En caso de que el delegado no atienda el requerimiento, la Comunidad presentará un recurso contencioso administrativo con medidas cautelares y se reservará "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales".
El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento en términos similares. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha reclamado al delegado del Gobierno que disuelva la acampada "con carácter inmediato" y ha advertido de que, de no hacerlo, "se llevarán a término las acciones legales que procedan". En su carta, Sanz detalla que durante la manifestación autorizada del sábado al Sindicato de Inquilinas, la Policía Municipal detectó antes de las 21 horas a "un grupo de unas 200 personas que desplegaron entre 30 y 40 tiendas de campaña en la Puerta del Sol", y que solicitó hasta en dos ocasiones la actuación del Cuerpo Nacional de Policía. El escrito sostiene que la concentración "no solo supone un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico, sino importantes dificultades para la movilidad en la zona y el consecuente riesgo para la integridad y seguridad" de las personas acampadas y del entorno, y denuncia "la dejación de funciones y la inacción de la Delegación desde el mismo sábado".
La Delegación del Gobierno ha respondido con un llamamiento al "respeto al derecho fundamental de reunión" y ha animado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a respaldar los Reales Decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. Fuentes de la Delegación reafirman su "compromiso" con la seguridad ciudadana en la acampada y con "mantener la protección" de la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural y sede del Gobierno madrileño. Francisco Martín ha hecho un llamamiento a Ayuso y su Gobierno para que "contribuya a la convalidación" de los decretos y asuma sus propias competencias para "dar solución al problema de la vivienda" en la Comunidad de Madrid.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos con nuevas medidas en materia de vivienda y ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este viernes para su convalidación. El Ejecutivo ha dividido las medidas en dos textos. El primero incluye la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición temporal de determinadas compras de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028 y la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo incorpora la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que afronta mayores dificultades parlamentarias porque no cuenta con el respaldo de PNV y Junts. La separación en dos decretos permitirá al Congreso pronunciarse de forma independiente sobre cada paquete.
Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado el acuerdo y ha asegurado que "hoy es un gran día para los inquilinos y malo para especuladores". La votación del viernes será determinante para la continuidad de las medidas: los reales decretos-ley entran en vigor tras su publicación, pero necesitan ser convalidados por el Congreso dentro del plazo constitucionalmente establecido. |
