El TSJM busca evitar que los multados tengan que recurrir de forma individual

AEA ha instado al Gobierno municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, a que detenga de inmediato los procedimientos de cobro y embargos relacionados con multas impuestas por las restricciones de acceso a las ZBE, y el presidente de la organización, Mario Arnaldo, ha criticado que el Consistorio no puede presentarse como una administración justa mientras continúe cobrando sanciones que la justicia ha declarado nulas. Además de la paralización de los procedimientos de cobro, AEA exige la suspensión de los expedientes sancionadores y la devolución de las cantidades ya cobradas a los ciudadanos.

La organización estima que las resoluciones judiciales que han determinado la nulidad de las multas de 200 euros podrían afectar a más de 3,4 millones de expedientes sancionadores, lo que representaría un monto superior a los 663 millones de euros en multas impuestas hasta el 31 de diciembre de 2025. El conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró la nulidad de varios preceptos esenciales de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaban las ZBE, y el Tribunal Supremo inadmitió posteriormente el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.