 La Comunidad investiga a la Residencia
La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación a una Residencia de Carabanchel tras el apercibimiento a una usuaria de 84 años con Alzheimer y gran dependencia (grado III), cuya familia denunció que el centro intentaba expulsar a la anciana después de que su hijo repartiera hojas informativas entre otros familiares para denunciar las "deficiencias" del centro. La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha informado este viernes que "fue un apercibimiento, no se ejecutó ninguna expulsión. De hecho, la entidad ya había tomado la decisión de no avanzar en esa expulsión".
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) ha denunciado que esta situación es "un atentado a la libertad de expresión y de información" y ha asegurado que "no es la primera vez que sucede en la Comunidad de Madrid, que actúa como cómplice en este tipo de atropellos". La asociación ha subrayado que "rechazamos categóricamente que la actuación del hijo sea constitutiva de ninguna falta del contrato suscrito con la Residencia, ni de su Reglamento de Régimen Interno. En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo".
La Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud ha comenzado la investigación y ha trasladado la instrucción de paralizar el proceso de expulsión. "Se realizarán las inspecciones necesarias para, en caso de que el resultado de esas inspecciones lo indique, abrir un expediente y tomar decisiones", ha apuntado Dávila.
El pasado lunes, Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) denunció que la residencia había notificado la expulsión de la mujer, atribuyendo una falta grave a la usuaria como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por su familiar. La asociación calificó entonces la medida de "atentado contra la libertad de expresión e información" y consideró "irracional" la atribución de culpabilidad a la madre por los actos de su descendiente. La plataforma recordó que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid tipifica como falta grave tomar represalias contra usuarios o sus familiares por el ejercicio de sus derechos legítimos.
Pladigmare ha reiterado que esta situación es "un atentado a la libertad de expresión y de información" y ha asegurado que "no es la primera vez que sucede en la Comunidad de Madrid, que actúa como cómplice en este tipo de atropellos". La asociación ha subrayado que "rechazamos categóricamente que la actuación del hijo sea constitutiva de ninguna falta del contrato suscrito con la Residencia, ni de su Reglamento de Régimen Interno. En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo".
Además, ha solicitado al Gobierno regional que se sancione a la residencia con "falta muy grave" y que se inhabilite al director del centro "por un tiempo de cinco años, tal y como se establece en el artículo 102 de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid". |
