Se reunieron con el Comité de Peticiones del Parlamento

El miércoles 25 de febrero, un grupo de vecinos de Montecarmelo se presentaba en Bruselas ante los eurodiputados del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer su preocupación por la construcción de un cantón municipal de limpieza. Este proyecto se ubica en una parcela contigua a centros educativos, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad local.

Los vecinos, liderados por los padres de uno de los centros educativos afectados, están solicitando que se abra una investigación para proteger tanto a la infancia como al medio ambiente. La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo respalda esta iniciativa, argumentando que el proyecto del Ayuntamiento de Madrid, adjudicado a la empresa Urbaser, representa una central industrial que violaría el deber de proteger el bienestar de los menores, tal como lo establece el derecho internacional y, en particular, el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El proyecto, conocido como "megacantón", ocupará 10.000 metros cuadrados y se considera que pone en riesgo el bienestar y desarrollo de aproximadamente 4.200 niños de entre 0 y 18 años que asisten a colegios o guarderías cercanas. Además, se estima que otros 2.000 niños tendrían que cruzar calles que verían un incremento en el tráfico de vehículos de alto tonelaje, lo que podría afectar su seguridad y bienestar.

Los denunciantes subrayan que el proyecto no solo afecta a la infancia, sino que también incumple diversas normativasambientales relacionadas con la calidad del aire y el ruido ambiental. La falta de un estudio de impacto ambiental ha sido corroborada por la Justicia, lo que añade un argumento más a su oposición.

Los vecinos han programado una manifestación para el domingo 1 de marzo a las 11:30 horas en la Avenida de Montecarmelo, 8, bajo el lema 'Stop obra ilegal'. Esta acción se produce tras el inicio de las obras del megacantón por parte del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de las preocupaciones expresadas por la comunidad.

Los residentes critican al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, acusándolo de ignorar las decisiones judiciales y de proceder con la construcción sin esperar la resolución de un recurso presentado por el Consistorio. Además, se señala que el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, no ha respetado el plazo de consulta pública que fue reabierto recientemente.

Los vecinos demandan que Carabante cumpla con lo que prometió en la Comisión de Urbanismo de octubre de 2023, donde afirmó que, si el proyecto era de carácter industrial, debería ser reubicado en una zona industrial. Asimismo, recuerdan que, independientemente de las decisiones judiciales, el delegado había prometido que cualquier decisión sobre la reubicación del megacantón y SELUR se tomaría con el consenso de la comunidad y de la oposición.