Peinado sentará en el banquillo a la mujer de Sánchez y al Delegado del Gobierno en Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión significativa en relación con un caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente, y a otros funcionarios del Gobierno. Esta decisión implica la transformación de las diligencias en un proceso judicial que se centrará en un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El caso se refiere específicamente a la contratación de una asistente de Presidencia, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el uso adecuado de los recursos públicos. La malversación de caudales públicos es un delito grave que implica el uso indebido de fondos o recursos que pertenecen al Estado.

Los principales actores mencionados en el auto del juez son:

Begoña Gómez: Esposa del presidente, quien está directamente implicada en el caso.

Cristina Álvarez: Asesora en Moncloa, que también está siendo citada para comparecer.

Francisco Martín Aguirre: Delegado del Gobierno en Madrid, quien completa el trío de implicados.

El juez Peinado ha acordado transformar las diligencias iniciales del caso en un juicio que será llevado ante un jurado popular. Esta decisión resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un escrutinio público sobre las acciones de los implicados. En un auto se ha indicado que el juez ha citado a los tres implicados para que se presenten en la sede judicial. La fecha y hora establecidas para esta comparecencia son:

Fecha: Sábado, 27 de septiembre

Hora: 18:00 horas

La decisión de llevar el caso ante un jurado popular puede tener varias implicaciones:

Transparencia: El uso de un jurado popular puede aumentar la percepción de transparencia en el proceso judicial.

Impacto Político: Dado que los implicados son figuras públicas, el resultado del juicio podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y en la percepción pública del Gobierno.

El Partido Popular (PP) ha expresado su postura respecto a la reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mediante un jurado popular.

El juez Peinado ha informado a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, sobre la transformación de las diligencias de investigación. Esta transformación implica que, en caso de que se proceda a un juicio por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el proceso se llevará a cabo con un jurado popular. Este cambio es crucial, ya que permite que el juicio sea evaluado por un grupo de ciudadanos, lo que, según el PP, desmonta la narrativa de ‘lawfare’ utilizada por el Ejecutivo.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha manifestado que la decisión del juez indica que “ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo”. Esta afirmación resalta la interpretación del PP de que el juicio popular es un mecanismo que garantiza la justicia y la transparencia en el proceso.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, también ha comentado sobre la situación, afirmando que la esposa de Pedro Sánchez “enviada al banquillo” será juzgada por el pueblo, lo que, según él, elimina la posibilidad de que el Gobierno hable de ‘lawfare’. Además, planteó una pregunta retórica sobre si algún familiar de Pedro Sánchez se verá involucrado en un proceso judicial similar.

El caso en cuestión se centra en la investigación sobre la contratación de la asistente de Presidencia en Moncloa. El juez ha indicado que podría haber indicios de malversación de fondos públicos en esta contratación. La decisión de llevar el caso a un jurado popular implica que, si se llega a juicio oral, será un tribunal ciudadano el que evalúe las pruebas y decida sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales han calificado la decisión del juez como “surrealista”. A pesar de esto, han manifestado que se respetará cualquier resolución judicial, confiando en la imparcialidad del sistema judicial español. El Ejecutivo mantiene su postura de que existe una utilización política de la justicia, especialmente en lo que respecta a las personas cercanas al presidente.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, destacó lo "llamativo" del momento procesal actual, dado que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido transformar las diligencias de investigación para que, de ser juzgados, lo hagan ante un jurado popular. A pesar de la gravedad de la situación, Martín reiteró su "total tranquilidad" y confianza en el sistema judicial español, afirmando que "este procedimiento quedará en absolutamente nada porque no hay absolutamente nada".

Al ser cuestionado sobre si considera que el momento actual es casual, Martín respondió que cada persona debe llegar a sus propias conclusiones. Además, mencionó que está a la espera de la resolución de un recurso que presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que solicita la nulidad del auto que lo considera en "situación de investigado". Expresó su descontento con la justificación de esta situación y su deseo de que se resuelva pronto.

Respecto a la citación judicial que recibieron para acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre por la tarde, Martín indicó que esas decisiones escapan a su control. Aunque no quiso hacer una valoración adicional sobre la urgencia del procedimiento, reconoció que la elección de un sábado a las seis de la tarde puede parecer "llamativa" para el público.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como "lo más escandaloso" de la actuación de Martín no solo su implicación en el caso de Begoña Gómez, sino especialmente su supuesta incitación a disturbios y alteraciones del orden público durante la finalización de la Vuelta Ciclista a España. Según Almeida, esta conducta es inaceptable para alguien que ocupa un cargo de tal responsabilidad.

El alcalde argumenta que la actuación de Martín, que supuestamente alentó los disturbios en conexión con el presidente del Gobierno, lo inhabilita para seguir desempeñando su función como delegado del Gobierno. Almeida considera que la responsabilidad de Martín en la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ve gravemente comprometida por estas acciones.

Almeida también fue cuestionado sobre la fecha de la próxima Junta Local de Seguridad de Madrid, que ha sido solicitada por Martín. El alcalde respondió que están intentando coordinar una fecha, pero que esto depende del "calendario judicial" del delegado del Gobierno, sugiriendo que Martín tiene múltiples compromisos judiciales que dificultan la programación de dicha reunión.

Almeida no dudó en calificar a Pedro Sánchez como el líder de lo que él denomina una "banda delictiva". Expresó su sorpresa por la continuidad de Sánchez en la presidencia, sugiriendo que su permanencia en el cargo es incomprensible dado el contexto legal que enfrenta su familia. Almeida afirmó que "no hay banquillo suficientemente largo para albergar a su familia", haciendo alusión a las implicaciones legales que enfrenta su esposa, su hermano y el fiscal general del Estado.

Almeida utilizó el término "la X" para describir la conexión directa entre Pedro Sánchez y las acciones ilícitas que se le imputan a su familia. Afirmó que "todas las X conducen a una misma persona", sugiriendo que Sánchez es el punto central de una red de corrupción que incluye la obtención de un puesto en la Diputación para su hermano y la filtración de información al fiscal general del Estado.

El alcalde, quien también es Abogado del Estado, destacó que la decisión del juez de llevar el caso ante un jurado popular es un paso significativo, ya que se trata de un delito grave. Almeida enfatizó que, independientemente de los intentos de Sánchez por evitar consecuencias, la decisión final recaerá en los ciudadanos, quienes evaluarán si es aceptable que una persona que recibe un salario público se dedique a actividades privadas desde el Palacio de la Moncloa.

Almeida concluyó su intervención subrayando que no es éticamente aceptable que una persona pagada con dinero público realice gestiones privadas. Aunque dejó claro que la repercusión penal será determinada por el jurado, la cuestión ética, según él, no admite discusión. Esto refleja un fuerte posicionamiento del alcalde en contra de las prácticas que considera corruptas y un llamado a la responsabilidad pública de los funcionarios.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, argumentó que se están utilizando recursos públicos para beneficio personal y que la corrupción de Estado se está consolidando en el país. García Martín subrayó que la situación es grave, afirmando que el círculo del presidente está "acorralado" por casos de corrupción. Mencionó específicamente el procesamiento del hermano de Sánchez y del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quienes enfrentan acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. El consejero insinuó que el propio presidente podría estar involucrado en estos casos.

García Martín acusó a Begoña Gómez y a su asesora de haber utilizado recursos del Palacio de la Moncloa para fines personales y mercantiles. Enfatizó que, aunque Gómez tiene derecho a trabajar, debería hacerlo con recursos y personal que ella misma financie, en lugar de utilizar fondos públicos. Este uso indebido de recursos es un punto central de las acusaciones que se están juzgando.

El consejero criticó la falta de acción del presidente Sánchez, sugiriendo que cualquier líder responsable habría presentado su dimisión ante tales acusaciones. García Martín instó a no normalizar la corrupción de Estado, afirmando que es inaceptable que se utilicen recursos públicos para beneficios personales y que tanto las instituciones como los ciudadanos deben rechazar esta situación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo hincapié en la importancia de la justicia y su implacabilidad, a la vez que criticó la forma en que los casos judiciales que afectan al Gobierno son tratados mediáticamente. Ayuso comenzó su intervención afirmando que "la realidad es tozuda" y que "la Justicia sigue implacable". Esto se refiere a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar las diligencias de investigación sobre Begoña Gómez en un caso que podría ser juzgado por un jurado popular, relacionado con un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La presidenta madrileña reprochó que los casos que "cercan" al Gobierno se retransmitan en tiempo real, sugiriendo que esto pone en cuestión el trabajo de los jueces. Ayuso expresó que es preocupante que se critique la labor judicial, insinuando que esto es un fenómeno que ha surgido durante el mandato de Sánchez. "Es como el cazador cazado", comentó, cuestionando quiénes son los que critican a los jueces.

Ayuso calificó de "extrema gravedad" la investigación que lleva a cabo el juez Peinado, así como la utilización de la Diputación de Badajoz para crear un puesto de trabajo para el hermano del presidente del Gobierno. Esto sugiere que Ayuso considera que hay serias implicaciones éticas y legales en estas acciones.

La presidenta también criticó a Pedro Sánchez, sugiriendo que su administración utiliza causas humanitarias como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas judiciales que enfrenta. Ayuso insinuó que esta estrategia ha llevado a un apoyo no deseado hacia grupos como Hamás, lo que considera un logro negativo para el presidente.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, también se pronunció sobre la situación, exigiendo a Sánchez que "deje de humillar a España" y convoque elecciones. Díaz-Pache destacó la conexión entre varios individuos que están siendo juzgados por corrupción, todos vinculados de alguna manera a Pedro Sánchez. Esto incluye a la esposa del presidente, su hermano, y otros ex altos cargos del PSOE. El portavoz insinuó que Sánchez también podría enfrentarse a la acción de la justicia y potencialmente a la cárcel.