La manifestación comenzará a las doce de la mañana

Este primero de mayo de 2025 CCOO de Madrid y UGT de Madrid llenaremos de nuevo la Gran Vía madrileña para defender los derechos sociales y laborales y respaldar el proyecto europeo como pilar de democracia social, convivencia y progreso.

Frente a las políticas de las extremas derechas que promueven el desmantelamiento del Estado de bienestar, es más necesario que nunca proteger lo que las personas trabajadoras hemos conquistado y movilizarnos para ganar el futuro.

Las secretarias generales de CCOO de Madrid, Paloma López y de UGT de Madrid, Susana Huertas, han puesto de manifiesto en la presentación de la jornada reivindicativa de este 2025, que la Comunidad de Madrid es la región donde existe mayor desigualdad y desequilibrio social y territorial.

El PP madrileño quiere una Comunidad de Madrid “solo para ricos y expulsar a la población vulnerable”, en palabras de Paloma López, por lo que hace un llamamiento a la presidenta Ayuso y su gobierno para que corrija estas desigualdades e impulse el diálogo social, que tan buenos resultados está dando a nivel nacional para los trabajadores y trabajadoras.

Es imprescindible reforzar el empleo digno, mejorar los salarios, garantizar el derecho a la vivienda, especialmente entre la población joven y avanzar en igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista.

López ha remarcado que el modelo del PP en Madrid no es de éxito, como quieren hacer creer, “sino de fracaso” para las personas trabajadoras. No es asumible que, entre otros factores de desigualdad, una persona que viva en la zona sur de la Comunidad tenga una esperanza de vida dos años menor que otra que resida en la zona norte. Esto es debido a que en las zonas del sur se deja sin atender a la población más vulnerable por falta de servicios públicos que cohesionen el territorio.

En la Comunidad de Madrid tenemos motivos más que suficientes para que el próximo 1º de mayo reivindiquemos en la calle que se priorice la justicia social y se acabe con la pobreza y desigualdad, generando empleo de calidad, y garantizando el derecho universal a una vivienda digna. La participación del sindicalismo de clase debe seguir siendo la garantía de la democracia, la cohesión social y la igualdad.

Las organizaciones sindicales CCOO de Madrid y UGT Madrid, firmemente comprometidas con un sindicalismo internacionalista, solidario y transformador, reafirmamos en este 1º de Mayo nuestro compromiso con la cooperación intersindical y la defensa de los derechos laborales y sociales en todo el mundo. En un contexto global de profundas transformaciones, reivindicamos el sindicalismo como herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas.

Rendimos homenaje a quienes son perseguidos y asesinados por defender los derechos sociales y laborales y expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren represión, ocupación y guerra. Condenamos la persistencia del conflicto bélico en Ucrania tras la invasión de Rusia. Exigimos el fin de la ocupación en Palestina, de la limpieza étnica de su población, el fin del genocidio en Gaza y los ataques indiscriminados en Cisjordania. Ni el silencio ni la neutralidad son opciones. La inacción de la comunidad internacional está permitiendo que el gobierno de Netanyahu continúe violando el derecho internacional. Reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con la causa del pueblo palestino, su derecho a tener un Estado propio, en el que pueda convivir en paz y seguridad con el Estado de Israel.

La guerra comercial impulsada por la nueva administración Trump, con la imposición de aranceles que amenazan gravemente al comercio mundial, requiere una respuesta firme y coordinada de la Unión Europea.

Frente a las políticas de las extremas derechas, que promueven el desmantelamiento del Estado de bienestar, el deterioro de los servicios públicos,el odio a la diversidad, la oposición a la políticas de igualdad, su defensa del racismo y la xenofobia o el negacionismo de la crisis climática, se suma una abierta hostilidad al proyecto europeo. Para hacer frente a ello es preciso reforzar la cooperación de los estados miembros para seguir avanzando en una Europa fuerte y unida, con una mayor integración política que priorice la justicia social, reduzca las desigualdades sociales y acabe con la pobreza, movilizando recursos y llevando a cabo políticas expansivas que creen empleo de calidad a través del refuerzo industrial, de la transición energética y la innovación digital, con la participación del sindicalismo de clase como garante de la democracia, la cohesión social y la igualdad.

En España y especialmente en la Comunidad de Madrid, es imprescindible seguir impulsando el diálogo social para reforzar el empleo digno, mejorar los salarios a través de la negociación colectiva, garantizar el derecho a la vivienda, especialmente dañado entre la juventud, pero que supone un problema social de primer orden, y avanzar en igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista.

Reclamamos además el compromiso político para aprobar legislativamente el acuerdo entre Gobierno y sindicatos que fija la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales.

Este Primero de Mayo, UGT Madrid y CCOO de Madrid hacemos un llamamiento a la movilización en defensa de los derechos sociales y laborales, y en respaldo al proyecto europeo como pilar de democracia social, convivencia y progreso. Ahora más que nunca, es necesario proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro:

#1 Por la reducción de jornada, para ganar tiempo de vida

#2 Por los salarios, para ganar estabilidad

#3 Por el feminismo, para ganar igualdad

#4 Por la igualdad, para ganar libertad

#5 Por la negociación colectiva, para ganar derechos laborales

#6 Por la salud laboral, para ganar calidad de vida

#7 Por el sindicalismo, para ganar democracia

#8 Por la democracia, para poder respirar

#9 Por las pensiones, los cuidados, la educación y la sanidadpúblicas para ganar bienestar

#10 Por la industria y el campo, para ganar economía productiva

#11 Por la vivienda, para ganar autonomía

#12 Por la cultura, para ganar pensamiento crítico

#13 Por los derechos humanos, para ganar solidaridad

#14 Por la solidaridad, para ganar seguridad

#15 Por una Europa social contra la barbarie externa e interna

"Mientras millones de personas trabajadoras sobreviven con contratos precarios, salarios insuficientes, alquileres impagables y servicios públicos al borde del colapso, resulta desconcertante —y profundamente decepcionante— escuchar al Secretario General de UGT, Pepe Álvarez en unas declaraciones conjuntas con Unai Sordo Secretario general de CCOO proponer un impuesto para financiar un mayor presupuesto destinado a la industria armamentística. Una idea que propuesta por el Secretario General de la OTAN jamás ha sido planteada, discutida y menos aprobada en ningún Congreso Sindical. Cuando más necesitamos preservar los derechos sociales y la capacidad adquisitiva de las gentes trabajadoras, nos resulta escandaloso que quienes deberían representarnos y defendernos, se pongan al servicio de las oligarquías y de la muerte", explica COESPE.

La clase trabajadora no podemos guardar silencio ante esta peligrosa deriva. Destinar más fondos a defensa no es defender a quienes sostienen este país con su esfuerzo diario. Afirmar que “hay que gastar lo que sea necesario” en armamento, cuando los hospitales están saturados, las escuelas públicas se caen a pedazos y las pensiones públicas no alcanzan para vivir, no solo es una irresponsabilidad: es una traición a los principios fundamentales del sindicalismo. La seguridad no se garantiza con más tanques ni cazas de combate. La verdadera seguridad se construye con empleo digno, salud pública de calidad, educación accesible, vivienda garantizada y derechos sociales sólidos. Es legítimo y necesario preguntarse: ¿A quién beneficia este giro? ¿A las trabajadoras y trabajadores que luchan cada día por llegar a fin de mes? ¿O a las grandes corporaciones armamentísticas, a los intereses geoestratégicos de la OTAN y a quienes hacen del negocio de la guerra una fuente inagotable de riqueza?

El sindicalismo nació para plantar cara a la explotación, para dar voz a quienes no la tenían, para conquistar derechos frente a los abusos del poder. No nació para bendecir guerras ni justificar presupuestos militares en nombre de una supuesta modernización. No hay justicia social posible mientras se prioricen las armas por encima de los derechos políticos y sociales, las guerras y su destrucción no pueden formar parte de ningún discurso sindical, resulta descaminado y demuestra la desconexión con la realidad social y las necesidades de la clase trabajadora.

No necesitamos más misiles. Se necesita estabilidad laboral, acceso a una vivienda digna, servicios públicos fuertes y condiciones de vida que no estén determinadas por la incertidumbre permanente. No necesita discursos que legitimen el militarismo, sino compromisos firmes con la paz y la redistribución de la riqueza. Quienes ocupan posiciones de liderazgo sindical deberían tener muy claro de qué lado estar. Y si alguna vez lo olvidan, lo más honesto y responsable sería dar un paso al costado y dejar que otras voces —más coherentes con la historia y los valores del movimiento obrero— ocupen ese lugar.

La memoria histórica nos ha demostrado que las armas no se fabrican para almacenarlas, sino para ser usadas contra otros pueblos. Ejemplos sobran: el genocidio contra el pueblo Palestino, la invasión a Ucrania, los ataques indiscriminados contra Yemen, entre muchos otros. El 2025 nos recibe con un mundo en guerra: hay 56 conflictos armados activos y las confrontaciones en distintas regiones del planeta involucran a 92 países, según el Índice de Paz Global que publica cada año el Instituto para la Economía y la Paz.

Desde COESPE llamamos a todas y todos a salir a las calles. En todas las guerras —pasadas y presentes— mueren las clases trabajadoras y la sociedad civil. Nunca los instigadores, los propagandistas ni los acólitos del Complejo Militar Industrial global. Porque rendirse al poder nunca fue, ni será, una opción para quienes luchamos por una sociedad más justa, igualitaria y en paz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), valoramos de forma positiva el anuncio realizado por el Gobierno, a través de la Ministra de Hacienda, de que en 2025 se podrá realizar una única reclamación por parte de los mutualistas para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, y que dichas cantidades serán abonadas en un solo pago. Esta propuesta corrige parcialmente el modelo anterior impuesto por la Ley 7/2024, de 22 de diciembre, que obligaba a reclamar cada ejercicio de forma escalonada entre 2025 y 2028.

Consideramos este anuncio como una victoria de la presión ciudadana, fruto de las acciones realizadas por COESPE, los propios afectados, por otros colectivos sociales, organizaciones sindicales y diversas fuerzas políticas que exigieron una solución más inmediata y menos burocrática. No obstante, manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que esta nueva solución aún no cuenta con respaldo legal. Para que este abono conjunto sea posible, es imprescindible modificar la Ley 7/2024 mediante una nueva iniciativa legislativa que deberá ser aprobada en Congreso y Senado antes del 30 de junio de 2025, tal como prevé el calendario legal actual.

Dado que los plazos parlamentarios son ajustados y que este proceso requiere tramitación formal y mayorías legislativas, alertamos del riesgo real de que no llegue a tiempo. En ese caso, y según el marco legal vigente, en 2025 sólo podría abonarse el ejercicio 2019, y los restantes se pagarían escalonadamente en los años siguientes, tal como establece la ley actual. Por tanto, instamos al Gobierno a que materialice con urgencia su compromiso mediante la correspondiente reforma legislativa y que garantice, sin margen de duda, el abono conjunto de las devoluciones.

Aprovechamos también esta ocasión para recordar que el problema más grave sigue sin resolverse: la decisión de la Agencia Tributaria de excluir a los mutualistas que no tienen actualmente retenciones de IRPF en sus pensiones, impidiéndoles recuperar lo que pagaron de más en los años 60 y 70, pese a haber cotizado en las mismas condiciones. Esta medida es profundamente discriminatoria y afecta precisamente a quienes tienen pensiones más bajas, vulnerando el principio de igualdad. Por tanto, instamos al Gobierno a que materialice con urgencia su compromiso mediante la correspondiente reforma legislativa y que garantice, sin margen de duda, el abono conjunto de las devoluciones. Y también a que corrija la exclusión injusta que afecta a la mitad de los afectados por esta situación.

Desde COESPE, seguiremos informando, reclamando y actuando para que los derechos de los mutualistas no queden nuevamente comprometidos por la falta de voluntad o de plazos legislativos.

La guerra financiera desatada por EEUU, pretende ser aprovechada una vez más por el capital financiero y sus agentes sociales, patronal y partidos políticos que les representan, para sus propios intereses. Las pensiones públicas son la garantía de una vejez con dignidad. Se basan en recaudar las cotizaciones sociales mientras se trabaja, para garantizar el derecho de percibir una pensión digna en la vejez. Este sistema repetidamente atacado por los financieros es como se ha demostrado a lo largo de mas de un siglo el mas solvente. Y ello nuevamente se demuestra cuando las bolsas de todo el mundo se hunden y los fondos privados pierden irremisiblemente el 20% o más. De hecho nuestros hermanos trabajadores de Andorra, bajo un sistema privado de pensiones, ya lo están sufriendo en sus ingresos.

Pero la Patronal española no ceja en su intento de destruir ese derecho social en su beneficio y aprovechando la crisis actual, plantea de nuevo al gobierno que les reduzcan las cotizaciones sociales. Quienes hasta ayer decían falsamente que el sistema no era sostenible, se negaban a auditar las cuentas que demuestran su viabilidad y fortaleza, ahora dicen que se deben reducir los ingresos de la Seguridad Social, en su beneficio. En realidad eso es reducir el salario diferido de los trabajadores y es inaceptable, para trabajadores y pensionistas.

Frente a tal maniobra denigrante e indigna llamamos a los trabajadores y pensionistas, a los sindicatos y al gobierno a no ceder, ni permitir ese saqueo. Y llamamos a movilizarnos ante cualquier intento de materializar esa propuesta. Las cotizaciones son salario de la gente trabajadora Las cotizaciones son una conquista histórica que no podemos dejar arrebatarnos

La Comisión de Comunicación de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) advierte con extrema preocupación sobre las recientes informaciones publicadas en diversos medios, que revelan el colapso financiero de numerosos planes privados de pensiones cuya causa, es un efecto de la crisis financiera que estamos asistiendo. Según los datos disponibles, las pérdidas acumuladas ascienden a varios miles de millones de euros, afectando de forma directa a miles de personas trabajadoras que, tras años de esfuerzo, han visto desaparecer sus pensiones privadas, sin garantías ni protección.

Este desplome, al carecer de respaldo público, pone de manifiesto la fragilidad estructural de los sistemas privados de pensiones y el alto nivel de riesgo al que están expuestas las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores. Entre las principales causas de esta crisis destacan las tensiones económicas globales, el incremento del gasto militar y la especulación financiera descontrolada. Inversiones temerarias en fondos buitre y otras entidades especulativas, amparadas por la lógica del máximo beneficio, han terminado por dinamitar la confianza y seguridad de quienes confiaron su futuro a estos falsos mecanismos de supuesto ahorro.

Desde COESPE venimos alertando desde hace años sobre los peligros inherentes a la privatización del sistema público de pensiones. En particular, denunciamos la promoción de los Planes Privados de Empresa, vehiculados a través de convenios colectivos, respaldados por las estructuras sindicales de UGT y CCOO, y a nivel regional por organizaciones mayoritarias en ese ámbito (País Vasco) y las grandes patronales que, lejos de ofrecer soluciones reales, han supuesto una amenaza directa para la clase trabajadora al trasladar parte de los salarios diferidos hacia entidades financieras cuya prioridad no es el bienestar colectivo, sino el lucro privado.

Además, advertimos sobre la preocupante falta de transparencia que caracteriza estos planes, así como sobre la presión ejercida en numerosos centros de trabajo para forzar su adhesión sin una consulta previa real ni una adecuada información sobre los riesgos que implican (el hundimiento de los planes privados así lo demuestra). Esta falta de democracia y claridad en la toma de decisiones atenta contra los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

La privatización del sistema de pensiones no solo pone en peligro los ahorros individuales, sino que también debilita gravemente el conjunto de la Seguridad Social, derivando fondos públicos, hacia la banca, aseguradoras y fondos buitres, y es un retroceso que no podemos permitir en uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar.

Desde COESPE exigimos que la totalidad de las cotizaciones sociales de las personas trabajadoras se destinen exclusivamente a la Seguridad Social y al sistema público de pensiones, legitimando así su sostenibilidad, equidad y solidaridad intergeneracional. Asimismo, reiteramos nuestra firme defensa de una jubilación digna a los 65 años, con pensiones suficientes y revalorizadas anualmente conforme al coste de la vida real.

Hacemos una llamada urgente a todas las trabajadoras y trabajadores a informarse, organizarse y defender activamente sus derechos: ni un euro más de salario diferido debe ser gestionado por quienes especulan con nuestro futuro. Es hora de decir basta al saqueo financiero de nuestras pensiones.

El Primero de Mayo es, como siempre, una fecha que nos convoca a la clase trabajadora a reivindicar y reflexionar sobre la situación política, social y de derechos. La perspectiva con la agresión constante del capitalismo, que, a través del imperialismo y la imposición de un nuevo orden mundial, impulsa el caos y las guerras de todo tipo, manteniendo genocidios y conflictos en distintas partes del mundo, siendo Palestina y Ucrania sus máximos exponentes.

En estas circunstancias, la defensa de los derechos y la paz debe ser la principal tarea de todas las personas y organizaciones comprometidas con estos principios, sin dejarse arrastrar por las presiones ni las actitudes impuestas por los amos del capital. En nuestro país, observamos con gran preocupación cómo las fuerzas políticas y sociales progresistas están adoptando decisiones que, lejos de defender los derechos y una vida digna, se alinean con los intereses del capital financiero y sus representantes políticos y mediáticos. Esto ha derivado en la cesión de derechos conquistados tras años de lucha política, sindical y social.

Los derechos políticos se ven limitados por la Ley Mordaza, utilizada de manera indiscriminada contra personas y organizaciones sociales que se oponen al recorte de libertades. Los derechos laborales han experimentado una regresión significativa a través de reformas que suponen un retroceso frente a los logros alcanzados por trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Así, derechos como la jubilación, pensiones dignas, sanidad, dependencia y educación públicas, han sido objeto de procesos de semiprivatización y entregados a la especulación, dejando el futuro de estos derechos en una situación muy incierta.

Desde COESPE manifestamos nuestra más firme oposición a la situación actual que enfrentan miles de trabajadoras y trabajadores que, tras décadas de cotización y esfuerzo se ven privados del derecho efectivo a una jubilación anticipada en condiciones dignas. La nueva regulación, impuesta sin información ni debate dentro del movimiento obrero, no solo es injusta, sino especialmente gravosa para quienes, por razones de salud, desgaste físico o situación laboral, no pueden continuar en activo hasta los 67 años exigidos.

La legislación vigente establece reducciones significativas en las pensiones de quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria, aplicando coeficientes reductores que, en muchos casos, restan hasta un 21% de la pensión pública. A esto se suma la ampliación del período de cálculo para determinar la cuantía de la pensión, lo que agrava aún más la situación.

La supuesta concertación social, así como la pérdida de valores e intereses de clase por parte de estructuras sindicales y partidos de progreso, resulta inexplicable, especialmente cuando no ha existido un verdadero debate ni consulta democrática dentro del movimiento obrero. ¿Qué intereses defienden? Asimismo, sigue sin resolverse la situación de decenas de miles de personas jubiladas que, tras cotizar más de 40 años a la Seguridad Social siguen recibiendo una pensión pública penalizada. La jubilación anticipada no puede convertirse en un privilegio inalcanzable. Debe ser un derecho accesible para todas y todos, especialmente para quienes comenzaron a trabajar desde edades tempranas o desempeñan labores especialmente exigentes.

Exigimos la derogación urgente de los coeficientes reductores, así como la implementación de criterios más flexibles y justos que contemplen la realidad laboral, la salud y las trayectorias de vida de trabajadoras y trabajadores. Una jubilación digna y justa es parte esencial de un verdadero sistema de bienestar. No permitamos que se convierta en una promesa vacía para quienes ya lo han dado todo. Ningún sindicalista que se precie puede negar el futuro de la clase trabajadora.

Este retroceso en derechos relacionados con el Sistema Público de Pensiones se consolida también a través de los planes privados de pensiones y la práctica de desviar fondos de la Seguridad Social —del salario diferido de las y los trabajadores— hacia la cobertura de crisis financieras impuestas por el mismo sistema capitalista. Apoyados por potentes medios de comunicación y mediante campañas de desinformación, se sustraen miles de millones de euros del salario diferido de los y las trabajadoras, desviándolos del Sistema Público de Pensiones hacia la banca y los fondos buitres financieros, que engordan sus arcas en cada nueva crisis sistemática que el capitalismo provoca. Además, se incumple la ley al no realizarse la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y se votan medidas contrarias a lo público y a los derechos sociales.

Por todo ello, desde COESPE hacemos un llamamiento a las trabajadoras, trabajadores y a quienes les representan en las empresas para que exijan otras políticas, otros métodos y el abandono de los acuerdos y pactos decididos a espaldas de la clase trabajadora. Reclamamos que se recupere el uso de los mecanismos democráticos del movimiento obrero, que tanto han contribuido a avanzar en derechos, libertades y democracia. Este Primero de Mayo de 2025, defendamos las libertades y los derechos públicos y democráticos. Defendamos la vida y el futuro.

En este Primero de Mayo de 2025, Día Internacional del Trabajo, el movimiento pensionista sigue empeñado en la defensa del Sistema Público de Pensiones, de los servicios públicos y de cualquier medida que suponga un maltrato, agresión o perjuicio para las personas mayores. Desde COESPE seguimos denunciando la ofensiva contra las pensiones públicas por parte de poderes económicos y políticos interesados en su desmantelamiento y privatización.

En las últimas semanas hemos conocido el informe de la AIRef, que aunque no han podido demostrar la insostenibilidad del SPP, siguen manteniendo que a largo plazo el sistema no es viable y por tanto es necesario más recortes presupuestarios. Con esta misma excusa, durante décadas se han llevado a cabo reformas que han supuesto pérdida de derechos y poder adquisitivo de nuestras pensiones. Las últimas reformas de pensiones 2021, 2022, 2023 y 2024, son ejemplos claros de esta política neoliberal de desregular y privatizar todo lo que pueda ser objeto de negocio.

COESPE de todas estas medidas queremos destacar y denunciar que, a día de hoy, ya se están introduciendo los llamados “Planes de Pensiones de Empleo” y tenemos el ejemplo del convenio de la construcción aprobado en 2023, acordado por patronales y los dirigentes de los sindicatos mayoritarios que, en su apartado tercero, explica con todo lujo de detalles el funcionamiento de estos planes en este sector.

Lo fundamental de este producto financiero es que se desvía dinero del salario del trabajador a bancos, fondos de inversión, fondos buitre, fondos de capital riesgo y aseguradoras que no cotiza a la Seguridad Social, lo que supone riesgos para las aportaciones del trabajador (en estos días hemos visto la caída en picado del mercado bursátil y por, ende, de los fondos de pensiones privados inmersos en ese mercado) y también menos recursos a la caja de pensiones, más beneficios para el empresario (se queda con esas cotizaciones y además obtiene otros beneficios fiscales) y un gran negocio limpio de polvo y paja para esos poderes económicos que no cejan en su objetivo de controlar el dinero de los pensionistas.

Un hecho importante y positivo es que el Gobierno reconoció la existencia de lo que ellos mismo llamaron “gastos impropios”; es decir, la utilización de recursos económicos de los pensionistas para cubrir otros gastos, incumpliendo así la LGSS que establece que el dinero de la caja de pensiones sólo se utilizará para abonar pensiones contributivas. También hemos conseguido introducir en la reforma (2021) el compromiso por Ley de llevar a cabo una Auditoria Pública e independiente de las cuentas de la Seguridad Social, desde 1967 a 2019.

El movimiento pensionista sigue adelante exigiendo medidas como: pensión mínima igual al SMI y la eliminación de la brecha de género en salarios y pensiones. Reclamamos salarios y pensiones dignas que se revaloricen con el IPC anual acumulado (“real”). Restablecer la edad de jubilación ordinaria a los 65 años, como primer paso hasta llegar a los 60, no hasta los 67 actuales o hasta los 72 años, como pretende el Real Decreto Ley 11/2024, de 23 de diciembre, sin tener en cuenta al paro juvenil situado en más del 27%. Por último, las personas mayores agrupadas en COESPE hacemos un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras y a la ciudadanía en general a rechazar los mensajes belicistas de rearme para la guerra y de economía de guerra. COESPE denunciamos que el incremento en gasto militar irá en detrimento del gasto social.

Por todo ello, en este PRIMERO DE MAYO de 2025 seguimos llamando a la movilización continuada, no sólo en este día, a mayores y jóvenes, mujeres y hombres, activos, parados, estudiantes no sólo a defender el futuro de nuestras pensiones, sino también a defender el derecho de los pueblos a vivir en paz, en contra del genocidio en Gaza y en contra de las guerras.