Serranillos y Tres Cantos piden que se investigue el crecimiento exponencial del CERA

El Tribunal Supremo afronta esta semana la decisión más delicada del calendario electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe resolver si mantiene o levanta la suspensión cautelar que pesa sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la ley de nietos. El tribunal dio un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para presentar alegaciones y, según fuentes jurídicas, la resolución podría llegar en los próximos días.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha pedido al Supremo que levante la medida cautelar con un argumento de imposibilidad material: “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone”. El Ejecutivo sostiene que revisar los aproximadamente 170.000 expedientes afectados antes del cierre del censo es inviable, y advierte de que la suspensión individualizada provocaría “un previsible colapso del sistema judicial”.

La suspensión cautelar fue acordada por el Supremo en septiembre a raíz de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa. El tribunal argumentó que la medida era necesaria para garantizar la “transparencia” de las elecciones ante el aumento del censo, y estableció que la cautelar regiría desde su notificación y afectaría a los procesos electorales que se convocaran hasta que haya sentencia.

La clave está en la instrucción de 2022 del Ministerio de Justicia, que estableció una presunción administrativa: todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 eran considerados exiliados, sin necesidad de acreditar documentalmente esa condición. El Supremo considera que esa presunción pudo haber facilitado inscripciones en el CERA sin la verificación suficiente.

La cautelar excluye de la suspensión a quienes acrediten mediante certificación consular que ellos o sus ascendientes encajan directamente en los supuestos de exilio previstos en la ley, sin recurrir a esa presunción. La Comunidad de Madrid es la región con el mayor incremento de nuevos votantes desde la entrada en vigor de la norma. El CERA de Madrid ha sumado 118.440 nuevos electores, un 31,45% más, hasta alcanzar los 494.935 personas con derecho a voto desde el extranjero. El censo total ha pasado de 2.328.261 a 2.747.688 electores, un aumento del 18,03%.

Seis de cada diez nuevos votantes inscritos en Madrid provienen de México, según los datos que maneja la Administración. Por países, Argentina registra el mayor incremento absoluto, con 85.599 nuevos electores hasta superar el medio millón, seguida de México, con 55.259; Estados Unidos, con 53.317; Francia, con 27.228; Reino Unido, con 18.925, y Cuba, con 16.242.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística una auditoría de todos los expedientes del CERA asignados a su municipio desde 2022. Desde la entrada en vigor de la ley, el censo exterior de Tres Cantos se ha incrementado en más de 200 personas, un 25% según los datos que maneja el Ayuntamiento.

La paradoja que ha llevado al consistorio a pedir explicaciones es que Tres Cantos se constituyó como municipio independiente en 1991, décadas después del periodo de exilio al que se refiere la ley. “Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno central”, ha declarado Moreno, que ha calificado la situación de “anomalía democrática”. El alcalde ha subrayado que respeta “plenamente el derecho a la nacionalidad”, pero ha añadido que el censo electoral “debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota”.

En paralelo al debate sobre la ley de nietos, la Guardia Civil mantiene abiertas diligencias sobre una posible alteración del padrón municipal de Serranillos del Valle que podría haber tenido incidencia en las elecciones municipales de mayo de 2023. La investigación parte de varias denuncias de particulares que alertan de la supuesta inscripción de personas en domicilios donde, según sostienen, nunca habrían residido.

Fuentes municipales consultadas en el marco de la investigación señalan un incremento que consideran desproporcionado: el municipio, con una población estable de unos 4.000 vecinos, habría incorporado cerca de 800 personas entre 2017 y 2023, aproximadamente un 20% en apenas seis años, en un periodo en el que la construcción de nuevas viviendas habría experimentado una paralización. Las diligencias continúan en curso y no se descarta que la documentación recopilada pueda ser remitida a la Fiscalía para que valore la posible existencia de responsabilidades penales.

La Junta Electoral Central ha decidido endurecer los requisitos para que los electores nacionalizados, incluidos los beneficiarios de la ley de nietos, justifiquen el municipio en el que se inscriben para votar desde el extranjero. Hasta ahora, los descendientes de exiliados que nunca habían residido en España podían inscribirse en la localidad de “mayor arraigo, propio o de alguno de sus ascendientes” sin necesidad de justificarlo documentalmente. Con la nueva decisión, todos los electores deberán presentar una declaración explicativa acompañada de la documentación que respalde su elección. Según los datos del Gobierno, el 82,54% de los inscritos en el CERA se inscriben en el mismo municipio donde tuvieron su última residencia en España, mientras que un 17,46% elige un municipio diferente.

La decisión del Supremo afecta a los aproximadamente 170.000 nacionalizados por la instrucción de la ley de nietos. En 48 años de democracia, el voto CERA solo ha alterado el destino de cuatro diputados, lo que relativiza el impacto electoral directo. Pero la controversia trasciende la aritmética: está en juego la confianza en la integridad del censo y la legitimidad de un proceso electoral que ya llega marcado por el adelanto y la polarización.

Iustitia Europa ha pedido al Supremo que, si considera desproporcionado suspender las elecciones, marque informáticamente a los electores afectados en el censo del 1 de agosto para poder trazar y depurar sus votos en caso de una sentencia estimatoria.