Se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras en la Guardia Civil

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio del caso Cuarteles, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras de mejora en instalaciones de la Guardia Civil. Por primera vez se sienta en el banquillo un teniente general retirado del Instituto Armado, para quien la Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión por un delito de cohecho, al considerar que utilizó su posición para recomendar a un amigo como contratista.

Junto al alto mando se sienta A. R. T., administrador de tres empresas adjudicatarias de los trabajos, que también enfrenta una petición de un año de prisión por cohecho. En la primera sesión se ha constituido el jurado popular que evaluará el caso y se han presentado las alegaciones iniciales de las partes. Se espera que el juicio se prolongue durante varias semanas.

La causa se originó tras una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil, motivada por un escrito anónimo que cuestionaba la contratación de las obras y la relación entre el teniente general y el empresario. Según la acusación, el acusado, con capacidad para descentralizar créditos para gastos de la organización periférica, se dirigió entre octubre y noviembre de 2016 a varias comandancias para ofrecer financiación para obras de pintura y mejora de cuarteles, y propuso a A. R. T. como contratista.

Las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos aceptaron la propuesta. Las empresas de A. R. T. facturaron un total de 1.382.873,52 euros entre noviembre y diciembre de 2016. La Fiscalía sostiene que muchas de las obras se ejecutaron de forma inadecuada porque el contratista carecía de la técnica necesaria para colocar correctamente el corcho proyectado, lo que habría causado un gran perjuicio al Instituto Armado. Las acusaciones populares, ejercidas por ASESGC y AUGC, se han sumado a la petición de la Fiscalía y han subrayado el impacto del caso en la plantilla, que afronta condiciones de trabajo deficientes por la falta de mantenimiento.