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18
Ago
2026
Bruselas pide a Sánchez que devuelva los MENAs a Marruecos PDF Imprimir E-mail
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La Comisión Europea recuerda que lo ha pedido el propio país alauí

La Comisión Europea ha manifestado que el retorno de los migrantes que se encuentran en situación irregular en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados, debe llevarse a cabo de acuerdo con la legalidad vigente, según ha afirmado el portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert. Durante una rueda de prensa, Lammert subrayó que la directiva de Retorno, aprobada en junio, establece que los menores no acompañados están sujetos a las mismas disposiciones que el resto de migrantes irregulares. El portavoz destacó que el Gobierno de España ha declarado que no se permitirá que ningún migrante que permanezca ilegalmente en Ceuta sea trasladado a la península Ibérica, coincidiendo con la intención de las autoridades españolas de gestionar la situación con estricto apego a la legalidad.

La Comisión Europea ha tomado nota de la disposición de Marruecos para facilitar el retorno de los menores extranjeros no acompañados, y ha reiterado su compromiso de "facilitar y apoyar" este proceso. El artículo también menciona el anuncio del Gobierno español sobre el aumento de la capacidad de acogida para hacer frente a la "situación humanitaria" de los migrantes irregulares, una medida vista como un paso positivo en la gestión de la crisis. Lammert destacó que la colaboración entre España y Marruecos es esencial para garantizar que los retornos se realicen de manera efectiva y humanitaria.

La postura de la Comisión Europea sobre el retorno de migrantes, incluidos los menores no acompañados, refleja un enfoque estricto sobre la legalidad en la gestión de la migración en Ceuta, que ha generado un debate en torno a los derechos de los menores y las políticas de migración en la UE. A pesar de las preocupaciones sobre la protección de los derechos de los menores, la Comisión sostiene que el marco legal de la UE permite esta medida. La situación sigue siendo compleja y requiere un equilibrio entre la legalidad y la protección de los derechos humanos.

 

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