Solo para los que ya viven en España y los nacidos antes de la Marcha Verde

El Congreso de los Diputados ha avanzado en la tramitación de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante el periodo de administración española, después de que el PSOE, Sumar y sus aliados de izquierda aprobaran cambios en la redacción original en la ponencia, con la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox. La ley, que busca beneficiar a unas 50.000 personas, establece que los saharauis deberán acreditar su condición mediante documentos como el DNI español, recibos del censo del referéndum o certificados de nacimiento, aunque el PSOE no acepta documentos emitidos por el Frente Polisario al no ser reconocido oficialmente. La iniciativa también beneficiará a unos 300.000 saharauis que residen actualmente en España, que solo necesitarán demostrar dos años de residencia legal y continua para solicitar la nacionalidad, equiparando sus derechos a los de otros grupos como los provenientes de Hispanoamérica.

El proceso legislativo, que se espera que continúe en la Comisión de Justicia el 14 de julio y sea votado en el Pleno del 23 de julio, ha sido calificado por el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, como un "paso trascendental" y un primer reconocimiento hacia el pueblo saharaui, aunque ha subrayado que la reparación histórica aún está pendiente en lo que respecta a la autodeterminación. La diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha señalado que los saharauis que viven en España están en una situación de apatridia que les limita en términos de empleo y derechos, y ha destacado que la ley supondrá un acto de "reparación", "justicia" y "solidaridad" con la causa saharaui. El diputado del PSOE y ponente, Artemi Rallo, ha coincidido en que el avance legislativo coincide con el 50 aniversario de la salida de España del Sáhara y ha expresado su esperanza de que Junts se una al acuerdo final.

La ley para nacionalizar a los saharauis representa un paso significativo en el reconocimiento de sus derechos y en la reparación de una historia marcada por el colonialismo, y a medida que avanza el proceso legislativo, queda por ver cómo se desarrollarán las negociaciones y el apoyo de los diferentes partidos en el Congreso. La iniciativa ha generado un intenso debate político, con el PP y Vox criticando la medida por considerar que podría generar un efecto llamada y tensionar las relaciones con Marruecos. El Gobierno español ha defendido la ley como un acto de justicia histórica y ha asegurado que se respetarán los acuerdos internacionales en materia de nacionalidad. La votación en el Pleno del Congreso será clave para determinar el futuro de la ley y para consolidar el apoyo a esta iniciativa.

La tramitación coincide con el 50 aniversario de la firma de los Acuerdos de Madrid, que llevaron al control marroquí del Sáhara Occidental. Antes de 1975 el Sáhara Occidental era considerado la provincia número 53 de España y la Marcha Verde impulsada por el rey de Marruecos resultó en el traspaso de la administración española a la marroquí, lo que significó la pérdida de la identidad española del territorio. La transición de poder se llevó a cabo de manera abrupta con la 'Operación Golondrina', que evacuó a muchos ciudadanos españoles, y en 1976 un decreto permitió a los saharauis solicitar la nacionalidad española, pero las condiciones complicadas y el corto plazo de un año para realizar la solicitud resultaron en que muchos saharauis no pudieran acceder a esta posibilidad. A pesar de que algunos nacieron en el territorio cuando era español, en la actualidad hay personas que aún no han logrado obtener la certificación de nacionalidad.

El Real Decreto 2258/1976 reconoció el derecho de los saharauis a optar por la nacionalidad española, pero la retirada de España del Sáhara significó que las instituciones necesarias para gestionar estas solicitudes desaparecieron, complicando aún más el proceso para los saharauis. A lo largo de los años, diversas denuncias han surgido de asociaciones y ciudadanos saharauis que exigen la recuperación de su nacionalidad, pero hasta la fecha solo han podido acogerse a los procesos de nacionalidad aplicables a extranjeros, sin recibir un trato preferencial. En marzo de 2025, el partido Sumar presentó una proposición de ley para facilitar la obtención de la nacionalidad española para los saharauis nacidos antes de 1976, pero el PSOE se opuso debido a su alineación con Marruecos tras un cambio de postura en 2022.

La lucha de los saharauis por recuperar su nacionalidad continúa, marcada por obstáculos burocráticos y diferencias políticas, y la obtención de la nacionalidad española representa una alternativa viable que podría ofrecerles una vida más sencilla, especialmente en el contexto de los campamentos de Tinduf, en Argelia, donde muchos se encuentran actualmente.