No ocurría desde el escándalo del Caso Filesa, hace 33 años

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo este viernes un registro en la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ubicada en la calle Ferraz de Madrid. Esta acción está relacionada con la investigación sobre Santos Cerdán, quien hasta la semana pasada ocupaba el cargo de secretario de Organización del partido.

El registro en la sede del PSOE se produce tras una orden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este magistrado ha solicitado al PSOE que facilite a la policía judicial el acceso y clonado del correo electrónico corporativo de Santos Cerdán. Además, ha requerido al Ministerio de Transportes que proporcione el correo del exministro de dicha cartera, José Luis Ábalos.

En un auto dictado el mismo día del registro, el magistrado exige que el PSOE permita a los agentes de la UCO "la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán. También se ha solicitado que se entregue cualquier otra cuenta de correo que haya sido utilizada exclusivamente por el exdirigente socialista.

La decisión del magistrado de ordenar el registro y el acceso al correo electrónico de Cerdán se produce en el contexto de su formal imputación. Santos Cerdán ya no cuenta con aforamiento, ya que renunció a su escaño como diputado el pasado lunes. Esta renuncia se da en un momento crítico, después de que se conociera el contenido de un informe de la UCO que lo sitúa en el centro de una presunta trama de amaños relacionados con adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones.

La imputación de Cerdán y la renuncia a su escaño son acontecimientos significativos que indican un deterioro en su situación política y legal. La investigación sugiere que Cerdán podría estar implicado en actividades ilícitas que comprometen no solo su carrera, sino también la reputación del PSOE.

La intervención de la UCO ha evocado recuerdos de un episodio similar ocurrido hace 33 años, el 18 de noviembre de 1992. En aquella ocasión, una comisión judicial se presentó en la misma sede del PSOE, también con el propósito de investigar la financiación irregular del partido. Este hecho ha sido considerado por muchos como un "fantasma del pasado", resaltando la gravedad de las acusaciones que han perseguido al partido a lo largo de su historia.

El caso Filesa, que se remonta a finales de la década de 1980, se centró en una trama de empresas que supuestamente financiaron de manera irregular las campañas electorales del PSOE en 1989. Las empresas implicadas en este escándalo fueron Filesa, Malesa y Time-Export. El juez instructor de este caso, Marino Barbero, fue quien ordenó la entrada y registro en la sede del PSOE en 1992.

Durante la intervención de 1992, el entonces secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, y el responsable de finanzas, Francisco Fernández Marugán, tuvieron que enfrentar la situación. La comisión judicial permaneció en la sede durante siete horas, requisando archivos y documentación contable. A pesar de la tensión del momento, los responsables del partido colaboraron con las autoridades para cumplir con la orden judicial.

El caso Filesa culminó en 1997 con un juicio que resultó en varias condenas por financiación irregular del partido. Entre los condenados se encontraban figuras como Josep Maria Sala, Carlos Navarro y Aída Álvarez. Este escándalo marcó un período oscuro en la historia del PSOE, que se vio obligado a lidiar con las repercusiones de la corrupción durante los últimos años de los mandatos de Felipe González.