La ZBE, la dimisión del asesor de Cultura y la M-45, protagonistas del Pleno

El Pleno ordinario del mes de abril en Coslada se convirtió en un auténtico campo de batalla política, con denuncias cruzadas entre la oposición y el equipo de gobierno del socialista Ángel Viveros. PP, Vox y Más Madrid cargaron contra el Ejecutivo local en diferentes frentes, desde la movilidad hasta la transparencia, pasando por la gestión de los servicios públicos y el respeto a las normas internas

El Partido Popular de Coslada denunció que el Gobierno municipal ha rechazado recuperar la salida a la autovía M-45 desde la calle Manuel Azaña, una conexión histórica que permitía a los vecinos acceder a esta infraestructura de forma rápida y directa. El portavoz del PP, Paco Becerra, explicó que "desde el inicio de la presente legislatura y tras las últimas obras realizadas, la situación para los cosladeños ha cambiado: una deficiente gestión del equipo de Viveros ha eliminado los accesos directos desde la calle Manuel Azaña y desde Ciudad 70, obligando a los vecinos a realizar rodeos innecesarios".

Además de esta cuestión, el PP lanzó otras tres denuncias. Primero, que el Ayuntamiento se ha negado a facilitar información sobre las incidencias detectadas en sus servicios municipales de atención a víctimas de violencia de género, a pesar de que la Comunidad de Madrid alertó de "graves deficiencias" en los sistemas de protección. Segundo, que los clubes deportivos que gestionan las escuelas municipales llevan todo el año 2026 sin percibir los pagos correspondientes. Y tercero, que los contenedores de papel y cartón se encuentran con frecuencia saturados, lo que genera suciedad en la vía pública.

Por su parte, el Grupo Municipal de VOX presentó una moción para exigir debate, transparencia y justificación sobre la implantación de un Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el municipio, en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La moción fue rechazada por el equipo de Gobierno sin entrar en el fondo del asunto.

El portavoz de VOX, Isaac García Narros, calificó de "muy grave" que el Ayuntamiento justifique el SER por razones climáticas en documentos oficiales y, cuando se le piden explicaciones, se niegue a debatirlo en el Pleno. "En Coslada no existe ninguna emergencia climática ni episodios de alta contaminación que justifiquen una ZBE ni un SER ambientalizado. Cuando esa base no existe, la medida acaba siendo en la práctica puramente recaudatoria", subrayó.

García Narros advirtió de que la implantación del SER supondría un nuevo incremento de la presión fiscal sobre los vecinos. "Estamos hablando de cobrar por el uso del espacio público y convertir la movilidad cotidiana en una fuente permanente de ingresos para el Ayuntamiento, con un efecto claramente confiscatorio", afirmó. No obstante, aclaró que VOX no rechaza el estacionamiento regulado como herramienta en abstracto, pero "solo tendría sentido si se diseña para evitar que los vecinos paguen las consecuencias".

La portavoz de Más Madrid Coslada, Paz Garretas, calificó de "muy grave" lo ocurrido durante el Pleno en relación con la votación sobre la dedicación exclusiva de su portavoz. Existe un acuerdo aprobado por el propio Pleno al inicio de la legislatura que establece que los grupos municipales con dos concejales tienen derecho a una portavoz con dedicación exclusiva. Sin embargo, en lugar de aplicar el acuerdo, el alcalde decidió someter a votación un derecho ya reconocido, convirtiendo una obligación en una decisión política arbitraria.

"El problema no es solo el resultado, es el precedente. Cuando una norma se aplica a unos sí y a otros no, estamos ante una situación de arbitrariedad que no debería tener cabida en una institución pública", denunció Garretas. El resultado de la votación evidenció que PP y Vox votaron en contra de un derecho que ellos mismos tienen reconocido, a lo que se sumó el voto de un concejal no adscrito y actual primer teniente de alcalde.

Esta polémica se produce en un contexto de máxima tensión tras la salida de Garretas y Sonia Murillo del Gobierno municipal de coalición el pasado 26 de marzo, dejando en minoría al Ejecutivo de Ángel Viveros. Más Madrid estudia acciones legales si el equipo de gobierno no corrige la situación.