Según los sindicatos, han tenido que ser las propias trabajadoras las que se reorganicen para no dejar sin asistencia a los mayores

Las residencias públicas de mayores, dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), están en situación crítica por la falta de enfermeras para atender a sus residentes. La gran mayoría de ellas comienzan el verano con plantillas bajo mínimos que se agravará a lo largo del periodo estival ya que las enfermeras deben disfrutar de sus vacaciones, tal y como denuncia SATSE en un comunicado.

En la Residencia de Mayores de Aranjuez donde hay 464 residentes, muchos de ellos no válidos (necesitados de cuidados continuos para el desarrollo de su actividad diaria), una única enfermera iba a hacerse cargo de sus cuidados durante la tarde, dada la precariedad impuesta desde la AMAS y la Consejería de Asuntos Sociales.

Finalmente, serán 2 enfermeras las que estén por la tarde, tras aceptar las compañeras trabajar en ese turno, evitando así que casi 500 residentes estuvieran atendidos por una única enfermera que, además, se quedaría sin parte de sus vacaciones y sin poder librar los festivos que le corresponderían.

Hace unas semanas la AMAS anunció que iba a implantar el pago de las horas extras para suplir la carencia de enfermeras. La realidad es que únicamente paga horas extras cuando la situación es crítica, importándole poco si los residentes están correctamente atendidos por los profesionales de enfermería necesarios.

En la Gran Residencia, con casi 500 residentes, el turno de mañana debería contar con un mínimo de 6 enfermeras aunque la realidad es que muchos días únicamente cuentan con 3 enfermeras trabajando en ese turno. Situación que se agravará cuando las enfermeras de plantilla se tomen sus vacaciones ya que las suplencias son escasas por no decir inexistentes.

La realidad es que no hay ninguna residencia de mayores con la plantilla aprobada por la AMAS. En todos los centros hay carencia de enfermeras durante todo el año, situación que se agrava en periodos concretos como el verano.

“Las suplencias, explican desde SATSE Madrid, no se cubren como tampoco lo hacen las bajas y la contratación es mínima ya que nadie quiere trabajar en las residencias públicas. Tenemos peores condiciones retributivas y laborales que el Sermas y las enfermeras prefieren trabajar en la sanidad pública. Nosotros, añaden, no cobramos Carrera Profesional y la retribución básica es más baja. De ahí, por ejemplo, que las Ofertas de Empleo Público no se cubran totalmente, por ejemplo, ya que las enfermeras y fisioterapeutas prefieren los Servicios de Salud o la iniciativa privada”.

Un estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores y dependientes de la Comunidad de Madrid elaborado por CCOO de Madrid, UGT Madrid y sus correspondientes federaciones, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (PLADIGMARE), revela que la falta de personal en las residencias de la región coloca a sus usuarios y a sus cuidadores en una situación crítica. Denuncian que el Gobierno regional está poniendo en peligro la integridad de las personas que trabajan en el sector y de los y las mayores y dependientes.

De las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.

La falta de transparencia de la Comunidad de Madrid ha imposibilitado saber el número real de trabajadores y trabajadoras que actualmente trabajan en las residencias. Según los ratios aportados por la propia Comunidad debería de haber 8.820 personas trabajadoras para atender a las 20.123 plazas (públicas y con financiación pública). Personal absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad.

A juicio de las organizaciones que han elaborado el informe, en el que han participado más 700 trabajadores y trabajadoras, el número de personas trabajadoras para atender las 20.123 plazas tendría que se de 15.773, casi el doble del actual. La dejadez de la Comunidad es tal, que es conocedora de que en las residencias privadas se están aplicando los ratios establecidos en 1990. Para las públicas es un poco superior pero muy insuficiente también.

Esta insuficiencia de recursos humanos genera una sobrecarga de trabajo excesiva y ésta provoca situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores como: úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso indebido y abusivo de sujeciones mecánicas para suplir la ausencia de atención personal.

La situación, por lo que se refiere al personal cuidador de los centros, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo registra que las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan los rankings de mayor siniestralidad laboral en España. Las organizaciones autoras del documento aseguran que en la región “no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes”.

La tipología de las plazas (55.308) para dependientes en la región, la mayoría de ellas derivadas por el Gobierno del PP en Madrid a la empresa privada, y la inobservancia y vigilancia de un servicio tan sensible por parte del Gobierno regional contribuye a empeorar el servicio, ya que las ratios de personal en los establecimientos privados son mucho menores y los salarios también más bajos. En la Comunidad de Madrid el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y sólo el 11,62% lo hacen las Administraciones. Las personas trabajadoras del sector se enfrentan a condiciones laborales difíciles, los salarios son muy bajos -salario mínimo interprofesional para una jornada completa, su formación y capacitación continua es muy limitada, existe mucha inestabilidad laboral, y mucha enfermedad laboral física y psíquica.

El documento incluye una propuesta cuantitativa y cualitativa de ratios/presencias de personal por categorías para las residencias madrileñas que garantice unos recursos humanos mínimos indispensables y tiempos de atención asociados a las tareas de cada uno de los y las profesionales que intervienen. Recoge las conclusiones y las propuestas para exigir que se corrija con urgencia la situación. El trabajo de campo en el que han participado más de 700 trabajadoras y trabajadores en activo de todas las categorías y tipología de centros (públicos, concertados y privados), se inició en octubre de 2023 y concluyó en junio de 2024. También se han recogido las necesidades específicas en función de los perfiles de las y los usuarios, teniendo en cuenta su grado de dependencia

Tras conocer el informe, AMADE respondía, y lo hacía afirmando que al estudio "le falta perspectiva". La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) manifiesta su sorpresa y preocupación ante la reciente publicación del "Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores y dependientes de la Comunidad de Madrid", elaborado por Comisiones Obreras (CCOO), UGT, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

"No podemos comprender que se haya realizado un estudio de este impacto sin haber invitado a participar a todos los agentes implicados", declaran desde AMADE. "La atención a la dependencia no puede abordarse desde una única perspectiva. Profesionales, empresarios, entidades sociales y patronales debemos trabajar juntos en propuestas sobre cómo mejorar la atención residencial".

Desde la asociación consideran irresponsable alarmar a la población y a las familias con datos no consensuados sobre las ratios óptimas de profesionales para la atención en residencias, especialmente cuando los centros están aplicando escrupulosamente la normativa vigente en la Comunidad de Madrid y, por tanto, actuando de manera correcta. El estudio, además, carece de una evaluación económica del impacto de las medidas que propone, lo cual es esencial para comprender las implicaciones financieras para las personas atendidas, sus familias, la Administración Pública y las entidades privadas que prestan el servicio.

"En este momento, las residencias de la Comunidad de Madrid cumplen diligentemente la normativa y el convenio de referencia", afirman. "Si los agentes implicados en la atención a la dependencia consideramos trabajar en líneas de mejora, ya sea en personal o en servicios, debemos crear foros de trabajo donde todos los implicados estemos representados. Desde ahí, avanzar con reflexión y proporcionalidad".

AMADE subraya que el objetivo común es garantizar y mejorar la calidad en la atención residencial. No obstante, para construir sólidamente, es imprescindible el consenso. "Este tipo de estudios solo provocan incertidumbre", subrayan. "Es fundamental que trabajemos unidos, desde un enfoque colaborativo, para abordar los desafíos y mejorar la atención a nuestros mayores y dependientes". La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia invita a todas las partes involucradas a unirse en un diálogo constructivo y participativo, con el fin de encontrar soluciones equilibradas y sostenibles.