Recuerdan que el municipio se crea en 1991

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística una auditoría exhaustiva de todos los expedientes del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero asignados a Tres Cantos desde 2022, tras el aumento de más de 200 personas en el CERA del municipio desde la entrada en vigor de la ley de nietos en octubre de 2022. El alcalde ha expresado su profunda preocupación y ha pedido explicaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y a la Oficina del Censo Electoral.

Moreno ha calificado la situación como una anomalía democrática y ha señalado que el crecimiento del censo es insostenible desde una perspectiva técnica y legal, dado que Tres Cantos se constituyó como municipio independiente en 1991, mucho después del periodo de exilio histórico al que se refiere la ley. El alcalde ha manifestado que la aparición de electores en su localidad bajo el supuesto de exilio histórico indica fallos en el procedimiento de adscripción o una falta de control por parte del Gobierno central.

Moreno ha enfatizado el respeto al derecho a la nacionalidad, pero ha subrayado que el censo electoral debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota, y ha expresado su apoyo a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de aquellas altas en el CERA que no hayan demostrado de manera fehaciente la condición de exiliados o represaliados políticos. El Ayuntamiento ha confirmado su permanente coordinación con la Comunidad de Madrid para abordar esta preocupación institucional.

La Oficina del Censo Electoral ha confirmado a la Junta Electoral Central que son los electores residentes en el exterior quienes deciden en qué municipio se inscriben para votar, a pesar de que la normativa permite a los consulados realizar inscripciones de oficio en caso de que no se especifique un municipio. Así lo recoge el informe remitido al organismo.

En julio, la JEC solicitó aclaraciones a la Oficina del Censo Electoral sobre la aplicación de las normas técnicas para la actualización mensual del censo, a raíz de los cuestionamientos de diversas entidades y partidos sobre la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, que permite la nacionalización de descendientes de españoles exiliados tras la Guerra Civil. La JEC planteó si se examinan las declaraciones de los electores que eligen un municipio diferente al de su última residencia en España, quién realiza ese examen y si existen criterios documentados que guíen a las oficinas consulares.

El informe recuerda que desde 2011 los electores deben indicar el municipio de inscripción y presentar una declaración responsable sobre la veracidad de sus datos. La norma general establece que la inscripción debe hacerse en el municipio de la última residencia en España, aunque se permite la inscripción en otros municipios si se justifica adecuadamente. La Oficina del Censo Electoral verifica la información y comprueba que los datos coincidan con los registros del movimiento de alta en el Registro de Matrícula Consular.

Aunque la normativa permite que los consulados realicen inscripciones de oficio, el informe aclara que en la práctica son los electores quienes siempre indican el municipio de inscripción, y los consulados solo pueden actuar de oficio si no se presenta la documentación necesaria. La Oficina del Censo Electoral ha propuesto medidas para mejorar la objetividad y homogeneidad en la aplicación de los criterios de inscripción, con nuevas instrucciones para las oficinas consulares que abordan situaciones en las que las declaraciones de los electores son incompletas o contradictorias.

La ley de nietos ha disparado las inscripciones en el censo electoral de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en la región con el mayor incremento de nuevos votantes desde la entrada en vigor de la norma. Seis de cada diez nuevos votantes inscritos en Madrid provienen de México, según los datos que maneja la Administración, lo que subraya la conexión histórica entre España y sus emigrantes.

El partido Vox ha expresado su preocupación por lo que considera inscripciones masivas de nuevos votantes y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar alterar el censo electoral a través de estas regularizaciones. La Comunidad de Madrid ha alertado además de un fenómeno llamativo: se han detectado inscripciones de votantes en municipios que, según los registros históricos, ni existían en 1955, época relacionada con el exilio español.

La situación pone de relieve la complejidad del debate electoral en Madrid tras la implementación de la ley de nietos. Mientras la norma ha permitido a muchos descendientes de emigrantes acceder a la nacionalidad y a su derecho a voto, también ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la validez y la integridad del censo. Las acusaciones de irregularidades y la posibilidad de inscripciones fraudulentas añaden una capa de tensión al debate político.

Sumar ha registrado una enmienda a la Ley Orgánica de Educación que se encuentra en tramitación en el Congreso con el objetivo de garantizar el derecho al voto de los descendientes de exiliados que han obtenido la nacionalidad española a través de la ley de nietos. La iniciativa responde a la suspensión cautelar del Tribunal Supremo que afecta a las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, según ha informado el partido.

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha expuesto en rueda de prensa que la enmienda busca elevar a rango de ley una instrucción que ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo. La propuesta tiene como fin asegurar que se reconozca la condición especial de los exiliados, considerados españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Santiago ha calificado la suspensión cautelar del Tribunal Supremo como una infracción de un derecho constitucional, y ha señalado que esta decisión ha privado a un grupo de españoles de su derecho a votar sin cuestionar su derecho a la nacionalidad. El portavoz ha enfatizado que esta situación es sin precedentes en un sistema democrático y ha argumentado que la privación del derecho al voto ha sido una característica de regímenes dictatoriales.

El propósito central de la enmienda es dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo que ha limitado el derecho de voto a los descendientes de exiliados. Santiago ha subrayado que el voto de estos ciudadanos tiene un impacto mínimo en el recuento total, lo que hace aún más cuestionable la decisión del Tribunal. Al elevar la instrucción a rango de ley, Sumar busca proporcionar una base legal sólida que respalde el derecho al voto de los afectados y reafirmar el compromiso del partido con la defensa de los derechos democráticos.

El PSOE ha iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de presionar al Tribunal Supremo para que revoque la suspensión del derecho al voto de los ciudadanos que han adquirido o recuperado su nacionalidad española a través de la ley de nietos. El partido ha enviado correos electrónicos a sus militantes advirtiendo de una amenaza real a la democracia y llamando a la acción colectiva para que miles de personas se unan y alcen la voz, según han informado fuentes socialistas.

El PSOE critica las maniobras de la extrema derecha y la derecha, a las que califica de herederas del franquismo, y acusa al PP y a Vox de haber llevado al Tribunal Supremo a congelar el derecho al voto de estos ciudadanos para convertirlos en ciudadanos de segunda. Desde la sede de Ferraz se hace un llamado a los militantes para que firmen en defensa del derecho al voto de todos los españoles.

La campaña se lanza tras la decisión del Tribunal Supremo, que el 8 de septiembre ordenó la suspensión cautelar del voto para las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que obtuvieron su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. El Alto Tribunal justificó su decisión al considerar que existía un peligro fundado y real para el resultado de futuras elecciones, basándose en una instrucción del Ministerio de Justicia que eliminó la necesidad de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos o ideológicos para obtener la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955.