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 A pesar de las protestas de los vecinos
La junta de Gobierno de Colmenar Viejo ha otorgado la calificación urbanística y la licencia para la construcción de una planta de biogás, con una capacidad máxima de 75.000 toneladas anuales, a pesar de la oposición vecinal, tras verificar que el expediente cuenta con cerca de 50 informes técnicos favorables y cumple con todos los requisitos legales. El concejal de Urbanismo, Jorge Domínguez, ha defendido la concesión argumentando que no otorgarla sin justificación legal sería arbitrario, y ha destacado que el proyecto de economía circular y energía limpia está respaldado por la Unión Europea.
La planta no procesará purines ni restos de animales, y operará con circuitos cerrados y recintos estancos para minimizar olores. Sin embargo, la oposición ha criticado la decisión, señalando que se ha realizado en pleno verano y que la ubicación está demasiado cerca del Instituto Ángel Corella, un centro de salud y zonas residenciales.
La decisión ha generado un intenso debate entre las autoridades locales y los residentes, poniendo de relieve la complejidad de equilibrar el desarrollo sostenible con las inquietudes de los ciudadanos. El Ayuntamiento defiende la legalidad y los beneficios del proyecto mientras los opositores continúan expresando su preocupación por el impacto potencial.
La polémica de la planta de biogás en Colmenar Viejo ha enfrentado a vecinos, partidos políticos y administraciones en un debate sobre medio ambiente y salud pública. Los vecinos se han opuesto a este proyecto desde su anuncio, y la tensión ha llegado incluso a dinamitar el pacto de gobierno local.
La planta de biogás proyectada en Colmenar Viejo es una instalación de última generación diseñada para procesar hasta 75.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, transformándolos en biometano para abastecer a unos 11.700 hogares. Está impulsada por empresas privadas y cuenta con el respaldo de Fondos Europeos Next Generation, buscando alinearse con los objetivos de economía circular y descarbonización de la Unión Europea.
Vecinos de Colmenar Viejo y de Tres Cantos, donde también se notaría el impacto, han creado la plataforma "Stop Biogás 3CV". Han organizado multitudinarias manifestaciones —unas 7.000 personas según los organizadores— y han presentado demandas judiciales contra el proyecto. Argumentan que la planta generará emisiones de gases contaminantes, malos olores, tráfico pesado y un riesgo para la salud, la calidad del aire y el agua.
La plataforma denuncia que la ubicación, a solo 1,2 kilómetros de un instituto y un centro de salud, es inapropiada y que la zona se está convirtiendo en el “basurero del norte” de Madrid. El Ayuntamiento ya ha recibido cientos de alegaciones en contra del proyecto.
La controversia ha dividido al consistorio. El PP, que gobierna en minoría con Vox, defiende el proyecto y la legalidad del proceso. Sin embargo, en junio de 2026, Vox votó con la oposición (PSOE, Podemos y Más Madrid) una moción para revocar la declaración de utilidad pública de la planta, lo que rompió el pacto de gobierno. Para el alcalde Carlos Blázquez (PP), las mociones de la oposición no son vinculantes y el proyecto sigue su curso con 33 informes favorables de distintas administraciones.
Mientras tanto, la plataforma vecinal y las asociaciones afectadas han presentado demandas judiciales y han recurrido a instituciones europeas para paralizar la construcción. El proyecto, aunque ha superado la aprobación inicial de su calificación urbanística, sigue sujeto a un periodo de alegaciones y a la concesión de la licencia definitiva. A día de hoy, la batalla por la planta de biogás sigue abierta en los tribunales, en la calle y en el salón de plenos del Ayuntamiento. |
