Alcanzó un acuerdo con la fiscalía minutos antes de comenzar la vista

Cristóbal López ha sido condenado a 98 años de prisión tras reconocer haber abusado sexualmente de una decena de niños en su frutería en Valdeavero y en su domicilio. Los abusos se llevaron a cabo aprovechando la confianza que los menores, amigos de su hijo, tenían en él. A través de un acuerdo de conformidad con la fiscalía, 'El Toba' evitó que las víctimas tuvieran que revivir sus traumas en un juicio, lo que ha sido un alivio para los afectados

Los abusos se cometieron en un contexto de confianza, donde 'El Toba' ofrecía golosinas y refrescos a los niños en su tienda. Según la investigación, utilizaba tácticas de manipulación, como mostrarles contenido pornográfico y amenazarlos con violencia si revelaban lo sucedido. Las víctimas, que ahora son mayores de edad, han manifestado su deseo de enfrentar a su agresor en el juicio, aunque finalmente no fue necesario.

Las familias de las víctimas han expresado su satisfacción tras la aceptación de culpabilidad por parte de 'El Toba'. Una de las madres de las víctimas declaró que ahora se puede llamar a 'El Toba' pederasta sin ambigüedades. Nines, la abuela de una de las víctimas, relató el sufrimiento de su nieto, quien ha enfrentado problemas de autolesiones y ha requerido tratamiento psicológico debido a los abusos sufridos.

Las víctimas han experimentado serios problemas emocionales, incluyendo síntomas de ansiedad postraumática, trastornos del sueño y la necesidad de atención psicológica continua. La gravedad de estos efectos resalta la profunda huella que los abusos han dejado en sus vidas.

En octubre de 2023, 'El Toba' ya había sido condenado a 19 años de prisión por una agresión sexual a un menor de 15 años. En un juicio posterior en enero de 2024, fue absuelto de otro caso de corrupción de menores, donde argumentó que su implicación se debió a un chat sexual en el que sus hijos o un amigo los habían involucrado.

El juicio que se evitó gracias al acuerdo de culpabilidad habría expuesto a las víctimas a un proceso doloroso. El abogado de cinco familias, Juan Manuel Medina, criticó la falta de medidas adecuadas en la fase de instrucción, que no incluyó la declaración de los menores como prueba preconstituida.