Con los votos de PP y VOX

La Asamblea de Madrid ha aprobado la creación de una comisión destinada a investigar el impacto de la conocida como ley de nietos, que permite a los descendientes de exiliados votar y que se encuentra actualmente suspendida por el Tribunal Supremo. La aprobación se llevó a cabo con el apoyo del Partido Popular y Vox, mientras que Más Madrid optó por la abstención, en una sesión marcada por la división política en torno a esta norma y su efecto sobre el censo electoral.

Francisco Galeote, portavoz del PP, argumentó en el pleno que los ciudadanos madrileños tienen derecho a conocer la situación de su censo electoral y destacó que hay 163.020 personas registradas en el censo de españoles residentes ausentes que viven en el extranjero, defendiendo la necesidad de la comisión porque no solo se trata de la ley de nietos sino también de otras cuestiones como las regularizaciones masivas que podrían alterar el censo a largo plazo. El portavoz rechazó las acusaciones de la izquierda, que sostiene que su partido busca restringir derechos a los descendientes de exiliados, y afirmó que esa idea es absolutamente falsa y que su intención es garantizar elecciones limpias y transparentes.

Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid, enmarcó la propuesta del PP como una estrategia para crear un clima de odio similar al que se vivió en Estados Unidos bajo la administración de Trump, y criticó a los populares por socavar la democracia y generar un ambiente hostil hacia el Gobierno central, aunque su formación se abstuvo reconociendo la importancia de examinar la situación pero acusando al PP de no tener interés genuino en investigar. Fernando Fernández Lara, del Partido Socialista, también se opuso a la iniciativa, calificándola de espectáculo y propaganda que no resolverá problemas reales para los madrileños y advirtiendo de que pone en riesgo el derecho al voto, un pilar fundamental de la democracia.

Ana Velasco, representante de Vox, argumentó que el Gobierno está utilizando la Ley de Memoria Democrática para llevar a cabo un fraude electoral de gran magnitud y defendió la comisión como un acto de transparencia pura y dura frente a las intenciones oscuras del Ejecutivo, considerando que la situación representa un ataque a la esencia de la democracia. La creación de esta comisión refleja una clara división política en torno a la ley de nietos y su impacto en el censo electoral, con el PP y Vox abogando por una investigación que consideran necesaria para garantizar la integridad del proceso electoral y la izquierda viendo en ella una maniobra política destinada a socavar la legitimidad del Gobierno y a manipular la opinión pública.