El Ayuntamiento intentó recuperar la propiedad para impedirlo

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha emitido una sentencia favorable a la Comunidad de Madrid en el litigio por la finca de La Cantueña en Fuenlabrada, declarando extinguida la condición resolutoria que gravaba la propiedad y ordenando la cancelación de esta carga en el Registro de la Propiedad, lo que permite a la Comunidad mantener la propiedad sin interferencias del Ayuntamiento y reafirma que es la única propietaria de los terrenos. El conflicto se origina en un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y el Consorcio Urbanístico La Cantueña, que transfería la propiedad de los terrenos al IMADE con la obligación de destinarlos a usos urbanísticos que beneficiaran a los vecinos, con un plazo de cinco años para iniciar su explotación y un compromiso de mantenimiento durante al menos treinta años. El juez determinó que la condición resolutoria había prescrito debido a que no se cumplió con el uso comprometido dentro del plazo estipulado de cinco años, que comenzó a contar desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad el 25 de septiembre de 2000.

La sentencia también destaca que, tras la disolución del IMADE en 2011, la Comunidad de Madrid asumió la titularidad de la finca, y en marzo de 2024 se decidió adscribir el inmueble a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para su conversión en un centro de primera acogida y media estancia para menores extranjeros no acompañados. El Ayuntamiento de Fuenlabrada había emitido un informe urbanístico desfavorable, argumentando que el uso previsto no era compatible con la calificación de zona verde de los terrenos, lo que llevó a la Comunidad de Madrid a solicitar un procedimiento excepcional bajo la Ley del Suelo, que fue autorizado por el Consejo de Gobierno por razones de urgencia e interés general. La sentencia impone las costas al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al Consorcio Urbanístico La Cantueña, actualmente en liquidación, lo que añade un aspecto financiero a la resolución del conflicto.

La sentencia del juez no solo resuelve el litigio actual, sino que también establece un precedente sobre la propiedad y uso de terrenos en conflictos similares, y al declarar extinguida la condición resolutoria y ordenar la cancelación registral, se refuerza la posición de la Comunidad de Madrid en su capacidad para gestionar los recursos destinados a la protección de menores. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado que estudiará la sentencia y que podría recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que la Comunidad de Madrid ha mostrado su satisfacción por el fallo y ha asegurado que continuará trabajando en la conversión de La Cantueña en un centro de acogida para menores. La sentencia de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid supone un importante respaldo a la política de protección de menores de la Comunidad de Madrid.