La filtración no se produjo, pues la información nunca salió del chat de periodistas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido archivar la denuncia presentada contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuestas filtraciones de información personal de periodistas.

Según el informe, Rodríguez compartió datos personales únicamente dentro de un grupo reducido de unos 18 profesionales de la información, en un contexto cerrado y profesional. La AEPD señala que este tipo de comunicación, limitada y con fines informativos, puede ser considerada compatible con la libertad de información, siempre que se circunscriba a ese entorno concreto y se utilice como referencia o contraste de información.

El documento subraya que, aunque los nombres o imágenes de los periodistas podrían no haber sido estrictamente necesarios, la comunicación no estaba dirigida al público en general, sino a un círculo profesional, lo que la hace admisible desde la perspectiva de minimización, adecuación y proporcionalidad de los datos.

La AEPD concluye que no existen indicios de infracción administrativa sobre la normativa de protección de datos en el caso de Rodríguez. No obstante, la resolución no valora la veracidad de la información ni su posible amparo en la libertad de expresión, ni descarta eventuales responsabilidades civiles o penales, que corresponden a la vía judicial. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir diligencias para investigar los hechos desde el ámbito judicial.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la integridad de Rodríguez y afirmó que la AEPD “no ha visto absolutamente nada” en la causa, insistiendo en que el jefe de Gabinete es “una persona honrada, ética e íntegra”. Asimismo, García Martín señaló que la denuncia responde más a un intento de desgastar a Ayuso que a cuestionar la actuación de Rodríguez.

El mensaje que motivó la denuncia fue enviado el 19 de marzo de 2024 a un chat privado con un grupo reducido de periodistas. En él se incluían fotografías, nombres y apellidos de dos informadores de El País junto a la acusación de que estaban “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad”.

Según el informe de la AEPD, los mensajes se limitaron a aproximadamente 18 profesionales de la información y se enviaron en un contexto profesional acotado, dentro de las relaciones habituales entre gabinetes de comunicación y medios de comunicación. Además, se señala que la difusión de datos identificativos dentro de este entorno puede considerarse parte de la libertad de información, siempre que sirva para identificar fuentes o contrastar información.

Por estos motivos, la AEPD concluyó que no existieron indicios de infracción en el tratamiento de datos personales, y procedió al archivo de la denuncia. No obstante, el caso continúa en el ámbito judicial penal, ya que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar a Rodríguez por un posible delito de revelación de secretos, lo que abre una vía paralela de investigación más allá de la protección de datos.