Se cumplen dos semanas de la salida de Viciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para implantar un nuevo modelo de financiación plurianual, que será firmado este martes en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. El anuncio llega apenas dos semanas después de la salida del exconsejero Emilio Viciana, cuya etapa estuvo marcada por el rechazo a impulsar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y por centrar las negociaciones en la financiación.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reunió este lunes con los rectores para avanzar en uno de los principales puntos de fricción de los últimos años: garantizar una financiación suficiente que permita a las universidades superar la situación que calificaban de “asfixia”.

Las seis universidades implicadas son:

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Alcalá

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Carlos III de Madrid

La mejora de la financiación ha sido la principal exigencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) desde el inicio de las negociaciones de la fallida LESUC.

La presidenta de CRUMA y rectora de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, señaló recientemente que el sistema madrileño recibe en torno a 1.200 millones de euros, frente a los aproximadamente 1.700 millones del sistema andaluz, una diferencia de unos 500 millones que consideran una referencia válida.

Con los Presupuestos de 2026, la inversión prevista asciende a 1.239,7 millones de euros, 75,3 millones más que el año anterior, lo que supone pasar del 0,44% al 0,46% del PIB regional, cifras que las plataformas universitarias consideran insuficientes. Su reivindicación es alcanzar el 1% del PIB.

La tensión por la financiación derivó el pasado año en movilizaciones impulsadas por la coordinadora de plataformas por las universidades públicas, incluida una huelga universitaria a finales de noviembre que, según los sindicatos, tuvo un seguimiento del 70%, con especial incidencia en la Complutense.

El nuevo modelo plurianual busca ofrecer estabilidad presupuestaria a medio plazo y permitir a las universidades no solo mantener su estructura actual, sino avanzar en calidad docente, investigación e infraestructuras.

El acuerdo firmado este martes entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas ha abierto una nueva etapa en la financiación del sistema universitario regional, pero no ha logrado cerrar el conflicto con parte de la comunidad académica.

El nuevo modelo plurianual contempla una inversión de 14.790,7 millones de euros para el periodo 2026-2031, lo que supone una media anual de 2.465,1 millones para financiar la actividad de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Además, incluye fondos extraordinarios de convergencia para corregir desequilibrios y otro fondo adicional para proyectos estratégicos.

Sin embargo, la coordinadora de plataformas en defensa de la universidad pública —una de las impulsoras de la huelga de noviembre— ha calificado el acuerdo de “insuficiente” y ha advertido de que “no cierra las movilizaciones”.

Tras reunirse con los rectores en la Autónoma, representantes de la plataforma expresaron su malestar por lo que consideran una presentación “disfrazada” de los datos. Jorge Pérez, portavoz de ‘UCM por la Pública’, criticó que dentro de los más de 12.000 millones consignados en presupuestos regionales se incluyan partidas correspondientes a precios públicos, es decir, ingresos propios de las universidades.

A su juicio, eso infla el volumen real de financiación autonómica. Las plataformas reclaman que la inversión alcance el 1% del PIB regional, frente al 0,5% que, según sus cálculos, supondría el acuerdo anunciado.

Nagore García, profesora e integrante de ‘UAM por la Pública’, aseguró que las cantidades previstas no permitirán revertir la situación actual ni afrontar el crecimiento del sistema. También lamentó la falta de transparencia sobre el contenido íntegro del acuerdo y criticó la actitud de los rectores, de quienes esperaban una posición más crítica.

Según trasladaron, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, les habría indicado que la política de ajustes en su universidad podría mantenerse al menos hasta 2028 pese al nuevo marco financiero.

Las organizaciones sindicales también han reaccionado con cautela. Desde CCOO Madrid, su secretario de Universidad, Jesús Escribano, considera que las cantidades anunciadas son “totalmente insuficientes” y advierte de que no se ataja de raíz la infrafinanciación estructural que arrastran centros como la Complutense o la Rey Juan Carlos, ambas con importantes déficits.

UGT, por su parte, ha reclamado paralizar los planes de recortes aprobados en algunos campus y ha exigido la restitución de derechos laborales y la recuperación salarial del personal universitario. Aunque el sindicato reconoce que el acuerdo es fruto de la presión ejercida por la comunidad universitaria, subraya que será necesario analizar con detalle la evolución real de las partidas y el impacto de las nuevas exigencias de control financiero y planificación estratégica.

Desde el Gobierno regional se defiende que el modelo ofrece estabilidad y previsión a seis años vista, casi duplicando la financiación actual y permitiendo a las universidades planificar inversiones y proyectos estratégicos.

Sin embargo, la contestación de plataformas y sindicatos evidencia que el conflicto no está cerrado. Las asociaciones estudiantiles y docentes han anunciado que analizarán el texto en profundidad y no descartan nuevas movilizaciones si consideran que la financiación final no garantiza una universidad pública “digna, suficiente y sostenible”.