Concluye la fase de instrucción por la querella que presentaron los vecinos

La jueza de Instrucción número 53 de Madrid ha propuesto enviar a juicio al Real Madrid y a su administrador único, José Ángel Sánchez, por presuntos delitos contra el medio ambiente. Esta decisión se deriva de una investigación sobre los conciertos celebrados en el Estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, tras una querella presentada por vecinos afectados por el ruido generado durante estos eventos.

La investigación se inició a raíz de una querella presentada el 15 de julio de 2024 por la Asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu. Los vecinos denunciaron que los conciertos realizados en el estadio, tras su remodelación, estaban causando un "ruido excesivo" que excedía los límites establecidos por la normativa municipal sobre ruidos.

La jueza ha concluido que existen indicios de que el Real Madrid, a través de su sociedad gestora, contrató conciertos en el estadio durante el periodo mencionado, y que en todos ellos se superaron los límites sonoros permitidos. Se han registrado múltiples expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Madrid, que han calificado las infracciones como "muy graves", imponiendo multas que oscilan entre 16.000 y 148.000 euros.

La jueza ha dado por finalizada la instrucción y ha decidido continuar con el procedimiento abreviado, lo que implica que se trasladará el caso al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen sus escritos de acusación y se solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Durante la instrucción, se realizaron diversas diligencias para esclarecer los hechos, incluyendo la solicitud de actas de mediciones de ruido realizadas por la Policía Municipal de Madrid y el número de denuncias recibidas por ruido excesivo.

Los vecinos argumentan que desde el inicio de los conciertos, los niveles de ruido han superado los límites establecidos sin que se hayan tomado medidas adecuadas para mitigar el impacto sonoro. La querella sostiene que tanto el alcalde como el delegado de Urbanismo son conscientes de esta situación y no han actuado en defensa de los derechos de los vecinos.

Se menciona que la licencia obtenida por el Real Madrid en 2019 para las obras de reforma del estadio no contemplaba el uso del mismo para eventos distintos a los partidos de fútbol. Por lo tanto, para la celebración de conciertos, se requeriría una autorización específica que no se habría solicitado. La querella incluye un listado de conciertos programados y afirma que el sonido generado por estos eventos incumple la normativa urbanística. Además, se argumenta que no se han realizado estudios previos para prevenir la emisión de ruidos, y se presentan informes de ingeniería acústica que respaldan las denuncias de los vecinos.

Se citan varios conciertos concretos que habrían superado los niveles de ruido permitidos, incluyendo actuaciones de artistas como Taylor Swift, Duki, Manuel Carrasco y Luis Miguel, entre otros. Los querellantes critican la respuesta del Ayuntamiento, que se ha limitado a imponer sanciones a los promotores de los conciertos, considerándolas insuficientes y "ridículas" en comparación con el impacto del ruido en la comunidad.

El juzgado ha señalado que no le corresponde analizar la validez de los expedientes sancionadores tramitados por el Ayuntamiento ni la adecuación de las sanciones impuestas. Además, se ha destacado que los querellados forman parte de una estructura administrativa con funciones delegadas, lo que complica la atribución de responsabilidad penal.

Inma Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ha expresado su esperanza de que se alcance "una solución favorable para todos" en relación con el estadio. Sanz ha enfatizado el respeto del Ayuntamiento hacia la decisión judicial, aclarando que este proceso no involucra a ninguna persona del Ayuntamiento, lo que significa que la administración local no está implicada directamente en el caso. Esta aclaración es importante para mantener la separación entre las acciones del club y la gestión municipal.

La portavoz ha subrayado que el Estadio Santiago Bernabéu es un "espacio extraordinariamente relevante para la ciudad", no solo desde una perspectiva deportiva, sino también por su potencial para otros usos. Esto indica que el estadio tiene un valor simbólico y funcional que va más allá de ser simplemente un lugar para eventos deportivos.

Sanz ha reiterado la necesidad de que todas las actividades que se realicen en el estadio cumplan con la legalidad vigente. Ha señalado que, en casos de incumplimiento, el Ayuntamiento ha actuado en consecuencia, aplicando sanciones cuando ha sido necesario. Esto refleja un compromiso por parte de la administración municipal para garantizar que las operaciones en el estadio se realicen dentro del marco legal establecido.

La portavoz ha manifestado su deseo de que se llegue a una resolución que beneficie a todas las partes involucradas. Esto sugiere que, a pesar de los problemas legales actuales, hay un interés en encontrar un camino que permita continuar utilizando el estadio de manera positiva para la comunidad y los aficionados.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, critica al alcalde José Luis Martínez-Almeida por su gestión en este asunto, sugiriendo que sus decisiones han favorecido intereses económicos por encima del bienestar de los residentes locales. Rita Maestre, en su rol como portavoz de Más Madrid y jefa de la oposición, ha expresado que el nuevo revés judicial para el alcalde Martínez-Almeida es una prueba de que sus acciones no han estado orientadas a proteger a los vecinos. Según Maestre, el alcalde ha priorizado los intereses económicos de una gran entidad, en este caso, el Real Madrid, en detrimento de la calidad de vida de los residentes que viven cerca del estadio.

La jueza de Instrucción número 53 de Madrid ha propuesto llevar a juicio al Real Madrid y al administrador de la sociedad que gestiona el estadio, tras encontrar indicios de un posible delito contra el medio ambiente relacionado con los conciertos programados entre abril y septiembre de 2024. Esta situación ha sido interpretada por Maestre como una victoria de la comunidad vecinal, que ha estado luchando durante años contra la realización de eventos que afectan su descanso y bienestar.

Maestre enfatiza que la lucha de los vecinos ha sido crucial para alcanzar este resultado, señalando que, de no ser por su esfuerzo, el alcalde habría permitido que el club continuara con sus actividades perjudiciales para la comunidad. Además, subraya que no debe haber privilegios para ninguna entidad, independientemente de su tamaño o influencia, y que las normativas de convivencia y medio ambiente deben ser respetadas cumplidas.