El Ayuntamiento desvela que la capacidad es de 270 camas y alerta de un posible hacinamiento

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, liderado por la alcaldesa Paloma Tejero del Partido Popular (PP), ha presentado un escrito de alegaciones en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central en relación con el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas. Este documento resalta preocupaciones sobre el hacinamiento en el centro y la legalidad de su funcionamiento.

El CREADE fue establecido como un centro temporal para atender a solicitantes de asilo, inicialmente destinado a situaciones de emergencia, como la guerra en Ucrania. El inmueble fue cedido por la Tesorería General de la Seguridad Social al Ministerio de Migraciones en marzo de 2022, con un enfoque específico en la emergencia provocada por el conflicto.

El centro solo posee licencia para 270 camas, destinadas a hospedajes breves para asistentes a cursos de la Tesorería, y no para acoger indefinidamente a 564 solicitantes de asilo, como ha indicado el Ministerio en su documentación. El Ayuntamiento argumenta que esta situación representa un "riesgo cierto de hacinamiento" y que cualquier modificación en el uso del edificio debería haber sido comunicada y regulada mediante una nueva licencia.

El Ayuntamiento ha insistido en que el CREADE incumple tanto la normativa municipal como la estatal. En sus alegaciones, se destaca que el Gobierno central no ha solicitado la licencia necesaria para el cambio de uso del edificio, lo que contraviene las normativas vigentes desde 2013. La administración local ha subrayado que la cesión del inmueble fue para una actividad específica y no para un uso permanente.

El Consistorio otorgó un plazo de cuatro meses al Ministerio para realojar a las 400 personas que residían en el CREADE, plazo que venció recientemente. Durante este tiempo, el Gobierno central no ha tomado medidas para regularizar la situación, optando en su lugar por presentar un recurso contencioso-administrativo para mantener el centro operativo.

El Ayuntamiento ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su manejo de la situación, acusándolo de incumplir acuerdos previos y de amenazar con utilizar el CREADE para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados. Estas acciones han sido consideradas como "temerarias" por la alcaldesa, quien ha enfatizado la falta de cumplimiento de la ley por parte del Gobierno.

El Ayuntamiento ha expresado su confianza en que la justicia actuará ante lo que consideran una irresponsabilidad por parte del Gobierno central. La alcaldesa ha afirmado que el Consistorio está dispuesto a llevar el asunto hasta donde sea necesario para asegurar el cumplimiento de la ley.