Afirman que lleva abandonado desde su aprobación hace dos años
El partido Vox ha emitido una denuncia en relación con la gestión del sistema de identificación genética obligatoria de perros en el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. Según la formación política, este sistema ha estado "abandonado" desde su aprobación en 2023, a pesar de que cientos de familias han pagado por este servicio que nunca se ha implementado.
Vox sostiene que el Ayuntamiento ha recaudado dinero durante dos años por un servicio que no ha sido puesto en marcha. A pesar de que la ordenanza que establece la obligatoriedad del registro mediante ADN fue aprobada en 2023, el partido afirma que no se ha llevado a cabo su aplicación. Esto ha generado una situación en la que aquellos que cumplieron con el pago están en una posición más desfavorable que aquellos que no realizaron el trámite.
El PSOE fue responsable de aprobar la obligatoriedad del registro mediante ADN en 2023, pero no ha tomado medidas para su aplicación ni ha perseguido el cumplimiento de la norma.
La concejalía de Medio Ambiente fue entregada a Gimena Sánchez Arnau-Picart, concejal no adscrita, bajo la dirección de Ana Victoria Cruz, quien es la alcaldesa. Vox critica que ambas partes han dejado "abandonada" la ordenanza sin realizar los análisis necesarios ni exigir el registro de nuevos perros.
A pesar de los perjuicios causados a las familias afectadas, Vox señala que el PSOE ha mantenido un silencio cómplice, priorizando el mantenimiento del poder en manos del PP en lugar de defender los intereses de los vecinos.
Vox exige que se tomen responsabilidades políticas tanto de Gimena Sánchez Arnau-Picart, quien ha estado al frente del área durante más de dos años, como de la alcaldesa Ana Victoria Cruz Martín. La formación política considera que es necesario que los responsables rindan cuentas por la falta de acción en la implementación de la ordenanza.
El partido solicita la "aplicación inmediata" de un sistema de control efectivo para la identificación genética de los perros. En caso de que esto no sea posible, Vox demanda una revisión completa de la normativa para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Vox también plantea la necesidad de establecer un procedimiento que permita a los vecinos recuperar el dinero que han abonado por un servicio que nunca se ha prestado. En este sentido, el partido se posiciona como el único defensor de los intereses económicos de los ciudadanos, criticando la inacción de PSOE y PP. |