19 de los veinte encausados reconocieron los hechos

La Audiencia Nacional ha emitido un fallo significativo en el caso de la trama Gürtel, condenando a varios de sus líderes y a exdirigentes locales por corrupción y adjudicaciones irregulares. Esta sentencia, que abarca un total de 196 páginas, ha resultado en penas de prisión que alcanzan hasta 8 años y 10 meses para los principales implicados.

Francisco Correa: Líder de la Gürtel, condenado a 8 años y 10 meses de prisión.

Pablo Crespo: Número dos de Correa, también condenado a 8 años y 10 meses.

Isabel Jordán: Considerada administradora de la Gürtel, condenada a 3 años y 5 meses.

Exdirigentes Locales

Ginés López: Exalcalde de Arganda del Rey, condenado a 5 años y 7 meses.

Benjamín Martín Vasco: Exdiputado del PP, condenado a 6 años.

Juan Fernández Caballero: Exconsejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, condenado a 6 años y 3 meses.

Otros Acusados

José Luis Izquierdo: Contable de la trama, condenado a 2 años y 8 meses.

Ramón Blanco Balín: Considerado uno de los 'cerebros' financieros, condenado a 1 año y 8 meses.

Alfonso García Pozuelo: Constructor, condenado a 1 año y 9 meses.

Josefa Aguado del Olmo: Exdiputada del PP, condenada a 10 meses.

La sentencia detalla que la trama Gürtel operó desde 1998 hasta 2009, creando una estructura jerárquica con el objetivo de enriquecerse ilícitamente a través de contratos públicos. Francisco Correa lideró esta organización, que se benefició de la colaboración de funcionarios y políticos, especialmente en municipios gobernados por el Partido Popular.

Los magistrados describen varios métodos utilizados por la organización:

Creación de entramados societarios para ocultar la procedencia ilícita de los fondos.

Sobornos a funcionarios y autoridades para asegurar contratos.

Emisión de facturas falsas y ocultación de ingresos a la Hacienda Pública.

La sentencia pone especial énfasis en el municipio de Arganda del Rey, donde Correa y su grupo lograron obtener contratos a cambio de comisiones a funcionarios locales. Se menciona que hubo un acuerdo entre Correa y funcionarios para favorecer la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a él.

El tribunal destaca que los funcionarios que facilitaron estas contrataciones se beneficiaron de su posición de poder, utilizando su "ascendencia moral" sobre otros empleados públicos. Este comportamiento corrupto se extendió a varios niveles del gobierno local, permitiendo que la Gürtel operara sin restricciones.