Ambas fechas incluirán en la campaña el 20-N y el Día contra la Violencia de Género

El 'no' de Junts a los decretos de vivienda ha abierto la puerta a un adelanto. La ley electoral solo deja dos domingos posibles a corto plazo: el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Cada uno tiene sus costes políticos, logísticos y simbólicos.

El mecanismo para disolver las Cortes y convocar elecciones es el artículo 115 de la Constitución. El presidente del Gobierno, "previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad", puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. La disolución es decretada por el Rey, y el decreto fija la fecha de las elecciones.

A partir de ahí, entra en juego la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Su artículo 42 establece que el decreto de convocatoria se publica en el BOE al día siguiente de su expedición y entra en vigor ese mismo día. Las elecciones deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria. La cuenta es sencilla: si el decreto se publica un martes, las urnas se abren 54 días después, en domingo.

Escenario A: el 29-N

Es la fecha más probable y la que el entorno de Sánchez viene barajando desde el viernes.

Para llegar al 29 de noviembre, el calendario no deja margen. El decreto tendría que publicarse en el BOE el martes 6 de octubre. Eso implica que el paso previo, la deliberación del Consejo de Ministros y la expedición del decreto, tendría que producirse el lunes 5 de octubre.

Hay un obstáculo institucional en esa fecha: el rey Felipe VI inicia ese mismo lunes 5 un viaje de Estado a Finlandia que se prolonga hasta el miércoles 7. La Constitución atribuye al Rey la formalización de la disolución, aunque sea un acto reglado que no requiere su presencia física en España. Fuentes de Moncloa insisten en que la decisión "corresponde exclusivamente al presidente" y que "toca pensar y reflexionar".

Si el decreto se publica el 6 de octubre, el día 54 posterior cae en domingo 29 de noviembre.

Escenario B: el 6-D

Si Sánchez decide esperar una semana más, la fecha sería el domingo 6 de diciembre, en pleno puente de la Constitución.

El 6-D tiene un problema logístico evidente: cae en medio de uno de los puentes más consolidados del calendario español, con millones de desplazamientos. Además, las elecciones generales coincidirían con la festividad de la Constitución, lo que añade una carga simbólica no menor. No es una fecha imposible, se han celebrado elecciones en fechas señaladas, como el 20-N de 2011 o el 10-N de 2019, pero sí es más incómoda.

A favor del 6-D, si se retrasa la decisión, el Gobierno gana una semana para intentar recomponer la mayoría o negociar con Junts. En contra, la campaña electoral se solaparía con el puente, lo que puede afectar a la participación.

Las fechas simbólicas: del 12-O al 20-N y el 25-N

El calendario no solo está hecho de aritmética electoral. Las dos fechas posibles sitúan la campaña en el cruce de varias efemérides de enorme carga política y simbólica. Si las elecciones son el 6-D, el decreto se firma el 12 de octubre. Ese día es el Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional. La coincidencia no es menor: el Gobierno firmaría la disolución de las Cortes en la misma jornada en que se celebra el vínculo de España con Iberoamérica, un marco simbólico que el Ejecutivo ha utilizado en otras ocasiones para reivindicar su política exterior. La campaña arrancaría el 20 de noviembre, primer día de propaganda electoral, y se extendería hasta el 4 de diciembre.

Si las elecciones son el 29-N, la campaña arranca el 13 de noviembre y termina el 27 de noviembre. En ese caso, las dos efemérides caen en plena campaña. El 20-N es el aniversario de la muerte de Francisco Franco y, desde 2014, también el Día Universal del Niño. En el contexto político actual, la fecha tiene una doble lectura. Por un lado, la conmemoración del final de la dictadura. Por otro, el Día de la Infancia, que el Gobierno ha utilizado para reivindicar sus políticas de protección a menores. El relato sobre los menas, menores extranjeros no acompañados, ha sido uno de los ejes del discurso de la derecha en la crisis de Ceuta, y la coincidencia con el 20-N puede tensar ese debate.

El 25-N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En una campaña electoral, esa jornada obliga a todos los partidos a pronunciarse sobre igualdad y violencia machista, y suele generar choques entre el Gobierno y la oposición por el marco de las políticas de género. Vox ha hecho de la crítica al ministerio de Igualdad y a la ideología de género uno de sus ejes, y el PSOE ha convertido la defensa de esas políticas en una de sus señas de identidad.

En el escenario del 29-N, ambas fechas caen dentro de la campaña. En el del 6-D, el 20-N es el primer día de campaña y el 25-N también queda dentro. En cualquiera de los dos casos, el calendario electoral obligará a los partidos a convivir con dos jornadas de alto voltaje simbólico en las que el debate político se mezclará con la conmemoración.

Fuentes de Moncloa admiten que "no se puede descartar ninguna opción", incluido el adelanto. La decisión está en manos de Sánchez, que ha anunciado que dedicará el fin de semana a analizar la situación y estará pendiente de la movilización ciudadana convocada para el sábado en más de 50 ciudades. El entorno de Puigdemont interpreta el posible adelanto como una nueva presión del PSOE y avisa de que no cambiará su posición sobre los decretos. "Él perderá y a Junts le irá muy bien", han señalado fuentes de la formación.

La maquinaria de la izquierda del PSOE se ha activado. Los partidos que integran Sumar se reunirán este domingo para analizar el escenario y acelerar la designación de un candidato y la marca electoral, que previsiblemente será Frente Amplio. El portavoz de ERC en el Congreso ha pedido a Sánchez cabeza fría y le ha advertido de que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar".

Con independencia de la fecha elegida, el calendario post-convocatoria es fijo. La publicación del decreto en el BOE es el día 1. La campaña electoral comienza 38 días después de la convocatoria y dura 15 días. La jornada de reflexión es el día anterior a la votación. Las elecciones se celebran el día 54. Si se opta por el 29-N, el decreto se firma el 5 de octubre, la campaña arranca el 13 de noviembre y termina el 27. El 20-N y el 25-N caen en plena campaña. El día de reflexión sería el 28-N y las urnas abrirían el 29-N.

Si se opta por el 6-D, el decreto se firma el 12 de octubre, la campaña arranca el 20 de noviembre y termina el 4 de diciembre. El 20-N es el primer día de campaña y el 25-N cae en la segunda semana. El día de reflexión sería el 5-D y las urnas abrirían el 6-D, en pleno puente de la Constitución.

El 29-N es la fecha más limpia desde el punto de vista logístico y la que mejor encaja con el relato de respuesta inmediata al bloqueo parlamentario. Pero sitúa la campaña en el cruce del 20-N y el 25-N, dos jornadas de alta carga simbólica que pueden tensionar el debate. El 6-D da una semana más de margen para la negociación y coloca la firma del decreto en el Día de la Hispanidad, un gesto con lectura política. A cambio, la campaña arranca el 20-N, aniversario de la muerte de Franco y Día de la Infancia, y la jornada electoral cae en el puente de diciembre, con el riesgo de distorsión en la participación. La decisión no es solo de calendario. Es, sobre todo, política. Y Sánchez la tomará, previsiblemente, antes del lunes.