Consideran que el origen de la filtración está en el propio denunciante

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la intervención de las comunicaciones de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, en la causa por revelación de secretos. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron el exjefe de la Policía Local —el denunciante— y el PSOE, contra la decisión del juzgado de no autorizar nuevas diligencias. La acusación particular había solicitado intervenir los mensajes y llamadas del teléfono del entonces jefe de la Policía Local, de la propia alcaldesa, del concejal de Seguridad y del director de Comunicación del Ayuntamiento.

En su auto, la Audiencia argumenta que la medida es "desproporcionada" porque supone una "afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones" y no cumple los requisitos de "necesidad, utilidad y proporcionalidad". El tribunal subraya que "la investigación debe quedar circunscrita a los hechos concretos objeto de las diligencias" y no puede extenderse "de forma indiscriminada a todas las llamadas y comunicaciones de los teléfonos de los intervinientes durante todo el mes de enero". Añade que "no pueden acordarse intervenciones telefónicas de forma generalizada para descubrir posibles delitos sin una conexión concreta entre la medida y los hechos investigados", y que las diligencias no cumplen los requisitos constitucionales de "idoneidad, especialidad, excepcionalidad y proporcionalidad".

El fallo incide en un aspecto clave: los hechos "nacen en el denunciante". El auto recoge la descripción que consta en la causa: "Supuestamente el 17 de enero de 2024 el propio denunciante, entonces Jefe de Policía Local, sería quien revela el secreto o información y a la vez denuncia la filtración de la incidencia supuestamente a la alcaldesa, que tomaría una foto del mismo y esta o bien el director de Comunicación se la enseña al secretario que tomaría también una foto del informe, que fue posteriormente publicado en la red social X". El tribunal recuerda que "quien tenía bajo su custodia la incidencia y quien entregó inicialmente el documento fue precisamente el entonces jefe de la Policía Local".

Fuentes de la defensa de Piquet subrayan que, cerrada esta vía, "sigue sin existir una prueba objetiva que acredite cómo llegó la fotografía a Alfonso Serrano ni que individualice la actuación de cada investigado". Añaden que "todas las diligencias sobre comunicaciones que fueron objeto de este recurso quedan definitivamente denegadas y ninguna de esas medidas se ha practicado", y que la Audiencia ha impedido que la Fiscalía y las acusaciones puedan emprender "una investigación prospectiva para tratar de encontrar, a posteriori, pruebas que no han aparecido durante la instrucción". Según la defensa, lo único que permanece contra los investigados es "la versión del exjefe de la Policía Local", sin que exista "una prueba técnica, documental o pericial que corrobore una supuesta cadena de transmisión desde Judith Piquet hasta Raúl Castillo y desde este hasta Alfonso Serrano". La defensa sostiene además que "la única prueba acreditada es que el documento no le fue entregado por la alcaldesa al Sr. Serrano", y cuestiona la credibilidad del denunciante, que "denunció los hechos varias semanas después de producirse y tras haber sido relevado de la Jefatura de la Policía Local", por "motivos espurios, partidistas y vertido con clara animadversión".